Pedirá perdón la Marina públicamente por desapariciones forzadas en Nuevo Laredo

Estado Mayor/ 06 julio 2021

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Jorge Alejandro Medellín

Funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) deberán ofrecer disculpas públicas el próximo 13 de julio por la desaparición forzada de 27 civiles, ocurrida entre enero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que fue cometida por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y de Infantería de Marina.

Asi lo determinó hace un año la Recomendación 36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la se establecieron varias medidas y sanciones para atender las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del despliegue fuerzas navales en la frontera con los Estados Unidos, con énfasis en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El acto deberá ocurrir el 13 de julio en la Plaza Primero de Mayo, precisamente en Nuevo Laredo, como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 36VG/2020 en la que se documentó la desaparición de 27 civiles ocurrida hace tres años en varios puntos de esa zona fronteriza, esto durante el despliegue de varios comandos de la UNOPES que buscaban disminuir los niveles de violencia de los cárteles de la droga que controlan esa región del noreste mexicano.

Al momento de los hechos, el almirante Marco Antonio Ortega Siu era el comandante responsable del manejo y control de la Unidad de Operaciones Especiales en su carácter de Coordinador General del Cuerpo de Infantería de Marina, cuya sede está en el Cuartel General, en la Ciudad de México. Otro mando señalado por organizaciones civiles es el capitán de Fragata Alfredo Reyes Mondragón, responsable de la Base de Operaciones de la Marina en Nuevo Laredo.

A ambos los ha señalado como responsables de al menos 47 desapariciones forzadas entre enero y junio de 2018, cuando medio batallón de la UNOPES fue desplegado en el noreste del para operar en la erradicación de células y comandos de sicarios del Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel de los Zetas Vieja Guardia y células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años de edad, es uno de los civiles desaparecidos. Su auto fue embestido por una camioneta de marinos quienes lo detuvieron y llevaron a instalaciones navales y de ahí a un lugar desconocido sin que se haya vuelto a saber algo de él. En torno a su desaparición hay testigos y versiones que avalan los señalamientos contra el personal naval.

En abril de este año fueron detenidos 30 marinos pertenecientes a la UNOPES, vinculados a los hechos. En los primeros días de junio otros 15 elementos de esa unidad de élite fueron capturados por elementos de la propia Marina e ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México.

Los 30 navales que están bajo proceso penal corresponden a los expedientes 155/2020, 307/2020 y 308/2020, es decir a solo 3 de las 34 carpetas abiertas desde el sexenio anterior para determinar la participación de los integrantes de la SEMAR en las desapariciones forzadas.

La Recomendación 036VG/2020 emitida por la comisión a la Marina va dirigida también a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno de Tamaulipas y a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, “por el caso de 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina”.

De acuerdo con la CNDH, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

La comisión estableció que personal de la SEMAR “transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la verdad y al acceso a la justicia, de las 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas, sus familiares y otros testigos de las detenciones”.

Por ello, la CNDH recomendó al Secretario de Marina, al Gobernador del Estado de Tamaulipas, y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, “se brinde la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación con motivo de la afectación por la desaparición forzada cometida en agravio de las 27 víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas; se les brinde atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo, realizando las gestiones necesarias para la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas”.

Al Secretario de Marina se le pide colaborar ampliamente en la queja que la CNDH presentará ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, contra los elementos navales involucrados en los hechos que se consignan en la presente recomendación, incluyendo a los que negaron la detención y a los que han ocultado información sobre los hechos, y en el seguimiento de la denuncia de hechos que presente ante la Fiscalía General de la República, por las conductas y omisiones respecto del probable ocultamiento de información o datos.

Esta parte de la Recomendación dejaría entrever que lo informado por la Marina en su comunicado de septiembre de 2018 no se cumplió, fue incompleto o los detalles no fueron enviados a la CNDH, ya que de nueva cuenta la comisión de pide, ahora al almirante Ojeda Durán, su apoyo para que Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina proceda contra los marinos y sus jefes involucrados en las desapariciones forzadas.

También se determina en la Recomendación que “se videograben los patrullajes, así como todos y cada uno de los operativos en los que exista contacto con la población civil y que se tomen acciones para instruir a personal de la SEMAR de abstenerse de llevar a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas”.

Se pide además “que los elementos de la Secretaría de Marina se abstengan de utilizar vehículos particulares en la ejecución de sus tareas de auxilio a las autoridades en temas de seguridad; se continúe e intensifique el programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos y se dirija tanto a mandos medios y superiores, como a los elementos de tropa”.

@JorgeMedellin95

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