México, 2 de febrero.- Al grupo de diputados federales que investiga la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del Ejército Mexicano le están dando largas; lo están desgastando para que no encuentre nada, para que se cumplan los plazos y al acabar el actual periodo de sesiones de la LXII Legislatura no tengan cuentas qué entregarle a la gente.
La estrategia del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado de México a través de su Subsecretaría General de Gobierno es clara: dilatar en la medida de lo posible el acceso de los diputados federales a cualquier documento de investigación sobre el tema bajo el argumento de que conocer el seguimiento de la indagatoria la alteraría de alguna forma.
Por eso a los diputados que integran el Grupo Plural que intenta coadyuvar en el esclarecimiento del caso (Miriam Cárdenas Cantú PRI, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez PRI, Alberto Díaz Trujillo PAN, Margarita Elena Tapia Fonllem PRD, Zuleyma Huidobro González Movimiento Ciudadano, Loretta Ortiz Ahlf PT, René Ricardo Fujiwara Montelongo Nueva Alianza, y Ernesto Núñez, del PVEM) los han atendido solo una vez desde septiembre de 2014.
Lo sucedido con la ejecución de los civiles desarmados, ya rendidos, es tan grave que los diputados resolvieron que los responsables de estos crímenes merecían otra pena, que se les aplicaran castigos a partir de delitos como crímenes de lesa humanidad.
El problema es que este delito no existe en la legislación penal mexicana y no hay forma de aplicarlo para el caso Tlatlaya o para otros casos, explica la diputada perredista Elena Tapia Fonllem, coordinadora del Grupo Plural que intenta obtener algún resultado como instancia coadyuvante para saber qué pasó realmente en la bodega de San Pedro Limón.
A los diputados no los han dejado hacer su trabajo, aunque han insistido en que se les permita conocer el expediente del caso, pero la respuesta ha sido siempre negativa.
De hecho, el primer obstáculo para conocer detalles del caso en el que militares del 102 Batallón de Infantería asesinaron al menos a 15 civiles con los que se enfrentaron y a los que ya habían sometido, fue el hoy ex Ombudsman nacional Raúl Plascencia, a quien Elena Tapia, buscó en repetidas ocasiones.
Nunca nos contestaron ni él ni su gente para recibirnos y revisar la investigación a detalle. Fue un problema. No hubo respuesta de su parte, aunque sí logramos revisar con él el informe, que fue público, pero no el expediente del caso, dice en entrevista la diputada cuando una llamada a su celular la hace levantarse de su silla y solicitar una pausa en el encuentro.
Cuando regresa lo hace exclamando un “por fin”, ya que en Subsecretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur, ahora sí los va a recibir. Al menos eso le han dicho del otro lado de la línea.
-¿Y con los militares, cómo es la relación, cuantas veces se han encontrado con ellos?
– Nos hemos reunido solo una vez. A los militares los encabezaba el general Chiñas (General de Brigada DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN).
La diputada se refiere al único encuentro en el que fueron recibidos en la Sedena por un grupo de mandos militares: el General Brigadier de Justicia Militar Jesús Gabriel López Benítez, Procurador General Justicia Militar; el General Brigadier de Justicia Militar Alejandro Ramos, Jefe de Asesoría Jurídica del Estado Mayor, y el General Brigadier DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La reunión sirvió sólo para conocer de boca de los mandos la versión oficial de lo sucedido, las medidas que se estaban tomando en cuanto a reforzar entre la tropa y los oficiales todo lo referente al respeto a los derechos humanos de la población civil, pero no hubo mayor abundamiento y mucho menos documentos o informes qué compartir con los legisladores sobre el caso.
Nos cansamos de pedirle citas al ahora ex Ombudsman porque queríamos ver los documentos, la investigación pero, como le digo, jamás nos recibió, ni siquiera nos contestó las solicitudes, añade Tapia Fonllem.
Lo que hemos visto desde el inicio de este caso ha sido lentitud, trabas y una “resistencia” de las autoridades involucradas; de las federales, de las estatales y de las instituciones que tienen algo que ver con el caso, explica.
Estas “resistencias” se traducen en negativas constantes a dar cualquier información por escrito, cualquier dato que forme parte de las averiguaciones civiles y militares o del expediente integrado. Es la negativa a conocer un expediente que ya acumula más de 7 mil fojas de investigación, desde junio de 2014 hasta la fecha.
El Grupo Plural fue creado el 30 de septiembre de 2014, tres meses después los hechos en los que un pelotón del Ejército Mexicano perteneciente al 102 Batallón de Infantería, se enfrentó a un grupo de civiles armados que se ocultaban en una bodega en el municipio de Tlatlaya.
Los militares sometieron a los civiles tras una breve balacera. Ya rendidos y sin armas, ejecutaron a al menos 15 de ellos, alteraron la escena del crimen, reacomodaron armas y cuerpos, cercaron la zona del enfrentamiento, rindieron partes informativos alterados o falsos y contaron con la complicidad de las autoridades judiciales del Estado de México para presionar psicológicamente a testigos y sobrevivientes de los hechos para que no inculparan a los militares.
Dos de las tres mujeres rescatadas con vida de la bodega atacada y quienes estaban presuntamente secuestradas por los 22 civiles, terminaron siendo acusadas de portación de armas prohibidas y otros delitos. Ambas quedaron en libertad medio año más tarde por no existir pruebas reales en su contra y porque se demostró que fueron torturadas por agentes ministeriales del Estado de México para que sus testimonios coincidieran con los de los militares.
Con un Doctorado en Ciencias Sociales y una Maestría en Sociología, Elena Tapia Fonllem es la coordinadora de los trabajos de Grupo Plural y la única perredista en el. Forma parte, además, de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, Justicia y Trabajo y Previsión Social, y de las comisiones especiales de Seguimiento a Feminicidios y la de Industria Manufacturera.
La gravedad de lo ocurrido en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio de 2014 hizo que los legisladores de la Comisión de Justicia se ocuparan de inmediato del asunto, pero fue hasta el mes de octubre cuando se pudo formar el grupo, cuyos objetivos son:
- Coadyuvar en la investigación de las responsabilidades de las instituciones públicas involucradas en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Procuraduría Generalde la República.
- Coadyuvar en la investigación de actos posiblemente constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Comisión Nacionalde Derechos Humanos, y
- Coadyuvar en las acciones del Estado mexicano en pos del esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México
Coadyuvar ¿para qué?, ¿hasta dónde?, ¿con qué atribuciones? Esa es una muy buena pregunta, dice la diputada para aclarar de inmediato que se trata de una comisión especial que busca coadyuvar en la investigación de los hechos, pero que enfrenta limitantes muy claras: no puede hacer nada en contra de los funcionarios que se nieguen a cooperar o entregar información solicitada.
“No está establecido en ningún lado que si un funcionario se tarda un año o dos en dar respuesta se le pueda sancionar. Ese es un hueco que tenemos que legislar, porque no es posible que un procurador, un secretario o un subsecretario no respondan en dos o tres meses…seguramente tendrá mucho trabajo. Pero, ante casos tan fuertes y dado el contexto de violencia que vive México, tendría que ser más rápida la respuesta”.
Si no quieren atendernos, no hay nada qué hacer, admite encogiendo los hombros. Esta batalla es parte de una guerra en la que la oposición legislativa, sobre todo de izquierda, ha sufrido anteriores e importantes derrotas en el pasado inmediato.
La más reciente fue en enero de 2014, medio año antes de la matanza de Tlatlaya. A principios de ese mes, el Grupo Parlamentario del PRD y del Partido del Trabajo0 (PT) presentaron una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución del país, a fin de armonizarla con el Estatuto de Roma.
La exposición de motivos de la iniciativa perredista recordaba que el Estatuto de Roma es el tratado internacional que tipifica y establece la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los casos más graves de violaciones a los derechos fundamentales: la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En junio de 2005, inició la ruta para que el Congreso de la Unión aprobara parcialmente el Estatuto de Roma a fin de que con esto el Estado Mexicano reconociera la injerencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en temas como genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.
Fue hasta 2010 cuando diputados y senadores abordaron de nuevo el tema y aprobaron en forma parcial el Estatuto de Roma, colocándole un candado para que su aplicación plena en México pudiera darse sólo si la aprobaba el Senado de la República previa revisión de cada caso expuesto.
La corrección a la iniciativa enviada en 2005 por el presidente Vicente Fox se produjo en el marco del declive de los tormentosos trabajos de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), encabezada por el jurista Ignacio Carrillo Prieto.
La fiscalía pasó a la historia con más pena que gloria por todos los errores, omisiones, inconsistencias, vacíos jurídicos y resistencias que enfrentó en su existencia (2001-2006) en la que sólo llevó a prisión a cinco personas acusadas de homicidio, pero nunca a figuras como el ex presidente Luis Echeverría, el ex Jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza, el general Ricardo Careaga o el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, señalados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.
A la diputada Tapia Fonllem y a los legisladores que coordina en el Grupo Plural le tocó vivir hace un año una reedición de la batalla por lograr que el Estatuto de Roma fuera reconocido y aceptado a plenitud, pero también fueron derrotados en el pleno del congreso por un voto de diferencia.
Si el Senado hubiera determinado la aceptación plena del estatuto y la revisión de los casos relevantes denunciados en el país, quizá la Corte Penal ya se hubiera pronunciado en torno a hechos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa.
En el plazo inmediato, los integrantes del Grupo Plural buscarán completar la ronda de entrevistas y acercamientos con los funcionarios federales y estatales que llevan el caso para avanzar y dar respuestas a lo sucedido.
Lo otro, comenta Elena Tapia, es corregir vacíos, huecos legislativos que permiten a funcionarios de diversos niveles de la administración pública evadir sus responsabilidades en la rendición de cuentas al no contestar cuando se les solicitan datos, informes, avances en una investigación.
Otra, insiste la diputada, es la revisión de tipos penales para delitos como el cometido en Tlatlaya, pero no se avanzará mucho mientras no nos armonicemos a los cambios en materia de derechos humanos para que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, sean también reconocidos y perseguidos en nuestro país.
En nuestra opinión, añade, lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya podría juzgarse y castigarse como un crimen de lesa humanidad, pero como estamos hoy, con el marco jurídico vigente, ese delito no existe.
Jorge Alejandro Medellín
@JorgeMedellin95
Estado Mayor