México, 3 de noviembre.- La incapacidad ¿o complicidad por omisión? de la Guardia Nacional quedó exhibida con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a tiros el sábado 1 de noviembre en plena plaza pública del centro del municipio. Manzo adquirió relevancia por denunciar la colusión del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla con el crimen organizado, por señalar la corrupción y el papel de brazo armado del narco de la policía civil, y en las últimas semanas por sus llamados al gobierno federal solicitando ayuda para enfrentar a los grupos criminales con perfil paramilitar que asolaban al municipio, peticiones que fueron ignoradas de tal forma que las balas que acabaron con su vida podrían pasar ante la mirada estadounidense como una prueba más de que los carteles gobiernan en gran parte de México, exhibiendo a los políticos como virtuales títeres como el caso michoacano.
La línea de tiempo que publicó en sus redes sociales el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez a partir del pasado mes de agosto no dejó dudas de que la policía bajo su mando estaba plantando cara al narco paramilitarismo criminal de grupos como el autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los llamados Caballeros Templarios. El 28 de agosto en un video reportó la detención de dos individuos uno de ellos René Belmonte alias “el Rino”, identificado como jefe de plaza en la región del CJNG. En su mensaje solicitó apoyo de las fuerzas federales ante la posibilidad de un ataque de las milicias paramilitares que acompañan como brazo armado a este tipo de individuos.
“Solicitar el apoyo al gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Hace un momento la Policía Municipal detuvo a dos individuos, uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del Cártel de Jalisco Nueva Generación, esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo”.
Debido a estos hechos el alcalde ordenó emitir la alerta de código rojo para posteriormente hacer un llamado a los pobladores de Uruapan a no salir de sus hogares. Pidió el apoyo del ejército, la marina y Guardia Nacional debido a la movilización de convoyes de gente armada que se dirigían al municipio tras la detención de su líder. “Nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada qué hacer en este momento en la calle se resguarden hasta que existan las condiciones para levantar este código rojo”, decía.
Más adelante el alcalde enfatizó. “Dejar claro que nuestro gobierno municipal de Uruapan, no tiene compromiso con ningún grupo delictivo, aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo del grupo que sea como se llame, venga a lesionar la paz social y venga a molestar a gente honesta y trabajadora”.
El siguiente post de relevancia fue el 17 de septiembre, cuando reportó la muerte de dos integrantes de la banda criminal que se hace llamar Caballeros Templarios, en un enfrentamiento con la policía municipal sucedido en la zona del cerro Colorado, a las afueras de la zona urbana. Manzo dijo que los dos pistoleros identificados por los alias de “Hommi” y “Águila” podrían estar detrás del crimen del agente de la corporación municipal llamado Vidal Brígido Guzmán, muerto el 14 de septiembre.
El 1 de octubre subió un post reportando la muerte de un sujeto apodado “el Gárgola”, integrante del grupo criminal CJNG, que en Michoacán está conformado con paramilitares extranjeros, en un enfrentamiento con la policía municipal. El día 3 reportó un enfrentamiento donde los paramilitares del CJNG utilizaron armas de alto calibre como miniguns en la zona conocida como Toreo Alto. Al día siguiente publicó el hallazgo de un campamento abandonado, presuntamente de ese grupo criminal, en la región de Mataguarán, a las afueras de Uruapan.
En varios videos el alcalde acusó al gobernador y a su policía civil, cuyos agentes años atrás lo detuvieron, golpearon y amenazaron, de estar coludidos con una facción del crimen organizado. El edil sabía de los vínculos familiares de Ramírez Bedolla con integrantes de grupos criminales que operan en la zona de Aguililla y Apatzingán, pero solo los mencionaba de forma indirecta.
En el que quizá fue su último post hace unos días, Manzo denunció la infiltración del crimen organizado en Morena, el partido que postuló al actual gobernador. El alcalde decía que los intereses criminales controlaban decisiones también en los partidos PAN, PRI y lo que queda del PRD.
“Tantos militantes y fundadores y de principios que lucharon por la democracia, la honestidad y el amor al pueblo para que una bola de delincuentes hicieran pedazos ese movimiento y convertirlo en una ambición de intereses personales de corruptos delincuentes. (…) Hoy Morena no quiere reconocer que a los mas impresentables del PRD, del PAN y del PRI en Michoacán son los que se apropiaron del movimiento para desplazar a los verdaderos morenistas, hombres y fundadores del movimiento de izquierda. Ojalá recompongan el camino por el bien de la democracia”, decía.
Manzo militó hasta 2023 en Morena, partido al que renunció por la colusión con el crimen de varios de sus liderazgos en el estado, y se postuló como independiente al año siguiente ganando la presidencia municipal de Uruapan. Desde el inicio de su gestión se hizo famoso a nivel local por su estilo directo y la forma en cómo conectó con la población de su municipio. Enfundado en un chaleco antibalas y portando sombrero típico de la región, encabezó operativos contra la delincuencia organizada y en cada oportunidad en los últimos meses pedía apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que mandara al ejército, la marina y la Guardia Nacional para que apoyaran en la tarea. Hubo un momento semanas atrás en que denunció que la Guardia Nacional se había retirado del municipio sin mediar explicación en plena ola criminal con grupos armados asediando al municipio. En el atentado que lo privó de la vida el pasado sábado 1 de noviembre, el gobierno federal se apresuró a decir por medio de García Harfuch que contaba con protección de esta corporación, vigilancia que de forma extraña estuvo ausente a la hora en que se perpetró el crimen.
BEDOLLA Y SUS LIGAS
A finales de marzo del 2021 en una operación de la policía guatemalteca en la capital de aquel país, fue capturado Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, ex alcalde de Aguililla, Michoacán, quien fue enviado preso a Estados Unidos, donde era requerido por narcotráfico y delincuencia organizada por la Corte para el Distrito Sur de Florida. El ex alcalde, quien gobernó entre 2008 y 2011 el municipio natal de Nemesio Oceguera Cervantes “el Mencho”, líder del CJNG, está casado con Anabel Bedolla Marín, tía de Alfredo Ramírez Bedollal el gobernador morenista señalado de ligas con el crimen por el hoy finado alcalde de Uruapan Carlos Manzo.
El pasado jueves 30 de octubre la columna Fuera de Agenda que se publica en El Sol de México, publicó que tras la detención de Comparán Rodríguez, la DEA tenía mapeada la red de intereses criminales que involucraba a políticos como su sobrino a quien por medio de su esposa presumiblemente financiaron su campaña a la gubernatura en el proceso electoral del 2021.
Comparán Rodríguez formó parte de la banda criminal de los Caballeros, Templarios, tuvo ligas con Cárteles Unidos y su mujer era interlocutora asidua del líder de los Viagras, Nicolás Sierra Santana, alias “Coruco”, jefe del pistolero que hace un par de semanas asesinó Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán,
La columna citaba documentos militares elaborados por los servicios de inteligencia localizados entre los archivos hackeados a la secretaría de la Defensa por el colectivo Guacamaya, donde Anabel Bedolla, tía del gobernador michoacano, aparece mencionada como una persona con contactos con varios integrantes de los Viagras.
“El asesinato del líder limonero provocó una ola de indignación a nivel nacional por el papel que la víctima tuvo para enfrentar a los extorsionadores y los grupos criminales que están detrás. Bernardo Bravo impulsó una ley antiextorsión, una ley anti-coyotaje y pidió establecer un límite de tres días por semana para el corte de limón. Una semana después del crimen, Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, tuvieron su primera reunión con Ramírez Bedolla en las instalaciones militares de Apatzingán donde anunciaron un reforzamiento de la seguridad del gremio citricultor y mayores garantías para las actividades productivas. El evento fue un reconocimiento tácito del fracaso detrás del establecimiento de una base militar en el tianguis limonero y el incremento de efectivos de la Guardia Nacional en los caminos y comunidades que rodean a las zonas de cultivos”, decía la columna.
Ahora con el asesinado de Carlos Manzo y los señalamientos que en las últimas semanas hizo a Ramírez Bedolla, los dichos del gobierno estadounidense de que en México gobiernan los carteles toman mayor relevancia ante la alta probabilidad de que permanezca en su cargo como si nada hubiera pasado.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx