Estado Mayor/15 febrero 2022
Jorge Alejandro Medellín
Un capitán y cuatro marinos pertenecientes a las fuerzas especiales de la Armada de México fueron sentenciados a 9 años de prisión al encontrarlos culpables de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en agosto de 2013 en el marco del despliegue naval para combatir a cárteles de la droga en la frontera con los Estados Unidos.
La sentencia, firme e inapelable, era originalmente de 22 años de cárcel, dictada en primera instancia en marzo de 2020, pero fue recurrida por los abogados de los marinos, revisada en diversas instancias y revocada para quedar en 9 años. El fallo fue revisado y confirmado por el Cuarto Tribunal Unitario con sede en Monterrey, Nuevo León.
Esta sentencia es solo por el delito de desaparición forzada cometida por el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas, Eliseo Sánchez Patrón y Renato Juárez Arellanes en contra de Armando Humberto.
Queda aún por resolverse el fallo por el delito de homicidio calificado cometido por los mismos elementos de la Marina y que alcanzarían una pena de entre 45 y 60 años de cárcel, que solo sería aplicable a los primeros cuatro integrantes de la Armada ya que el marino Renato Juárez Arellanes murió en prisión, en el Campo Militar Número 1-A, el año pasado -aparentemente se suicidó-.
Los marinos fueron detenidos y enviados a la prisión militar en marzo de 2016, con lo que inició un arduo proceso penal que parecía haber culminado en marzo de 2020, cuando Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) y Humberto del Bosque, padre de la víctima, dieron a conocer en conferencia de prensa en la Ciudad de México la sentencia de 22 años de prisión en contra de los marinos por la desaparición forzada de Armando, la cual fue calificada como histórica por el antecedente, por sus alcances y por ser la primera contra elementos de las fuerzas armadas.
No obstante, el fallo fue apelado por los defensores de los marinos, quienes demandaron la revisión del caso a partir de un elemento clave: la vigencia de las leyes y códigos penales invocados para acusar a los involucrados.
En la revisión, promovieron amparos señalando que la acusación se había formulado con base en tipos penales previos al surgimiento de la Ley de Desaparición Forzada, argumentando que la sentencia de 22 Años fue dictada aplicando criterios anteriores y no los vigentes. Esto fue tomado elemento central en cuenta por el juzgador, que anuló la primera sentencia reduciendo la pena a 9 años de cárcel, quedando por resolver el fallo por homicidio calificado.
El fallo del Cuarto Tribunal Unitario se dio luego de un proceso en el que, en el primer fallo, los marinos involucrados fueron destituidos e inhabilitados de sus cargos por un periodo de 10 años y seis meses, lo cual no se ha hecho público. Además, el juez determinó que cada uno de los sentenciados pague poco más de 300 mil pesos como parte de la reparación del daño y 3 mil 885 pesos por gastos funerarios. El juez de la sentencia -Juez Tercero de Distrito- ordenó que el presidente municipal de Nuevo Laredo realice actos públicos en memoria de Armando y de su honor, señalando que se podría construir un monumento o poner su nombre a una calle de la localidad de manera perpetua. Esto no ha sucedido aún.
En marzo de 2020, Raymundo Ramos y el señor Humberto del Bosque relataron parte de lo ocurrido en agosto de 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Indicaron que Armando tenía problemas recurrentes con un sujeto que siempre andaba armado y lo amenazaba. Los familiares de Armando llamaron a la policía para que interviniera, pero los uniformados, al darse cuenta de quién era el sujeto pidieron el apoyo de la Marina.
Tres unidades de la Marina con unos 10 elementos cada una llegaron al sitio del pleito y en lugar de llevarse solo al agresor que estaba armado, se los llevaron a los dos. El señor Humberto vio todo lo que ocurrió y fue testigo de que los marinos detuvieron a su hijo y al agresor, pero al ir al cuartel el capitán le dijo que su hijo no estaba ah, que lo habían soltado y se había ido a Nuevo Laredo.
En esos momentos se enteraron que los marinos habían liberado al agresor y no solo eso; supieron además que esa persona era un delincuente y que además trabajaba para la Marina como informante. El padre de Armando le insistió al capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada que dejara libre a su hijo o le dijera en donde estaba, a lo que el Oficial de la Marina contestó mostrándole su arma y cortando cartucho.
Los elementos de la Marina involucrados en estos hechos viajaban en tres camionetas tipo pick up oficiales y además de llevarse detenido a Armando Humberto del Bosque Villareal, se apoderaron de un vehículo tipo Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro, y placas de Texas, que también abandonaron a quinientos metros de distancia donde estaba el cuerpo de la víctima, señaló en la conferencia el presidente de la CDHNL.
El jueves 3 de octubre de 2013 fueron localizados los restos de Armando Humberto en el interior del rancho Santa Cecilia, a poco más de dos kilómetros de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina; presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza, a manera de tiro de gracia.
El señor Humberto del Bosque presentó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desaparición forzada, integrándose la averiguación penal número AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/2013.
Entonces comenzó una odisea en la que la familia fue acosada por elementos de la Marina en distintos momentos del proceso en los que incluso se llegó al extremo de hacer que un helicóptero naval hiciera vuelo estático sobre la casa del señor Del Bosque para intimidarlo y obligarlo a salir.
Raymundo Ramos detalló que los familiares acudieron ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para solicitar su ayuda y denunciar los hechos, enviando escritos de queja al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.
Se dio también la intervención de organismos internacionales para que conocieran del caso, ya que los antecedentes de impunidad en investigaciones que implicaban abusos de militares daban pie a que se dudara sobre cualquier indagatoria realizada por las autoridades involucradas.
Organismos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvieron conocimiento de lo ocurrido y registraron el caso con el número 09/2013, emitiendo una Carta Urgente al presidente Enrique Peña Nieto.
@JorgeMedellin95