El epílogo del sexenio de Enrique Peña Nieto comenzó a escribirse en 2014 en Guerrero, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde entonces no hay un mes o semana en que la prensa nacional registre el desastre que significa que los políticos que han ocupado el palacio de gobierno en Chilpancingo, exhiban su falta de competencia para resolver la crisis de violencia y seguridad en la entidad. El ejemplo más reciente se llama Héctor Astudillo Flores, priista que no oculta su cercanía con personajes a los que en reiteradas ocasiones se ha denunciado sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, como el caso de uno de los integrantes del clan Montufar Mendoza, ex jefe de la judicial cuyo hermano fue asesinado a princpios de mayo en la Tierra Caliente. Hay consenso a siete meses que Peña deje la presidencia del país: en su sexenio en lo que respecta a Guerrero la crisis de inseguridad, violencia y descaro de la delincuencia para retar a la autoridad se elevó a extremos pocas veces visto.
México, 23 de mayo.- La historia detrás del asesinato de Abel Montúfar Mendoza, candidato del PRI-PVEM a diptuado local en Guerrero, es una maraña de intereses donde lo único claro para los órganos de inteligencia del gobierno federal, es “la mano” de la narco-política.
El pasado nueve de mayo, un día después del asesinato del abanderado tricolor convertido en el político número 18 abatido a tiros en campaña electoral, tropas del 34 batallón de infantería al mando del coronel Isacc Aaron Jesús García se dirigían a atender una alerta que reportaba gente armada en un rancho conocido como “El pozo”, propiedad de la familia en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. En el trayecto los soldados fueron emboscados por hombres armados lo que provocó tres muertos, un teniente, un sargento y un cabo, mientras tres militares más quedaron heridos. Otros tres se extraviaron en la montaña durante varias horas hasta que fueron localizados por sus compañeros.
El ataque fue una afrenta a las institciones nacionales y a todo el Estado mexicano, dijo en el homenaje a los militares caídos el jueves 10 el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Roble Arturo Granados Gallardo, quien estuvo en las instalaciones del 27 batallón de infanteria de Iguala donde se realizo el acto.
Las bajas se sumaron a los golpes que la delincuencia organizada ha perpetrado contra las fuerzas de seguridad federales y estatales en Guerrero en las últimas semanas, lo cual a decir de especialistas en seguridad y analistas políticos, exhibe el nivel de postración en que se encuentra el gobierno que encabeza el priista Héctor Astudillo Flores.
El miércoles 18 de abril los 35 segundos que duraba un video, donde aparecía la voz de un individuo que caminaba entre los cadáveres de seis policías estatales que yacían sobre el asfalto de una carretera con el cráneo destrozado, provocaron una airada reacción del gobierno estatal que prohibió a los medios locales su difiusión.
Era un video propagandistico grabado tras la emboscada perpetrada por alrededor de 15 civiles armados que atacaron un convoy de la Policía Estatal Preventiva, que encabeza el general Pedro Almazán Cervantes. El ataque sucedió un día antes cuando los agentes viajaban en una camioneta de la comunidad El Camalote rumbo a Zihuatanejo y al pasar por la comunidad de Las Mesillas fueron emboscados.
El video circuló horas despues en redes sociales y en él se alcanzaba a escuchar los insultos y amenazas a los policías de quien fue identificado como cabecilla de un grupo local del crimen, que suele actuar con absoluta impunidad en esa región cercana al municipio serrano de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero. El repoorte oficial señaló que los policías caídos estaban encargados de brindar medidas cuatelares a un grupo de personas de la comunidad conocida como El Camalote, y fueron emboscados cuando regresaban al puerto tras el cambio de turno.
El ataque fue en respuesta a un enfrentamientos horas antes en la comunidad de Cuacoyul, en la mism región, donde murieron tres pistoleros presuntamente ligados a éste grupo criminal. El choque generó una alerta a la que acudió el ejército, la marina y las policías local y federal. Tras su arribo se presentó un enfrentmiento que duró mas de una hora donde siete presuntos delincuentes más fueron abatidos. Hubo un decomiso de armas largas, pistolas y cargadores con medio milltar de cartuchos útiles.
A qué nivel se sentirían “agredidos” los cabecillas del grupo criminal, se preguntó la editorial de un medio nacional, que al dia siguiente, durante el velorio de uno de los agentes estatales caidos en el segundo ataque, se originó una balacera en la colonia Independencia de Acapulco, a escasos metros donde se realizaba la despedida al cuerpo del agente.
Por este hecho el gobierno federal y estatal comenzaron una “cacería” contra los líderes del grupo criminal que se hace llamar “Guardia Guerrerense”, que lidera un individuo identificado como Oliver Coria, alias “el Ruso”, cuñado del fundador de esta organización llamado Edilberto Bravo Barragá, alias “el Gavilán”, capturado en julio de 2016 en un balnerario de la costa dentro del municipio de Petatlán.
Esta banda ha marcado la beligencia de los grupos que se disputan la región con otras organizaciones como la de los Viagras, de los hermanos Sierra Santana y sus socios que usan el distintitvo de “sangre nueva guerrerense”.
Las frivolidades del ex fiscal
Dias después de los ataques en la Costa Grande, el fiscal general del estado, Xavier Oléa Peláez, presentó su renuncia por motivos personales dando fin a un periodo que comenzó cuando se creyó que con la aprobación de su nombramiento por parte del congreso del estado se iba a solucionar el problema de la impunidad que impera en Guerrero.
Oléa, un ex litigante de casos donde solía buscar el reflector, se hizo famoso no solo porque en sus primeras semanas como fiscal acusó al ejército de hacer poco para contribuir a resolver el problema de la inseguridad, declaraciones de las que posteriormente se tuvo que retractar, sino también por las fotos de su boda donde lucía bronceado, con un traje claro impóluto, y muy quitado de la pena posando con su nueva pareja.
La falta de opertividad de la fiscalía durante su gestión, las denuncias por falta de atención a las víctimas, el poco personal operativo y de servicios periciales, fueron problemas a los que desde un principio desistió en resolver. A decir de sus crñiricos, Olea Peláez mostró poco oficio político para negociar con el congreso local, poca distancia crítica con el gobernador, y nula química con las fuerzas armadas, de las que en mucho dependia el buen desempeño de su gestión para llegar a las zonas más apartadas de difícil acceso en el Guerrero de la montaña y la sierra.
Las imágenes que sepultaron su renuncia llegaron días después, cuando una turba de pobladores del municipio de Arcelia, fueron azuzados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, saquearon tiendas de un empresario local en represalia porque se negó durante varios meses a pagar las millonarias cuotas que le pedìan como extorsión para dejarlo operar.
Juan Veledíaz
@velediaz424
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