México, 11 de mayo (Reforma).- A dos años de que concluya el plazo para que se materialice la reforma al sistema de justicia penal, la capacitación de sus actores -policías, peritos, fiscales, jueces y abogados- presenta un atraso, advirtió Antonio López Ramírez, director operativo de la Coordinación General de Investigación de la PGR.
El rezago, señaló, podría derivar en la aplicación de viejas prácticas.
“Ya se tiene un Código (Nacional de Procedimientos Penales), lo que nos da un parámetro de cómo se aterrizará la reforma constitucional al proceso en concreto, ese es un gran avance, ahora hay que hacer capacitación basándose en la Constitución, tratados internacionales, el código nacional y la jurisprudencia de los tribunales federales y supranacionales, en eso estamos en pañales”, comentó en entrevista.
La reforma constitucional aprobada en junio de 2008 transforma radicalmente el sistema de justicia penal y establece en junio de 2016 la fecha límite para entrar en vigor en todo el país.
Sin embargo, a López Ramírez, también profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, le preocupa la falta de capacitación, principalmente en torno a la nueva estructura probatoria.
“Más de 90 por ciento de los delitos que llegan a una sentencia condenatoria son cometidos en flagrancia, es decir, no derivan de una investigación ministerial. Actualmente, el sistema inquisitivo (acusatorio formal) permite que las actuaciones del Ministerio Público sean practicadas unilateralmente, sin contradicción de las partes y adquieren valor probatorio pleno”, detalló.
“Dichas actuaciones se van a juicio y sin la necesidad del desahogo de pruebas durante el proceso ante el juez se puede llegar a una sentencia condenatoria”.
Con la reforma, indicó, se transitará a un sistema que sustituye las diligencias escritas por audiencias orales y públicas.
“En este modelo, si la prueba se recabó en un cateo ilegal, o fue derivada de intervención de comunicaciones privadas fuera de la ley, si en la preservación de la prueba se violó la cadena de custodia, o bien se obtuvo, propuso, admitió, preparó, desahogó o valoró con violación a derechos fundamentales, será una prueba ilícita”, explicó.Además, abundó, el dictamen un peritaje no servirá para fundamentar una sentencia si no se desahoga en el juicio oral.
Para ello, insistió, se requiere capacitar a los actores involucrados en un procedimiento penal para hacer efectivo el nuevo sistema.
Benito Jiménez
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