México, 13 de noviembre (Reforma).- Diversas organizaciones civiles y empresariales exigieron a los tres Poderes de la Unión y a todos los partidos políticos acciones concretas y no más promesas en materia de seguridad.
En un manifiesto firmado por 73 agrupaciones, como Alto al Secuestro, México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, la Canaco y la Coparmex, señalaron que las medidas tomadas deben tener resultados concretos, medibles y cuantificables.
“Es fundamental y urgente la creación del Mando Único Estatal, para atender la necesaria renovación integral de la Policía”, señala el punto uno del documento que también suscribieron diversos consejos y observatorios ciudadanos de los Estados, así como mesas de seguridad y justicia.
Para realizar esta medida, se agrega, es necesario realizar una reforma constitucional, crear la normatividad para su financiamiento y homologar salarios y manuales, entre otras cosas.
También consideran inaplazable la aprobación de leyes pendientes, como la nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley de Ejecución Penal, de Justicia para Adolescentes y reformas a la Ley de Amparo.
“Es urgente unificar los criterios judiciales existentes para no privilegiar el derecho de un criminal cuando se afecta a la ciudadanía en su conjunto”, indica otro de los puntos.
A los partidos políticos les demandaron un compromiso eficaz, radical y sin ambigüedades para evitar que campañas políticas sean financiadas por la delincuencia organizada.
“La sociedad no está dispuesta a que se repita el caso de Iguala y el de muchos municipios, estados y regiones, en donde están coludidas las autoridades (electas desde la filiación partidista) y criminales de la delincuencia organizada”.
El combate a la corrupción lo debe encabezar el Presidente de la República y no otra fiscalía, agregaron los firmantes.
Las medidas incluidas en el “Manifiesto ciudadano por la seguridad y la justicia”, deben estar acompañadas por todos los actores de la sociedad, clama el documento acordado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Las demandas fueron resultado de una mesa de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de los tres órdenes de Gobierno y de la experiencia acumulada por las mesas de seguridad y justicia, observatorios y consejos ciudadanos de 15 estados.