La Marina y las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo

Ciudad de México/23 abril.-Treinta elementos de la Marina fueron detenidos el pasado nueve de abril, acusados de haber perpetrado desapariciones forzadas contra civiles cuando operaron en un despliegue inusual en el norte del país.

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Esto ocurrió entre febrero y mayo de 2018. La inusual presencia de los marinos se dio desde diciembre de 2017, con pleno conocimiento del entonces secretario de la Marina-Armada de México (SEMAR), el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y de otros dos mandos directos, como el almirante Marco Antonio Ortega Siu.

Esta es la detención de militares en el activo altamente capacitados, arduamente entrenados, más importante y trascendental en la historia de la Marina-Armada de México. Se trata de elementos a quienes se vincula directamente con ejecuciones sumarias, trátese o no de civiles presuntamente dedicados a actividades delictivas.

Es, por donde se le mire, un hecho de enorme gravedad que, si bien ocurrió al final del sexenio pasado, sigue marcando a la institución debido a que estaría ligado o sería el resultado de formas sistemáticas de operar que se recrudecieron en los momentos más difíciles del combate a la delincuencia.

Diversas versiones han señalado que la desaparición y ejecución de civiles por parte de las Fuerzas Especiales de la Marina no era parte de la estrategia de original del despliegue naval en esa parte del norte del país. Las explicaciones sobre lo ocurrido indican que el objetivo central era inhibir de manera contundente la expansión de célula de diversas organizaciones criminales enfrentándolas con el mayor poder armado posible, representado por las unidades de FES de la Marina.

Sin embargo, el despliegue de 250 marinos de fuerzas especiales y de otras unidades dio al principio con las reacciones de células criminales con más experiencia en combate. Los sicarios lograron identificar y ubicar a varios marinos y, sobre todo, a sus informantes, entre los que había delincuentes y contactos que conocían los movimientos de los grupos delictivos y sus conexiones con bandas locales.

Sobre ellos actuaron los delincuentes. Los plagiaron, los torturaron y eliminaron. Los marinos respondieron a esta dinámica con la misma moneda, a partir de los datos que sus contactos y la tardía inteligencia naval les hacía llegar. Más allá de las líneas que se les hayan marcado, todo indica que algunos de los marinos fueron más allá y eliminaron a civiles pertenecientes –o no– a grupos criminales.

Este choque de fuerzas ocurrió en el contexto de diversos aseguramientos de uniformes de combate, chalecos tácticos y balísticos y equipo militar con el logotipo y la identificación de “MARINA”. En este tramo de la guerra al narco, era casi imposible saber quiénes eran sicarios disfrazados de marinos y quiénes sí pertenecían a la Marina. En ese marco de brutal desorden en tierra de nadie se dieron los casos de desapariciones forzadas, hasta que poco a poco hubo elementos más sólidos para determinar los casos en los que sí se dio la acción de elementos navales en contra de civiles.

En total serían 47 los casos de civiles detenidos y desaparecidos por elementos de la Marina. Los 30 navales que están bajo proceso penal en la prisión del Campo Militar 1-A corresponden a los expedientes 155/2020, 307/2020 y 308/2020, es decir a solo 3 de las 34 carpetas abiertas desde el sexenio anterior para determinar la participación de los integrantes de la SEMAR en las desapariciones forzadas.

CUERNAVACA, MORELOS, 18FEBRERO2021.- Por segundo día consecutivo la Fiscalía General de la Republica apoyada por elementos de la secretaria de Marina realizo operativos de detención de objetivos del Cartel Jalisco Nueva Generación. Mediante un operativo en el municipio de Temixco, se logró la detención de Fernando “N”, segundo al mando de Irving “N”, alias “El Profe”, presunto líder criminal de la región oriente, capturado hace unas horas en Cuautla. El operativo se realizó en la calle 20 de noviembre de la colonia Lázaro Cárdenas. FOTOS: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Hoy, los 30 marinos están bajo proceso penal por estos hechos. Los representa la abogada Miriam Hortencia Vázquez Beltrán, defensora de oficio que intentará demostrar la inocencia de algunos de los marinos en los hechos y al mismo tiempo buscará llegar a acuerdos y negociar con otros para reducir sus sentencias –que podrían alcanzar los 60 años cárcel– si a cambio cooperan y revelan lo que hicieron con los civiles ejecutados.

Aportar esta información se traduciría en reducciones importantes en la condena para quienes acepten el trato. El asunto es muy delicado. Hay marinos ejecutores y marinos copartícipes y marinos que atestiguaron los hechos, pero no los evitaron.

El grupo de navales detenidos se dividirá poco a poco a partir de esta circunstancia; habrá o ya hay quienes comenzarán a declarar en los siguientes seis meses para tratar de librarse de los señalamientos acusando a otros. Habrá quienes, ante la falta de dinero para pagar abogados particulares, no tendrán más opción que atenerse a lo que logren los defensores de oficio.

El panorama luce fatal para los marinos encausados, porque el juez de Control de Procesos que lleva el caso en Reynosa, Tamaulipas, ya se pronunció en las primeras horas y días tras las detenciones. Les dijo a los marinos que él ya contaba con todos los elementos para proceder a sentenciarlos de inmediato.
La defensora de oficio, Miriam Hortencia Vázquez, operó de inmediato y pidió la ampliación de la investigación por seis meses para aportar pruebas y abrir ese espacio de negociación y colaboración de algunos de los detenidos. Pidió que se les trasladara a la prisión militar para resguardar su integridad. Negocia reducciones y la ubicación de los cuerpos.

Lo mismo hacen los familiares de las víctimas desde que se dieron las detenciones. Han pedido a los marinos que de una vez por todas les digan que hicieron finalmente con su gente, en dónde están, en dónde quedaron sus restos. Veintidós de los 47 desaparecidos han sido hallados. El resto sigue siendo un misterio.

Del otro lado están los familiares de los marinos detenidos, argumentando que no todos son culpables, que no todos participaron en las desapariciones, que algunos solo tuvieron la mala fortuna de haber estado en el sitio y con la gente equivocada. Estos familiares piden ver al presidente López Obrador, demandan se libere a los suyos, aseguran que muchos son inocentes, que se les acusa sin pruebas.
Demandan que también se procese a los mandos que ordenaron el despliegue y que sabían lo que se estaba haciendo allá, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en la frontera con los Estados Unidos. Solo van contra la tropa, a los mandos, a los jefes no los tocan, reclaman.

El desgaste de la SEMAR es continuo y va de la mano con la repetición de estrategias de combate al crimen que siempre terminan exhibiendo fragmentos más cercanos a la venganza y al abuso, en lugar de mostrar dinámicas coherentes y estructuradas para hacerle frente al fenómeno delictivo y a sus múltiples escenarios y expresiones.

Van quedando en el aire los cientos de horas hombre-mujer gastadas en capacitar, formar, adiestrar, adoctrinar y preparar a los marinos en el respeto a los derechos humanos antes, durante y después de operaciones contra la delincuencia. No en balde la SEMAR destina más recursos cada año a mantener y ampliar la permanencia y operatividad de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) que de su Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la Marina del 2019 le asignó a la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos un presupuesto de 42 millones 243 mil 631 pesos, mientras que la UNOPES recibió en ese año la cantidad de 601 millones, 203 mil 037 pesos, la cifra más alta en los últimos años para dicha instancia operativa.

El PEF 2020 tuvo 31 millones 305 mil 768 pesos para el funcionamiento de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Para la UNOPES la asignación fue de 507 millones 935 mil 015 pesos.

El PEF aprobado para la Semar en 2021 destinó a la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 36 millones, 590 mil 074 pesos, mientras que la UNOPES tendrá 454 millones 447 mil 434 pesos para los gastos de operación, los sueldos, las remuneraciones adicionales especiales y otras prestaciones sociales y económicas contempladas de sus cerca de 2 mil integrantes.
Mal tiempo a la vista.

Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 / EstadoMayor.mx

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