México, 11 de octubre (Crónica).- Resulta francamente ofensiva la decisión, anunciada por la canciller Patricia Espinosa Cantellanos, de reservar por doce años la información relativa al incidente de Tres Marías, donde una docena de agentes federales atacaron con furia inexplicable a un vehículo de la embajada de Estados Unidos, tripulado por dos agentes policiacos de esa nacionalidad, mas un capitán de la Marina mexicana.
Las explicaciones han sido muchas y todas confusas, más confusas que la versión propalada de que todo se debió a un error, pero no se aclara quién “puso” o informó de la camioneta donde viajaban los gringos cuya filiación no sólo no se ha determinado, sino que un día se trata de agentes de la agencia antidrogas (DEA, en inglés) y otro de la dependencia de espionaje (CIA) que fueron apresuradamente sacados de México, repito, sin identificarlos.
Nuevas versiones hablan de que avisados los agentes mexicanos de que en la zona se había registrado el secuestro de un funcionario público, salieron de la base en Tlalpan a bordo de dos camionetas particulares, prestadas y sin uniformes. Hay quien dice que llevaban chamarras con las siglas de la PFP impresas al dorso.
La confusión, afirman las autoridades mexicanas, aunque no oficialmente, se debió a que una vez localizada la camioneta de los supuestos secuestradores, se le marcó el alto. Tres federales se acercaron para revisarla con armas largas en las manos y, de nuevo, sin uniformes. Del vehículo detenido habrían disparado previendo, con lógica elemental, que se tratara de un intento de secuestro. Y de inmediato se dieron a la fuga.
Los federales que iban en un modesto Chevy y en dos camionetas más, pidieron refuerzos. Se sumaron a la persecución otros vehículos y empezó el tiroteo en serio. Evidentemente tiraban a matar y sabedores de las debilidades de los blindajes, se concentraron sobre un punto del cristal trasero que lograron perforar.
Sigue un momento de oscuridad total: que si el capitán llamó a sus compañeros estacionados en el campamento que iban a visitar, que si llegaron o no, que si quienes se hicieron presentes fueron más federales que detuvieron la agresión, que si los doce arraigados fueron concentrados en Tlalpan, que si posteriormente los presentaron, pero ya uniformados. En fin, versiones sin confirmación.
Los agredidos, a los que inmediatamente la embajada de Estados Unidos calificó como víctimas de una emboscada, supuestamente lesionados aunque seguramente de ninguna gravedad, fueron sacados del país sin que rindieran declaración y sin que fueran identificados ni por nombres ni por cargos, mucho menos por las actividades que realizaban en México, notoriamente irregulares por no decir ilegales o “encubiertas” como suelen calificarlas formalmente.
Vale destacar el apresuramiento de la representación diplomática al aseverar que se trató a una emboscada, término autorizado por el Departamento de Estado, lo que marcó inicialmente el rumbo que tomarían las investigaciones, para lo que nos enviaron un nutrido grupo de agentes de diversas corporaciones gringas a que reconstruyeran el incidente en Tres Marías.
Para mayor inri, en México nuestras autoridades se contradecían en tanto en Estados Unidos y sin aportar prueba alguna, afirman que los agentes nacionales implicados en la agresión trabajan con el crimen organizado. Aquí, simplemente se trató de la persecución de un grupo de secuestradores que habían retenido durante varias horas a un funcionario del protocolo del Museo de Historia Nacional.
Por si acaso y ante la imposibilidad de anticipar las conclusiones de los investigadores del país del norte, se procedió a decretar el secuestro legal de los federales. Esto es, quedaron en arraigo mientras se conocen los delitos que les serán imputados. Y no se trata de exonerarlos, pero en todo caso deberían de conducirse por los caminos de la ley sin esperar instrucciones del norte.
Lo que está pasando en este caso, como en muchos otros relacionados con el narcotráfico, es consecuencia de los arreglos que en lo oscuro ha hecho el gobierno de Felipe Calderón con agencias policiacas gringas, en franca violación a los preceptos constitucionales que establecen la intervención del Senado para autorizar o rechazar los acuerdos, tratados y convenios de México con otras naciones.
Podría aducirse que estamos frente a un acuerdo administrativo que no exige la intervención de la Cámara alta, pero habrá juristas que se entretengan en establecer si eso es correcto, cuando hemos caído en la obsecuencia de enviar a toda suerte de ciudadanos delincuentes o no, que son reclamados por la justicia de Estados Unidos.
Caso claro, el de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, acusado en México y en Estados Unidos de delitos relacionados con delincuencia organizada, específicamente lavado de dinero, crimen por el que no recibió sentencia en nuestro país, pero ante la petición de algún juez estadunidense, se procedió a enviarlo al norte, donde seguramente pasará algunas décadas encerrado.
Mario, si recurrimos al archivo, se opuso con toda su fuerza a la construcción de un complejo turístico propiedad del padre y un hermano del entonces presidente Ernesto Zedillo; ante su negativa, el mandatario federal intentó defenestrarlo, pero Villanueva maniobró y se sostuvo en el cargo del que sólo salió para huir ante la amenaza de represalias en su contra.
Además escenificó un desacuerdo, se dice que violento, contra el cónsul estadunidense en el estado, al que posteriormente echó de la entidad sin respetar los protocolos diplomáticos. Mario no es un hombre paciente. En Querétaro, como senador, me tocó impedir que se agrediera con un sujeto del Estado Mayor al que no le gustó su cara y por eso le impedía el paso a la tradicional ceremonia de la Constitución.
Sin duda se la cobraron por ambos lados. Otro caso: poco antes de que muriese en la cárcel, el diario Los Angeles Times publicó la declaración del testigo Héctor Cervantes Santos admitiendo que fue obligado a falsear su testimonio para convencer al jurado de que Rubén Zuno Arce conspiró para asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
El fallecido cuñado el presidente Luis Echeverría era propietario de la casa donde retuvieron al policía gringo antes de asesinarlo. Consciente de su inocencia, Zuno Arce accedió a presentarse ante las autoridades en San Antonio, Texas, donde había sido citado para una declaración. Allí lo apresaron en 1989 y lo enviaron a un juicio del que salió culpable y con una condena perpetua. Nunca se le acusó del asesinato, pero igualmente se le aplicó todo el rigor correspondiente a un líder narco.
El juez federal Edward Rafeedie, del distrito central de Los Ángeles, había decidido la condena del mexicano aún antes de empezar el juicio. Se trataba, según lo vieron los analistas políticos locales, de involucrar en delitos de narcotráfico a las más altas esferas gubernamentales mexicanas por conducto de un importante miembro de las familias políticas en el poder.
Se llegó al colmo de señalar a otros ex presidentes, al secretario de Gobernación y a otros altos funcionarios, como participantes en el cónclave que decidió la ejecución de Camarena. Los ex mandatarios mexicanos, de acuerdo con las primeras declaraciones de los útiles testigos protegidos, habrían salido de la casa de Zuno Arce con maletas repletas de dólares como pago de su participación en el crimen
Con tales antecedentes, no debemos esperar justicia para los agentes mexicanos –y repito que no pido exoneración, sino juicio justo y, sobre todo, claridad en los hechos— ni información sobre las actividades extralegales de los policías gringos en nuestro país.
Carlos Ferreyra
Crónica
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