FRAGATA La SEMAR y sus cuentas pendientes en derechos humanos

Estado Mayor/ 02 noviembre 2021

Jorge Alejandro Medellín

En la Marina-Armada de México, el tema del respeto a los derechos humanos, ya sea entre la tropa, entre jefes y oficiales y de los marinos hacia los civiles, no avanza.

Casos recientes y asuntos del pasado inmediato siguen marcando el derrotero imposible del respeto a los derechos fundamentales que todos los marinos y todos sus jefes están obligados a vigilar, a garantizar y a resguardar y que, evidentemente, no están logrando.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) apenas el fin de semana con el señor Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido, desaparecido y ejecutado por personal de la Marina en 2013 en el Valle de Anáhuac, en el estado de Nuevo León, cuando viajaba a comparecer a un citatorio judicial por acusaciones de supuestas amenazas a otros civiles.

Armando Humberto del Bosque Villarreal iba en una camioneta, su padre, Humberto, viajaba en otra, cerca de él. Ambos fueron interceptados por tres unidades de la Marina con 10 a 15 ocupantes. A Armando lo bajaron a golpes, lo subieron a una de las camionetas navales, se llevaron su vehículo y no se supo más de él hasta que dos meses después su cadáver fue hallado en un paraje a 8 kilómetros de la Base de Operaciones de la SEMAR, con un disparo en la cabeza y en el interior de su camioneta.

Su padre, Humberto del Bosque lo buscó tan pronto había sido detenido por los marinos. Fue de inmediato a la Base de Operaciones para preguntar por él, pero le dijeron que ninguno de los elementos navales había detenido a ningún civil y que ahí no había nadie declarando. En las instalaciones de la policía la historia fue la misma. No volvió a saber de él hasta que apareció su cuerpo ejecutado.

La persona supuestamente atacada por Armando Humberto resultó ser un informante, un delincuente que le pasaba información a los marinos. Este dato surgió durante la investigación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que resultó en la Recomendación 11/2016, enviada a la SEMAR por la desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villarreal.

Por estos hechos fueron señalados y acusados el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes fueron detenidos en 2016. En 2019 se hicieron las acusaciones finales en contra de estos elementos y en 2020 se llegó a una sentencia condenatoria, ponderada por su trascendencia histórica al ser la primera por desaparición forzada y homicidio cometido por militares, por personal de la Marina-Armada de México.

La sentencia fue de 22 años de prisión, 10 años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, la destitución, la reparación del daño y el pago de gastos fúnebres. Los abogados de los marinos apelaron en ese mismo año la sentencia. En agosto de 2020 un magistrado revocó la condena de 22 años de prisión y meses después otros dos jueces confirmaron la revocación, pero no por el fondo del asunto, sino por la forma en que se llevó una parte del proceso. Un verdadero absurdo jurídico le daría la libertad a los marinos, ya que, según el amparo, el tipo penal presentado en las acusaciones finales no corresponde al nuevo tipo modificado en la nueva legislación penal.

Es decir, que los marinos fueron sentenciados con base en un articulado que no existía al momento de las acusaciones finales.

La ONU-DH le ha dado puntual seguimiento a todo esto, a este caso y a otros en los que, en años recientes, se ha visto involucrado el personal de la Armada de México. Otro c aso que la mariona está obligada a investigar de nuevo por orden presidencial, es el de la violación de una cadete de la Escuela de Mecánica de Aviación Naval (EMAN) de la Armada de México, en donde, en 2018, una estudiante fue atacada sexualmente por un teniente que la amenazó de muerte si denunciaba algo.

La joven se armó de valor, busco a sus superiores, les dijo lo que había ocurrido y la denuncia siguió su curso. En ese año el entonces Inspector y Contralor General de la SEMAR, el almirante Rafael Ojeda Durán, hizo una visita a la EMAN, en La Paz, y ahí fue abordado por la cadete. El almirante la trajo a la Ciudad de México para continuar con el procedimiento. El teniente fue investigado, detenido y procesado. Está en prisión, pero es muy probable que salga debido, otra vez, a una supuesta mala integración del expediente.

A ella la sometieron en la EMAN a toda clase de presiones, castigos y tratamientos por la depresión sufrida tras el ataque sexual. Fue revictimizada y la dos meses de concluir su carrera fue dada de baja de la institución. Ojeda Durán ya no estaba en el cargo; era candidato firme a suceder al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz en la SEMAR. No pudo conocer la situación que, hace unas semanas, en una conferencia mañanera, la activista Frida Guerrera le expuso en cinco minutos al presidente López Obrador.

El mandatario le ordenó ese día al almirante Ojeda ocuparse de nuevo del tema, porque, además de haber sido expulsada de la EMAN, la ex cadete temía por su vida debido a la muy probable liberación del teniente agresor.

La orden presidencial fue dada al almirante Ojeda el 24 de septiembre, hace más de un mes y a la fecha la Marina no ha dado la cara ni explicado detalle alguno sobre este caso, sobre la expulsión de la afectada y acerca de la probable liberación del teniente agresor.

Algo similar ocurre con la indagatoria interna ordenada por la SEMAR luego del reportaje sobre actos de corrupción documentados por el reportero Silber Meza en El Universal en agosto de este año, al exhibir la facturación de 215 millones de pesos hecha por la Marina a al menos 43 empresas fantasma entre 2014 y 2019, ya en el gobierno de López Obrador, y bajo la administración del almirante Ojeda, feroz enemigo de la corrupción dentro y fuera de la Marina.

La SEMAR investiga este caso. Investiga también el de la violación a la ex cadete de la EMAN. Indaga el estatus jurídico de los cinco marinos acusados, procesados y presos por la desaparición y asesinato de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en 2013 en Nuevo León.

La SEMAR aguarda el pronunciamiento final de un juez federal sobre los 45 marinos de Fuerzas Especiales (30 detenidos en abril y 15 más entre mayo y junio), acusados de la desaparición forzada de al menos 27 civiles (las denuncias hablan de 45 personas desaparecidas) ocurrida entre febrero y mayo de 2018 en Tamaulipas y Nuevo León.

La SEMAR rechazó la Recomendación 43VG/2021 de la CNDH por la desaparición forzada de un hombre ocurrida en 2017 en Salamanca, Guanajuato, argumentando una y otra vez que en sus registros no aparecía ningún dato sobre la participación de su personal en la detención de civiles en la fecha señalada por la comisión.

La CNDH, que pudo haberle dado respuesta a la negativa naval, se desistió de seguir los procedimientos para hacer que la SEMAR compareciera y explicara de manera detallada cada uno de los aspectos de su respuesta, mostrando, a su vez, los razonamientos y pruebas para soportar la Recomendación.

Para evitar mayores confrontaciones en el seno del gabinete de seguridad con la desdibujada y vacilante CNDH, la orden fuer dejar las cosas como estaban.

Así, la agenda de los derechos humanos no deja de sacudir una y otra vez a la Marina-Armada de México que intenta, pero no puede, consolidar una de las banderas de lucha ideológica, ética y moral de la Cuarta Transformación: el combaste a la corrupción.

@JorgeMedellin95