México, 6 de énoviembre (Reforma).- Es tiempo de que México aplique medidas correctivas que eviten otros casos como el de Tlatlaya, porque hasta ahora no han surtido efecto las recomendaciones a las fuerzas armadas sobre respeto a los derechos humanos, advirtió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.
Afirmó que el caso de la ejecución extrajudicial de civiles por parte de militares en la localidad de Tlatlaya es un hecho paradigmático, porque identifica las fallas de las instituciones y refleja también los tiempos especiales que vive México sobre los altos números de muertes de civiles por parte del Ejército.
Tras una reunión con diputados del grupo de trabajo que sigue el caso Tlatlaya, Javier Hernández Valencia señaló que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos da cuenta de lo sucedido, por lo que no hay espacio para las percepciones.
“Lo que nos toca ahora es abordar y actuar en el espacio de la implementación de las medidas correctivas, de la sanción a los responsables”, dijo sobre el caso Tlatlaya.
Destacó que hay una serie de hechos previos en los últimos tres o cuatro años que también merecieron recomendaciones de la CNDH por la actuación del Ejército.
“Hechos que han merecido una secuela larga de recomendaciones previas de la CNDH, muchas de ellas aceptadas, pero esas correcciones no, al parecer, surtieron efecto porque sucedió Tlatlaya”, manifestó.
Señaló que hay casos que han sido olvidados y que ello produce dolor en las familias de las víctimas.
“Los casos se suceden y se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”, declaró en entrevista.
“Nuestro problema es que no logramos producir los cambios institucionales para prevenir que esto siga sucediendo y para sancionar a los responsables cuando los encontramos”, precisó.
Citó los casos de los dos jóvenes muertos por militares en el Tecnológico de Monterrey o los 11 cazadores desaparecidos en Zacatecas que fueron capturados por corporaciones armadas.
Destacó que las familias de estas víctimas deben estar profundamente dolidas por el silencio y olvido de sus casos.
Comentó el caso de la señora Guadalupe Fernández que le envió un correo electrónico en tono desesperado, en el que advierte que también tiene un familiar desaparecido y cuestiona por qué no se busca con la misma intensidad con que el Gobierno trata de ubicar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“He mencionado mi solidaridad con las familias, he mencionado mi cercanía con su dolor, he mencionado mi respeto por el proceso en el cual sus soledades están acompañadas, pero las soledades de otros están muy abandonadas”, expresó sobre el caso de los normalistas pero también de aquellos en los que ya no tienen la atención de la ciudadanía.
Claudia Salazar