México, 3 de noviembre (La Jornada).- La intercepción ilegal de llamadas telefónicas y comunicaciones privadas en el país, avalada por empresas de comunicación, que ha puesto en riesgo la seguridad de las personas –vulnerables a extorsiones, chantajes y a la privación de su libertad–, deberá ser castigada con una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 10 a 100 mil días de salario mínimo…nota completa.
Roberto Garduño
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