* No puedo imaginar la indignación, el enojo militar, al ver atacadas sus instalaciones del Campo Militar No. 1
México, 28 de septiembre.- El 25 de Septiembre, la Ciudad de México padeció el peor de los caos de tránsito que se recuerden. Todas las calles estaban cerradas a la circulación, era imposible avanzar unos metros. “Algo sucedió cerca de los militares, fue ahí por Legaria, un incendio, un accidente”… los rumores fueron ocupando los tiempos libre en el gran estacionamiento urbano. Hasta que las redes sociales subieron las primeras imágenes, de no creer: un grupo de zaparrastrosos, manipulados por quién sabe quiénes, estúpidamente, habían incendiado un camión con el que pretendieron derribar una de las puertas del Campo Militar Número 1.
La carga de estupidez, porque se tiene que ser muy tonto para una acción como ésta, de sus protagonistas estaba revestida de una impunidad otorgada por las autoridades que no es admisible, no bajo ninguna razón. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos, las leyes deben ser obedecidas por todos los ciudadanos. Para el grupo de vividores que se cobijan bajo la ostentación de víctimas, de familiares de aquellos muchachos asesinados en Iguala hace varios años, las leyes mexicanas no existen. Y por tanto poseen una indignante “patente de corzo” que les permite violarlas sin ninguna consecuencia. Incluso hasta recibir premios por estas violaciones, por estas agresiones al orden establecido.
Porque anteriormente habían intentado incendiar una puerta de Palacio Nacional alentados por el oscuro personaje que medró muchos años como su abogado, Vidulfo Rosales, quien ahora cobra comodamente como “asesor” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agravio precisamente a ésta, a la Nación, así como a la sociedad.
Envalentonados por una historia de impunidad cometieron un delito muy grave, que eso es la agresión a un cuartel militar, sin declaración de guerra interpuesta, como sucedió en Chiapas durante aquella guerra.
¿Pretendían ser recibidos a balazos?
Es obvio que el Alto Mando Militar estaba advertido de que habría este ataque, de quiénes lo iban a perpetuar. Por eso, agolpados en su infinita disciplina, no los recibieron a balazos.
¿Debieron hacerlo? Sí, definitivamente. Porque de eso trata el papel de los militares, de la defensa de los mexicanos. Y los señores de Ayotzinapa son unos delincuentes que deben ser tratados así.
Obviamente hubiese habido un costo muy alto de haber sucedido. ¿Recordamos lo que sucedió en Sinaloa cuando criminales atacaron cuarteles militares?
¿Qué queremos los mexicanos de nuestras Fuerzas Armadas?
Definitivo no queremos que sean víctimas de acciones criminales, que tengan las manos atadas mientras incendian camiones en las puertas de sus cuarteles. No queremos un Ejército atado de manos, víctima a priori de las decisiones políticas que no fueron consensuadas con ellos, que guardan relación con sus funciones, con sus obligaciones legales que ellos sí saben cumplir.
El precedente es gravísimo.
Como inmenso tuvo que ser el enojo, la indignación militar ante esta agresión.
Todo indica que como sucedió con anterioridad los delincuentes no van a ser detenidos, castigados, sujetados a las leyes mexicanas. Por las razones que se quieran argumentar. De donde debemos esperar más, mayores, más cruentas agresiones.
¿Por qué la policía de la CDMX no los detuvo? ¿Por qué no impidieron que llegarán a las instalaciones militares si ya sabían sus intenciones? ¿A quiénes sirven estas autoridades, estos policías?
La omisión de todos ellos tiene responsable, a final de cuentas hay algo que llamamos, justamente, “autoridad responsable”. Miles de miles de ciudadanos resultaron afectados por horas que debieron pasar estacionados en las calles de la CDMX. Es un mal. Tal vez un mal menor pero un mal que no debió de darse, para eso les pagamos a quienes nos gobiernan.
Si las autoridades, todas, desde Palacio Nacional hasta la delegación de policía de cualquier colonia, deciden alcahuetear a estos delincuentes, se convertirán en sus cómplices. Sin ninguna ganancia política ni social porque no son víctimas ni luchadores sociales sino un grupo de bandidos que ha crecido al amparo del Estado.
Es tiempo de terminar con la impunidad que alguien, por quién sabe qué razones de oportunismo político, les otorgó.
Es, también, tiempo de respetar al uniforme militar. Por el bien común.
Isabel Arvide / @isabelarvide / EstadoMayor.mx