La gangrena en Chiapas

México, 15 de enero.- Lo que ocurre en Chiapas es un primer atisbo de reacción gubernamental ante el avanzado estado de descomposición que existe, sobre todo en los municipios de la frontera y los ubicados en la ruta del trasiego de droga, migrantes y armas. No solo es la captura de presidentes municipales, jefes policiacos y el desmantelamiento de los sistemas de videovigilancia del crimen organizado, se trata del cáncer que la corrupción y la colusión con el narco que fue el signo de la gestión de Rutilio Escandón, ex gobernador y flamante Cónsul en Miami. 

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FOTO: Fiscalía General de Justicia de Chiapas

Las imágenes podrían haber sido grabadas en la Tierra Caliente de Michoacán, o tal vez en alguna comunidad de Guerrero, pero fueron tomadas en un retén migratorio que se encuentra a mitad de camino de los municipios de Metapa de Domínguez y Frontera Hidalgo en Chiapas. La similitud con aquellas dos entidades es por la base social del crimen organizado que actuó en turba contra corporaciones federales para liberar a dos presuntos delincuentes acusados de tráfico de droga y migrantes, uno de ellos señalado como sobrino de un jefe regional del crimen organizado. 

Lo que se aprecia en los videos que circularon la tarde del viernes 10 de enero de 2025, es una turba que se abalanza sobre la batea de una patrulla de la Guardia Nacional donde un individuo aparece detenido, se aprecia que trae una playera verde y está sentado junto a otra persona. El personaje fue identificado como operador y familiar de un sujeto llamado Horacio de la Cruz Mazariegos, alias “el Botana”, señalado como jefe regional de la Cartel del Pacífico en esa región fronteriza de Chiapas, cuyo expediente lo ubica como probable responsable de trasiego de droga que viene de Centro y Sudamérica, tráfico de migrantes y armas que entran vía marítima por Panamá y Honduras en dirección a México. 

En la confusión de jaloneos, gritos y empujones, las patrullas de la GN fueron retenidas por los pobladores e increparon a los elementos de la fiscalía general de Estado quienes trasladaban a los detenidos hacia Tapachula. Ambos individuos en medio de la confusión fueron sacados de la góndola de una patrulla por los pobladores y lograron huir con rumbo a la frontera para internarse en territorio guatemalteco. 

Los 16 agentes que iban en dos unidades con batea de la Guardia Nacional resultaron insuficientes para contener a la turba. El vínculo que  parte de la población tiene con las bandas criminales como “burbuja de protección”no es algo nuevo en esa zona, pero es la primera ocasión en varios años que logra liberar a un cabecilla con cierta relevancia en las actividades criminales como extorsión, secuestro de migrantes, cobro de piso, asesinatos y desaparición forzada.

Horas después el Ejército y elementos de seguridad del estado realizaron un operativo donde detuvieron a tres mujeres de nacionalidad mexicana y a un hombre oriundo de Venezuela señalados de haber participado en la evasión de los dos detenidos. 

El área donde ocurrió la movilización de pobladores para liberar a dos presuntos delincuentes, fue escenario la primer semana de enero de un operativo coordinado entre la Marina Armada de México, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) fiscalía del Estado y la llamada Fuerza de Reacción Inmediatas Pakal (FRIP), quienes desmantelaron y aseguraron al menos 30 videocámaras de vigilancia, un centro de operaciones clandestino y una antena receptora pertenecientes a la delincuencia organizada. Los equipos estaban ubicados en una ruta estratégica en el área cercana a la frontera con Guatemala, eran usados para vigilar a los migrantes que entraban al país para seguir las unidades en que se transportaban hasta salir de la zona bajo control del grupo criminal responsable de esa área. 

Alerta e Impunidad

Desde hace por lo menos tres años la comandancia de la 36 zona militar con cuartel en Tapachula, había informado a la comandancia de la séptima región con sede en Tuxtla Gutiérrez, de la situación de “tolerancia” que las autoridades civiles, tanto municipales como estatales, tenían con los grupos que operaban en Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, en la zona fronteriza con Guatemala. Los grupos de inteligencia del cuarto Regimiento de Caballería Motorizado, tenían ubicada la videovigilancia a la que se sumaban los policías locales para alertar a los grupos criminales sobre operativos o llegada de agentes de migración ajenos a los que tienen su base en los cruces con Guatemala. 

Un documento fechado en 2022 de la séptima región militar identificaba en ese entonces a la pandilla “Mara Salvatrucha” liderada por Luis Alberto Ramírez López alias “el Chino” o “el Chinon”, con presencia en los municipios de Tapachula, Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Metapa de Domínguez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Arriaga y Palenque. 

Las actividades de los “mareros” están relacionadas con el tráfico de migrantes, vigilancia a comercios y extorsión, además de que son usados como pistoleros por organizaciones como el llamado Cártel del Pacífico. Sus integrantes son en su mayoría extranjeros, salvadoreños y guatemaltecos, aunque hay mexicanos que forman parte de sus células ubicadas en estos municipios. La MS, como se le conoce por sus iniciales, es junto con la videovigilancia, de los fenómenos delincuenciales que fueron reportados y documentados y que las autoridades en el gobierno de Rutilio Escandón, pero que dejaron operar de forma impune. 

Sacudida en Comalapa

José Antonio Villatoro Herrera era hasta el pasado domingo 5 de enero alcalde interino de Frontera Comalapa, cargo que asumió el 1 de octubre tras la desaparición forzada del alcalde electo Aníbal Roblero Castillo. La captura de Villatoro Herrera es una de las 64 detenciones de funcionarios en diferentes municipios chiapanecos registrados en el último mes desde que inició la operación “Pakal” implementada por un cuerpo civil llamado “Fuerza de Reacción Pakal”. 

Villatoro está acusado vínculos con el crimen organizado para facilitar operaciones de tráfico de droga, migrantes y extorsiones. La policía municipal quedó en poder del grupo paramilitar autodenominado “MAIZ”, liderada por Vladimir López Orantes, apodado “el Ruso”, Roger Roblero López y Antonio Martínez, todos ellos parientes del funcionario detenido. 

Abanderado del Partido Verde (PVEM), Villatoro es cercano a Alejandro Mérida González, ex alcalde de Frontera Comalapa por Morena, acusado de “entregar” el municipio al crimen organizado, en este caso aliado con el denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación “CJNG”. 

Días después fuerzas federales y estatales realizaron una serie de cateos a ranchos a las afueras de la cabecera municipal en la zona cercana a territorio guatemalteco donde aseguraron 24 vehículos entre los que había al menos tres con blindaje especial de los conocidos como “monstruos”. En uno de los ranchos también se liberó a ocho extranjeros que permanecían secuestrados, presuntamente a la espera del pago de sus familiares para liberarlos, quienes tenían la intención de viajar a la frontera norte como migrantes. 
En la revisión a una de las casas de seguridad las autoridades hallaron una bodega donde se fabricaban blindajes artesanales de los vehículos que son usados por los grupos criminales para hacer frente a grupos antagónicos. 

La prensa local reportó el año pasado que Frontera Comalapa fue escenario de violentos enfrentamientos entre grupos antagónicos identificados con el Cártel del Pacífico y el CJNG. Los choques se extendieron a Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y la Concordia. Como sucedió en Frontera Hidalgo hace unos días, también el año pasado pobladores bloquearon caminos para impedir el avance de las fuerzas federales y colocaron barreras contra unidades del Ejército. 

Frontera Comalapa está considerado un municipio estratégico en la ruta que parte de territorio mexicano en la ruta de Guatemala para el trasiego de drogas, armas, migrantes y mercancías ilegales que vienen de Centro y Sudamérica. 

Juan Velediaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx

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