‘Ejército, último recurso’

México, 13 de julio (Reforma).- El juez Baltazar Garzón no suelta su maletín. Siempre carga documentos. De los asuntos que defiende y de otras materias. Y, con él, apura el paso para abordar el vehículo que lo llevará a la capital del País y atender la invitación que le extendió el Presidente Enrique Peña Nieto.

Sensible a los temas que más acucian a los mexicanos, en la capital morelense vino a hablar de la Ley Integral de Atención a Víctimas, la ley más avanzada y progresista en la República.

Frente a la estrategia anticrimen del ex Presidente Calderón Hinojosa, Garzón reprueba el empleo del Ejército y aprecia cambios más orientados a la preservación de las garantías individuales.

Defensor de Julian Assange -el que desató los flujos de información de Estado con Wikileaks–, Garzón fustiga con dureza el espionaje que delató el ex técnico de la CIA Edward Snowden, en detrimento de la intimidad más elemental, sostiene, del ciudadano.

-¿Qué opinión tiene de la manera como el Gobierno de Peña Nieto acomete la estrategia anticrimen?
Creo que los seis años anteriores (2006-2012) fueron los años en los que se confrontaron dos principios fundamentales: el de la seguridad a ultranza y el de respeto a las garantías y los derechos sin renunciar a la seguridad. En esa confrontación sin lugar a dudas ganó la partida el primero; es decir, se optó por la seguridad en cualquier caso. Se optó por acoger una serie de iniciativas en algunos casos bastante cuestionables: en sacar la guerra contra el crimen organizado a las calles, a las ciudades, a los caminos, a los pueblos, sin calibrar los efectos y sin tener en cuenta que un estado de Derecho necesita de unas normas y de unos límites.

Creo que en el cambio que se ha producido con el nuevo gobierno todavía, se ven claramente una serie de aspectos diferenciados, es que está dando más valor a ese segundo paradigma de, seguridad sí, pero con garantías y respeto de derechos.

-Las voces críticas dicen que es sólo apariencia…
Bueno, creo que está bien que haya esas críticas y es bueno que el Gobierno sienta la presión de los medios de comunicación y de los politólogos y de la propia sociedad civil para evitar que se adormezca, y que sufra la tentación de evolucionar en el sentido contrario; por lo tanto, a mí me parece bien que haya esas críticas; pero creo que también hay que dar un margen para que esos cambios que sin duda se perciben, se consoliden, aunque realmente los resultados los vamos a ver más temprano que tarde, pero si el cambio es cosmético nos vamos a dar cuenta rápido.

Por lo que yo estoy viendo es voluntad de combatir efectivamente, y eficazmente, el crimen organizado, hacerlo de una forma diferente; percibo una sensibilización con el tema de los desaparecidos. Creo que hay que ahondar, profundizar y desarrollar una política de localización y de protección a las víctimas de las personas desaparecidas. Percibo que eso es diferente –a lo mejor todavía es demasiado pronto–, pero esa sensación de estado policial que existía durante el periodo de Felipe Calderón, con todo el respeto que le tengo, daba esa sensación de un país militarizado sin una contraparte de respeto a los derechos fundamentales, eso se respiraba; y creo que eso ha cambiado bastante…

-Calderón sacó el Ejército a las calles desde el segundo mes de su Gobierno… 
Desde mi punto de vista eso es una equivocación: el Ejército es la última ratio, es el último recurso, no puede ser el primero. Un militar, en sí mismo, no está preparado, un Ejército no está preparado para combatir el crimen; es decir, el militar actúa y luego define, la policía pregunta primero, investiga y luego define o detiene; entonces, quizá es el tiempo ya, o se está tardando que se haga esa reflexión. Probablemente esa reflexión, o se repliegue, se va a producir una vez que se introduzca el organismo de gendarmería.

-En México es gravísimo el fenómeno de los desaparecidos; usted sugiere abordarlo con mucha sensibilidad.
El problema de desaparecidos es un problema universal pero México lo ha sufrido los últimos años de forma brutal. Yo le podría poner varios ejemplos de cómo se puede combatir eficazmente la desaparición forzada de personas y cómo debe responder un gobierno y la sociedad, (…) pero lo que es vital es que el empoderamiento de las víctimas, el acompañamiento de la víctima para que se genere una sinergia, una confianza en el estado de Derecho y en las instituciones. Es tremendo que pueda haber 70, 80, 90 mil desaparecidos y que al día de hoy no haya ya una política de Estado para atender ese fenómeno…

-¿Cuál debe ser el eje rector desea política de Estado?
La protección de las víctimas que supone el cobijo hasta el momento en que cesen los efectos del delito, es decir, que el Estado haga todo lo necesario para el hallazgo de las mismas; los ciudadanos deben percibir que el Estado es su fiel aliado en la lucha contra la desaparición forzada de personas.

-¿Qué piensa del caso Snowden? 
La verdad que ese es un caso paradigmático y muy preocupante; inicialmente a mí me propusieron la posibilidad de ejercer la defensa, pero consideré que porque ya tenía sumida la de Julian Assange y Wikileaks no debían confundirse esas defensas aunque es evidente que la defensa de los ciudadanos frente a invasiones masivas de derechos fundamentales, como aparentemente ha sucedido aquí con la captación de millones de conversaciones y comunicaciones de personas individuales, organizaciones y estados es algo tan brutal que es difícil de asimilar en un país democrático y entre países; por lo tanto desde ese punto de vista mi posición es claramente tajante y definida en que es inaceptable que eso se produzca. Pero ya deberían existir iniciativas penales frente a quienes han cometido esos hechos.

Mayolo López