Estado Mayor/ 20 octubre 2021
Una masacre más en la turbulenta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora, otra vez, en Michoacán, en Morelia, la capital del estado, en donde la inteligencia militar, policiaca y civil han servido para dos cosas.
Hace una semana, ante el desbordamiento de la narcoviolencia en Michoacán, con varios videos del CJNG y sus células amenazando, señalando, entrando y saliendo en sus blindados artesanales, desplazándose a placer entre Aguililla, el gobierno federal anunció la puesta en marcha del Plan de Apoyo a Michoacán con el que se aseguró disminuiría la violencia armada en ese estado.
No disminuyó nada. Al contrario. Con 17 mil soldados, marinos, guardias nacionales y policías estatales y municipales movilizados para frenar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la Familia Michoacana, a las células de lo que queda de los Caballeros Templarios, a los Viagras y a las Autodefensas de aquí y de allá, la violencia sigue adelante, ahora con una nueva masacre.
El fin de semana un grupo de personas que estaban a la entrada de un bar cervecero en Morelia, fueron atacados indiscriminadamente a tiros por al menos cuatro sujetos que venían en dos camionetas. Un video muestra la masacre que dejó seis muertos y varios heridos.
¿Y los miles de militares, marinos y guardias y policías que el gobierno federal cacareo en su Plan de Apoyo a Michoacán?
¿Y le renovada estrategia de vigilancia, despliegue, respuesta y prevención que por fuerza debería haber acompañado el inicio del plan de apoyo para por lo menos mostrarle a la ciudadanía que ya están ahí, que son muchos, que son efectivos y confiables y que, como ha dicho el presidente López Obrador, no volverá a ocurrir otra masacre mas
¿Y los patrullajes aleatorios o programados para cubrir las zonas más conflictivas de Morelia y de otros puntos del estado en conflicto? Tras la masacre del fin de semana se ha conocido que la zona en la que está la cervecería atacada es escenario de frecuentes peleas de todo tipo y se sabe además que es un lugar frecuentado por sicarios. ¿Qué hizo de diferente e gobierno federal y el estatal en el marco del despliegue del Plan de Apoyo a Michoacán en Apatzingán, Múgica, Hidalgo, Zitácuaro, Huetamo, Zamora, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro o la mismísima Morelia?
Nada.
Al presidente López Obrador, que no puede estar sin hablar y prometer y asegurar y tratar de controlarlo todo, se le ocurrió abrir la boca para salir al paso de la negativa de la SEDENA y de la FGR de dar a conocer las declaraciones, en versión pública, de los 30 militares interrogados en torno a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Como suele hacerlo, Obrador salió al paso de su propio gabinete y en una conferencia mañanera le dijo a los reporteros que lo cuestionaron por eso que las declaraciones se harían públicas, que se conocería lo que dijeron los soldados, que su gobierno no ocultaba nada. Le ordenó al subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, que entregara la información requerida, pero la promesa duró un día.
En la siguiente mañanera AMLO se echó para atrás. Dijo que la prensa, como siempre, lo malinterpretó. Encinas subió al portal de la SEGOB dos textos emitidos por el Centro de Mensajes e Información (CMI) al Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y al alto mando (DN1). Los textos contienen intervenciones telefónicas y de radiocomunicación hechas por las secciones de Inteligencia (S-2) y Operaciones Contra el Narcotráfico (S-7 OCN) en la zona de Iguala.
Los sujetos de interés eran varios mandos de la policía municipal y dos o tres líderes u operadores de Los Rojos, grupos dedicados al narcotráfico en esa parte de Guerrero. Los mensajes revelaron la forma en que los policías trabajaban para el narco y la manera en que este, aquella noche, se repartió a los normalistas detenidos y “armados” para llevarlos a una cueva y a otros puntos y después ejecutarlos.
El presidente, con tal de tenerlo todo bajo control, acabó exhibiendo a la SEDENA, porque esas conversaciones, obtenidas el día de los hechos y después de lo ocurrido, no formaban parte de las carpetas de investigación y siempre estuvieron en poder de los militares.
Siempre se conoció en Lomas de Sotelo una parte vital de lo sucedido y se le ocultó a la sociedad, a los familiares de los afectados, a los investigadores, a la prensa y a la opinión pública en general. A Obrador el salió el tiro por la culata. El efecto que buscaba no se dio.
Familiares de los desaparecidos e investigadores y organizaciones civiles reclamaron de inmediato la exhibición de los documentos, ya que esto alterará de manera definitiva la investigación, coloca a las intocables y consentidas fuerzas armadas en el ojo del huracán de la duda y el ocultamiento y demuestra la escasa claridad y transparencia con la que se manejan asuntos de alto interés nacional, a capricho del poder y bajo el filtro de instituciones como el Ejército.