Declara juez inconstitucional la participación de las Fuerzas Armadas en el área de seguridad pública

Ciudad de México/16 octubre.- El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez declaró inconstitucional el acuerdo que ordenó disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años en el país, el cual considera “vago”.

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Además, el juez consideró que el acuerdo incorporó a las Fuerzas Armadas dentro del sistema de seguridad interior en tiempos de paz, lo cual obra en contra de lo ordenado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el fallo se menciona, “Cuestión que en materia de seguridad pública no puede darse. Como se expuso, al llevar a cabo tareas de seguridad pública en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no deben fungir como autoridades ordenadoras en el comando de las respectivas operaciones, pues su función es únicamente la de auxiliar, como autoridades ejecutoras, a aquellas del orden civil”.

Otro punto que mencionó es la falta de delimitación geográfica en la intervención de las Fuerzas Armadas tomando en cuenta que los problemas estatales en materia de seguridad son distintas.

El juez declaró que el acuerdo no establece una debida regulación de los protocolos sobre el uso de la fuerza, dado que, de hecho, no hace mención alguna sobre dicho tópico.

“De la interpretación integral de la norma reclamada, se podría concluir que, dado la coordinación y participación conjunta que existirá por parte del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina; entonces, cada una de dichas dependencias, será la encargada de analizar las actuaciones de sus elementos, pues es claro que cada una de dichas dependencias cuenta con órganos internos de control y/o de disciplina que se encargan de seguir los procedimientos correspondientes en contra de los servidores que no cumplen cabalmente con su actuar”.

La resolución puede ser apelada por el gobierno federal y solo beneficia a la organización que lo promovió. Como han explicado previamente integrantes de MUCD y otras organizaciones, la promoción de estos amparos forma parte de una estrategia sobre la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública, lo que ayudará que en un plan a futuro se pueda crear alguna jurisprudencia o que incluso llegue a la Suprema Corte.

Redacción /EstadoMayor.mx

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