México, 22 de junio (Reforma).- Diez años después de que casi un millón de personas salieran a las calles para demandar poner un alto a la inseguridad, ésta ha empeorado.
Los secuestros en México se han cuadruplicado, los asesinatos han crecido en 58 por ciento y los robos se han incrementado en un tercio.
El 27 de junio de 2004, en el Distrito Federal y otras ciudades del País, los ciudadanos, vestidos de blanco, expresaron su repudio ante la violencia criminal de la que eran víctimas en una marcha que se autodenominó Rescatemos México y que, a la fecha, ha sido la más numerosa en la historia.
En 2004, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 323 plagios; el año pasado, en cambio, fueron mil 698, una cifra 425 por ciento superior.
Hace una década, hubo 11 mil 658 homicidios dolosos, mientras que en 2013 se contabilizaron 18 mil 388, sin considerar que en 2011 se registró una cifra de 22 mil 852 asesinatos.
En cuanto a los robos, en el año de la marcha ciudadana se cometieron 514 mil 922. En 2013, sumaron 686 mil 965, lo que significa un incremento del 33.4 por ciento.
Además, en 10 años se han agravado otros tipos de delitos, como las extorsiones. Tan sólo en marzo de este año se registraron 615 casos.
En la década transcurrida desde la marcha se sumaron nuevos movimientos sociales y activistas contra la inseguridad nacidos de una tragedia.
Es el caso de Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando fue secuestrado y asesinado en 2008; el de Nelson Vargas, cuya hija, Silvia, también fue plagiada y ejecutada en 2007, y el del poeta Javier Sicilia, a quien le mataron a su hijo Juan Francisco en 2011.
Para Josefina Ricaño, fundadora y presidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia, el delito rebasó a las autoridades durante la última década.
Martí considera que el Estado no ha logrado combatir problemas que permiten el crecimiento de la violencia, como la corrupción, el abandono del sistema penitenciario y la burocracia del sistema judicial.
Para María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, el problema de inseguridad no ha sido resuelto, pero la marcha de hace 10 años provocó que las autoridades se ocuparan más del tema.
Laura Elena Herrejón, presidenta de Movimiento Pro-Vecino, consideró que, tras la marcha, hubo un esfuerzo de las organizaciones para darles seguimiento a los 80 puntos que plantearon, pero, con el tiempo, éste se diluyó y, al final, sólo se registraron avances parciales.
México está igual o peor, sostiene Sicilia, quien considera que las condiciones de inseguridad en el País han resultado en la anulación del Estado.
Intentaron descarrilar la ‘marcha blanca’
El Gobierno federal, a través del entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, intentó persuadir para que la marcha del 27 de junio de 2004 no se llevara a cabo.
Las autoridades argumentaban que no había seguridad para los manifestantes, aseguró José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“Recuerdo que el martes anterior a la marcha, comí con el Procurador General de la República, el General Rafael Macedo de la Concha, y con Genaro García Luna (titular de la entonces AFI), y que la intención de la comida fue el que el General me persuadía para cancelar la marcha.
“Me dijo que había un grave riesgo, que viera las declaraciones de Alejandro Encinas (entonces Secretario de Gobierno del DF), que podían provocar algún atentado contra las personas, contra las familias que iban a participar en la marcha, que por lo tanto me pedía que la cancelara”, recordó.
Entrevistado 10 años después de aquellos hechos, Ortega indicó que le dijo a Macedo de la Concha que la marcha ya no podía detenerse y que lo responsabilizaba a él, como autoridad federal, de lo que pudiera ocurrir durante la protesta.
“Le dije que no podía, que además ni me iban a hacer caso los medios. Él me ofreció hablar con los dueños de los medios y citarme a todos los medios nacionales e internacionales para que por causas de fuerza mayor y por el posible riesgo de que hubiera algún atentado, cancelar la marcha”, indicó.
A nivel del Distrito Federal, recordó María Elena Herrejón hubo antipatía del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien atribuyó la marcha a sus enemigos políticos.
“López Obrador insistía en que en esta marcha había mano negra, que eramos pirrurris, y yo, que estuve desde el inicio te puedo decir que nadie estaba detrás, nadie nos impulsó, nadie nos pagó, nadie nos dijo nada, cada cual fue libre de salir a la calle y de decir ya basta”, indicó.
Fernando Shütte, quien en 2004 era el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, aseguró que tras la marcha él recibió represalias fiscales del Gobierno de Vicente Fox, amenazas a su vida y ofrecimientos de dinero.
“Secuestran a un sobrino mío para decirle que si yo sigo me van a matar, mi interlocutor fue el propio Secretario de la Defensa Nacional (Clemente Vega García), después de que el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel, no logró un acuerdo conmigo, y bueno, recibí todo tipo de ofertas, ahora lo puedo decir, recibí todo tipo de ofertas, y no acepté ninguna”.
Rolando Herrera y Diana Baptista