México, 6 de noviembre (Reforma).- Casi un mes después de su expedición, el Estado mexicano instaló un grupo de seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Tlatlaya.
Jaime Rochín, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), confirmó la instalación de un grupo encabezado por la Secretaría de Gobernación, y donde participan autoridades de la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y la CEAV.
“Este grupo fue convocado por la Secretaría de Gobernación para dar cumplimiento a unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.
“Las acciones están siendo coordinadas por la subsecretaria (de Derechos Humanos) Lía Limón”, informó Rochín.
Desde la Comisión, añadió, se apoyará en la determinación de las medidas cautelares y, eventualmente, en el proceso de reparación del daño.
Las medidas cautelares fueron dictadas el 10 de octubre a favor de Clara Gómez González y su familia, en su calidad de testigo y sobreviviente de la masacre ocurrida en Tlatlaya, Estado de México.
En la resolución 423/14, se urge al Estado mexicano a proteger la integridad y vida de la víctima y su familia, a través de medidas que deben ser concertadas con los propios beneficiarios.
En dicho sentido, la CEAV dio a conocer que autoridades de distintas dependencias se reunieron con la víctima y sus representantes, en un encuentro para reconocer sus aportaciones al avance de las investigaciones, y para asumir el compromiso de su protección y atención integral.
Gómez González, de acuerdo con recuentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es madre de una joven de 15 años que falleció en la masacre.
Según su testimonio, fue levantada mientras intentaba reunirse con su hija, y llevada a la fuerza a la bodega donde presenció los hechos.