México, 8 de agosto (Reforma).- Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, consideró que detrás del problema en Tecoanapa -donde hubo un canje de militares por policías comunitarios-, está una resistencia del Ejército a reconocer la llamada “ley 701”, aprobada en 2011 en Guerrero, que da atribuciones a los pueblos indígenas a organizarse y tener su sistema de justicia.
“Es una ley vigente que todas las autoridades tendrían que respetar (…) El Ejército no está respetando esto (…) está más interesado en desmantelar grupos comunitarios que en perseguir a la delincuencia organizada”, denunció Rosales.
“Fue aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero en el 2011, entonces es una ley vigente y que toda la autoridad aquí en Guerrero tendría que atender, no hay porque disociar esta ley, si no, pues entonces para qué la hacen”, comentó.
En entrevista vía telefónica con REFORMA, el abogado explicó que a la mesa de trabajo instalada hace varios meses -retomada este miércoles con el Gobierno local y mañana jueves con el Gobierno federal en el Distrito Federal luego de la retención de soldados y del canje por policías comunitarios-, no asiste el Ejército a pesar de haber sido “expresamente invitado”.
“Claro que sí ha sido expresamente invitado a estas mesas de trabajo (..) ha soslayado, no ha asistido a estas mesas de trabajo. Se están llegando a acuerdos de cómo se va a caminar con los pueblos indígenas y al otro día el Ejército desarma a los pueblos en la Costa Chica, o desarma a los pueblos (…) esto obviamente está generando mucha inconformidad”, apuntó.
“Hay una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado en la que se está viendo la posibilidad de crear una ley secundaria a la ‘ley 701’ que clarifique situaciones, que clarifique rutas, que clarifique armamento, que clarifique cómo y de qué forma van a aplicar la justicia los pueblos indígenas, pero el Ejército no ha sido partícipe de estas mesas de trabajo, ha desoído, no ha acudido al llamado que ha hecho la autoridad civil, que ha hecho el Gobernador, que han hecho otras autoridades. Bueno, tal pareciera que el Ejército es un poder alterno en nuestro país”, denunció el representante guerrerense.
En la mesa, dijo, se demanda la asistencia del Ejército y que haya un impasse hasta que se apruebe una ley secundaria a la “ley 701” que precise el tipo de recursos -incluidas armas- para hacer valer sus derechos.
“Lo que se está demandando es que el Ejército pueda ser parte de estas mesas; que el Ejército pueda tener claro que hay un marco legal y una historia, que hay instituciones de los pueblos indígenas que se deben respetar y que de momento pues haya un impasse, verdad, de aquí a lo que se trabajan estos instrumentos legislativos secundarios”, expresó el abogado.
Este impasse debería llevar a que el Ejército deje de detener policías comunitarios.
“(Que) en lo que nos ponemos de acuerdo en términos legislativos, se le da una operatividad y coordinación a los cuerpos de justicia indígena, el Ejército se abstenga de seguir deteniendo a las policías comunitarias”, apuntó el defensor de derechos humanos.
Para Vidulfo Rosales la no aplicación de la “ley 701”, ha creado situaciones críticas como las que se han vivido en la Costa Chica de Guerrero entre pobladores y militares, pues en esa zona las policías comunitarias tienen una gran legitimidad y base social, y se han reorganizado ante omisiones de la autoridad para garantizar su seguridad.
“Esto lo ha soslayado el Gobierno; hay un desconocimiento total del Ejército de este contexto y (lo) que ha exacerbado el enojo de los pueblos indígenas es que el Ejército lejos de perseguir y lejos de revertir a la delincuencia organizada está diseñando estrategias para desmantelar a los grupos de los pueblos indígenas que se han hecho cargo de su seguridad”, indicó el abogado guerrerense.
“Hay indicios claros, hay elementos que los pueblos tienen de complicidad de los cuerpos de seguridad, sobre todo las policías municipales que operan en Guerrero, el mismo Ejército que hace caso omiso a esa complicidad eso ha motivado al inconformidad”.
Guadalupe Irízar
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