México, 26 de septiembre (Reforma).- El Presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado avalar un convenio de colaboración entre México y España para combatir al crimen organizado.
De acuerdo con el documento enviado por la Presidencia de la República, de aprobarse dicho instrumento, ambos países podrán planear acciones para enfrentar el tráfico, producción y comercio ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos.
Luchar contra el tráfico de armas, de migrantes y trata de personas en sus diferentes modalidades, así como combatir el secuestro, lavado de dinero, falsificación de monedas, robo de vehículos, intercambio ilegal de bienes culturales u obras de arte y la compra o venta de órganos humanos o el terrorismo.
“Las autoridades competentes de México y España podrán intercambiar información general sobre las distintas formas de la delincuencia organizada y experiencias en materia legislativa; brindarse asistencia técnica, científica y de equipos técnicos especializados; intercambiar modelos de éxito en la aplicación de estrategias.
“Así como intercambiar información relativa a la ubicación y hallazgos de bienes que siendo objeto, instrumento o producto de actividades delictivas en ambos países, deban ser susceptibles de decomiso en cualquiera de sus modalidades incluyendo la extinción de dominio”, indicó.
La intención de suscribir el convenio se acordó en junio pasado entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Interior, en el marco de la visita del Peña Nieto a España.
Para ilustrar la delincuencia trasnacional entre ambos países, la Presidencia informó que la Cancillería mexicana tiene el registro de en los últimos meses, 78 mexicanos fueron detenidos en ese país por delitos contra la salud o el narcotráfico.
Mientras que del 2006 a mayo del 2014, el Gobierno mexicano detuvo a 22 españoles por delincuencia organizada, además de asegurar 88 kilogramos de cocaína procedente de esa nación y en febrero se ubicó en México a dos miembros del grupo separatista ETA, que eran reclamados por la justicia española.
Para la Presidencia, se argumenta en el documento, España posee una ubicación geográfica estratégica para las organizaciones delictivas trasnacionales dedicadas al tráfico de drogas, por ser una vía de acceso a Europa.
Se justifica que dicho convenio no faculta a las autoridades de esos países a emprender acciones en la jurisdicción territorial de otro, el ejercicio y desempeño de funciones reservadas.
Además de que tampoco proporcionarán información que implique poner en riesgo la soberanía o la seguridad de México.
Dicho convenio será analizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Érika Hernández y Claudia Guerrero