Los cárteles en la era de Trump

México, 22 de enero.- La designación de las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas como “organizaciones terroristas” no implica una intervención militar estadounidense unilateral, sobre todo porque las acciones que la orden ejecutiva firmada el lunes 20 de enero por Donald Trump tienen un trasfondo económico y su finalidad es la asfixia de recursos con los que se sostienen las redes delictivas. La posibilidad de una acción militar no se descarta, pero es remota en los términos que plantea un sector de la opinión pública en México que cree que se hará con medidas específicas sobre ciertos cabecillas y organizaciones. 

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Foto: The White House

En el año 2023, 21 fiscales estatales de igual número de entidades de la Unión Americana, todos ellos gobernados por el Partido Republicano, solicitaron al presidente estadounidense Joe Biden, del Partido Demócrata, designar a nueve organizaciones mexicanas de tráfico de drogas como grupos terroristas. El argumento era que estas agrupaciones delictivas eran un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos debido al tráfico masivo de drogas y su intervención para facilitar la migración ilegal aunado a los ataques contra ciudadanos estadounidenses en comunidades de la frontera y en territorio mexicano.


La petición fue archivada y dos años después sirvió de base legal sobre la que la tarde del pasado lunes 20 de enero, horas después de jurar como el presidente número 47 de los Estados Unidos de América, Donald Trump firmó la orden ejecutiva donde designó a los cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas de América Latina como “Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF) y Terroristas Globales Especialmente Designados”.


El documento señala, entre otras cosas, que los “cárteles han participado en una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no solo ha desestabilizado países con importancia significativa para nuestros intereses nacionales, sino que también han inundado a los Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”.

“Los cárteles controlan funcionalmente, a través de una campaña de asesinatos, terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de los Estados Unidos. En ciertas partes de México, funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad. Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Sus actividades, proximidad e incursiones en el territorio físico de los Estados Unidos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos. (…) Otras organizaciones transnacionales, como Tren de Aragua (TdA) y La Mara Salvatrucha (MS-13) representan amenazas similares para los Estados Unidos. Sus campañas de violencia y terror en los Estados Unidos e internacionalmente son extraordinariamente violentas, viciosas, y de manera similar, amenazan la estabilidad del orden internacional del hemisferio occidental”.

El procedimiento señala que dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden presidencial, el secretario de Estado Marco Rubio, “tomará todas las medidas apropiadas, en consulta con el secretario del Tesoro, el Fiscal General, el secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional, para hacer una recomendación con respecto a la designación de cualquier cartel u otra organización descrita (…) como una Organización Terrorista Extranjera”. En este mismo lapso el Fiscal General y el secretario de Seguridad Nacional “tomarán todas las medidas apropiadas, en consulta con el secretario de Estado, para hacer preparativos operativos con respecto a la implementación de cualquier decisión que tome para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros (…)”.

De acuerdo con la legislación norteamericana vigente, una vez que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para designar a los cárteles de la droga como entidades terroristas, toca al Departamento de Estado iniciar el procedimiento donde se allega de informes de diversas agencias para presentar los argumentos al Congreso quien dará su aval.

Entre las organizaciones del crimen organizado que en el año 2023 los 21 fiscales solicitaron fueran designados como organizaciones terroristas (OTF), estaban el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Juárez/La Línea, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste, Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y los Beltrán Leyva.

PAN PARA EL ELECTORADO

Para algunos especialistas la orden ejecutiva firmada por Trump que designa a las organizaciones de tráfico de drogas como organizaciones terroristas, no implica que vaya a haber operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano contra aquellos involucrados con una organización bajo esta nueva categoría. En primer lugar, permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas y sociales a los cárteles, según Vanda Felbab-Browm, especialistas en crimen organizado de la Brookings Institution y quien ha trabajado investigaciones de tráfico de especies y redes criminales en la región noroeste de México.
Trump puede de manera esencial evitar que la gran mayoría de los migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos obtengan asilo, en la medida que las organizaciones criminales se han hecho con el control del negocio del tráfico ilegal de inmigrantes en los últimos años, es imposible que los migrantes y solicitantes de asilo pasen por México y otros países latinoamericanos sin pagar algún tipo de tarifa a los cárteles, dijo la especialista al periódico británico The Independent.

La firma de la orden ejecutiva se dio en medio de una ola de violencia que ha sumido en la zozobra a la población y en la quiebra económica a la mayoría de los negocios de la capital sinaloense a raíz de la ruptura entre las facciones Guzmán y Zambada generada por el presunto secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses del legendario capo y jefe del Cartel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada en julio pasado.

Para Mike Vigil, ex jefe de Inteligencia y Operaciones Extranjeras de la DEA, la orden presidencial de Trump probablemente permitiría al gobierno confiscar activos de grupos criminales en los Estados Unidos, sancionar ciudadanos americanos que hacen negocios con organizaciones designadas como terroristas y bloquear a los miembros de esos grupos para que no ingresen a la Unión Americana. Según el veterano oficial ya en retiro, cualquier designación de terrorismo tendrá poco impacto en virtud de que en las operaciones diarias contra los cárteles varios de los poderes antiterroristas que se otorgarían a las autoridades ya se emplean en los esfuerzos antinarcóticos.

“No va a permitir que Estados Unidos envíe tropas a México como mucha gente piensa simplemente porque la gente olvida que México es un país soberano y que sería un acto de guerra”, dijo Vigil a The Independent. “Ya se ha hecho, Esto no es nada nuevo”, añadió, “todo es teatro político y tirar un trozo de salami rancio a su base (electoral)”.

ACCIONES DE FONDO

La orden ejecutiva firmada por Trump sobre los cárteles de la droga, implica el congelamiento de dinero, bienes, títulos, propiedades en cualquier lugar alrededor del mundo. El veterano periodista y corresponsal en Washington, Armando Guzmán, enumeró en diciembre pasado en su columna del diario El Economista, varias acciones entre las que están:

  • “Habría una inmediata “Congelamiento de activos”: Estados Unidos podría congelar más fácilmente todos los activos pertenecientes a los cárteles y a cualquier persona asociada con ellos, lo que les dificultará financiar sus operaciones”.
  • “Quienes les vendan armas, estarían en riesgo también de ver sus activos ser congelados por Estados Unidos alrededor del mundo”.
  • “Quienes les venden y blindan vehículos enfrentarían el mismo peligro”.
  • “Quienes les provean cualquier tipo de servicio bancario, médico, administrativo o de consultoría sobre cualquier tema también serán igualmente castigados. Los ojos y los oídos de Estados Unidos se activarán alrededor del mundo identificando a los cárteles y a sus asociados, sean quienes sean y estén en donde estén”.
  • “La capacidad para hacer todo lo anterior, que hoy tiene el Departamento del Tesoro se multiplicaría en cientos y se extendería al planeta entero”.
  • “Mayores sanciones: Las personas y entidades que brinden “apoyo material” a las OTF enfrentarían sanciones severas, incluidas largas sentencias de prisión. Esto es para disuadir a las personas y empresas de hacer negocios con los cárteles”.
  • “Restricciones de inmigración: Los miembros y asociados de las OTF tienen prohibido ingresar a Estados Unidos, lo que podría obstaculizar la capacidad de los cárteles de operar a través de las fronteras”.
  • “Vigilancia mejorada: Las agencias estadounidenses podrían obtener una autoridad más amplia por parte de los países aliados, para realizar todo tipo de vigilancia sobre personas sospechosas de tener vínculos con los cárteles, sin importar la nacionalidad o ciudadanía de esas personas”.
  • “Extradición: Podría facilitar la búsqueda de la extradición de objetivos de alto valor a Estados Unidos para su procesamiento”.

Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx

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