Sentencian a 22 años de prisión a marinos por desaparición forzada de un civil ocurrida en 2013

Ciudad de México, 9 de marzo.- Cinco integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) fueron sentenciados a 22 de prisión por la desaparición forzada y asesinato de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en agosto de 2013 en el poblado de Colombia, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, luego de haber sido detenido tras denunciar agresiones y amenazas de un sujeto que resultó ser informante al servicio de los marinos.

Los sentenciados son el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, dentro de la carpeta procesal 9/2016-VIII, iniciada en el Juzgado Tercero de Distrito en Monterrey, Nuevo León.

Además de la sentencia a 22 años de prisión, el Juzgado Tercero ordenó que la SEMAR ofrezca una disculpa pública por la ejecución de Armando del Bosque Villarreal, que los marinos involucrados sean destituidos de sus cargos y se les inhabilite por un periodo de 10 años y seis meses para ejercer cualquier cargo público.

También se determinó que cada uno de los sentenciados pague poco más de 300 mil pesos como parte de la reparación del daño y 3 mil 885 pesos por gastos funerarios. El juez de la sentencia ordenó que el presidente municipal realice actos públicos en memoria de Armando y de su honor, señalando que se podría construir un monumento o poner su nombre a una calle de la localidad de manera perpetua.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, (CDHNL), Santiago Aguirre, director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, y Humberto del Bosque, padre de Armando Humberto, dieron a conocer en conferencia de prensa la histórica sentencia dictada en contra de personal naval por el delito de desaparición forzada.

Ramos y Aguirre señalaron que esta sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es histórica por varias razones: se trata de la primera dictada en contra de a SEMAR por el delito de desaparición forzada, este es el pronunciamiento de un juez, no de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia a la que los militares no respetan ni le hacen caso, y la Marina va a tener que cumplir con la sentencia.

¿Qué ocurrió en agosto de 2013? Raymundo Ramos y Humberto del Bosque relataron que Armando tenía problemas recurrentes con un sujeto que siempre andaba armado y lo amenazaba. Los familiares de Armando llamaron a la policía para que interviniera, pero los uniformados, al darse cuenta de quién era el sujeto pidieron el apoyo de la Marina.

Tres unidades de la Marina con unos 10 elementos cada una llegaron al sitio del pleito y en lugar de llevarse solo al agresor que estaba armado, se los llevaron a los dos. El señor Humberto vio todo lo que ocurrió y fue testigo de que los marinos detuvieron a su hijo y al agresor, pero al ir al cuartel el capitán le dijo que su hijo no estaba ah, que lo habían soltado y se había ido a Nuevo Laredo.

En esos momentos se enteraron que los marinos habían liberado al agresor y no solo eso; supieron además que esa persona era un delincuente y que además trabajaba para la Marina como informante. El padre de Armando le insistió al capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada que dejara libre a su hijo o le dijera en donde estaba, a lo que el Oficial de la Marina contestó mostrándole su arma y cortando cartucho.

Los elementos de la Marina involucrados en estos hechos viajaban en tres camionetas tipo pick up oficiales y además de llevarse detenido a Armando Humberto del Bosque Villareal, se apoderaron de un vehículo tipo Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro, y placas de Texas, que también abandonaron a quinientos metros de distancia donde estaba el cuerpo de la víctima, señaló en la conferencia el presidente de la CDHNL.

El jueves 3 de octubre de 2013 fueron localizados los restos de Armando Humberto en el interior del rancho Santa Cecilia, a poco más de dos kilómetros de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina; presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza, a manera de tiro de gracia.

El señor Humberto del Bosque presentó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desaparición forzada, integrándose la averiguación penal número AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/2013.

Entonces comenzó una odisea en la que la familia fue acosada por elementos de la Marina en distintos momentos del proceso en los que incluso se llegó al extremo de hacer que un helicóptero naval hiciera vuelo estático sobre la casa del señor Del Bosque para intimidarlo y obligarlo a salir.

Raymundo Ramos detalló que los familiares acudieron ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para solicitar su ayuda y denunciar los hechos, enviando escritos de queja al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

Se dio también la intervención de organismos internacionales para que conocieran del caso, ya que los antecedentes de impunidad en investigaciones que implicaban abusos de militares daban pie a que se dudara sobre cualquier indagatoria realizada por las autoridades involucradas.

Organismos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvieron conocimiento de lo ocurrido y registraron el caso con el número 09/2013, emitiendo una Carta Urgente al presidente Enrique Peña Nieto.

La CNDH abrió el expediente CNDH/2/2013/5769/Q, que a la postre, tres años más tarde, derivó en la Recomendación 11/2016 dirigida a la SEMAR y a otras autoridades estatales, sin embargo muchos de los puntos no fueron atendidos y los familiares y abogados de Armando acudieron a diversas instancias y siguieron caminos legales en México para lograr que se les hiciera justicia.

En septiembre del 2015, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez se entrevistó con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Monterrey, mientras que en octubre del mismo año, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo entregó un informe al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respecto a estos mismos hechos, recordó Ramos.

La sentencia alcanzada puede ser apelada por la SEMAR, están en su derecho de hacerlo, pero esperamos que esta no proceda dado el cumulo de pruebas y lo solido del caso, agregó Raymundo Ramos.

Los puntos fundamentales de la sentencia de 22 años de prisión son:

PRIMERO. Dentro de los autos que integran la causa penal 9/2016-VIII, se consideró acreditado el delito de desaparición forzada de personas, previsto por el artículo 215-A y sancionado por los diversos 215-B primer párrafo y 215-C del Código Penal Federal, así como la plena responsabilidad de 1. Raúl Enrique Sánchez Labrada; 2. Renato Juárez Arellanes; 3. Alfi Ahumada Espinoza; 4. Carlos Adán Verdugo Amarillas; y, 5. Eliseo Sánchez Patrón, en su comisión, en términos del numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal; por lo que se dicta en su contra SENTENCIA CONDENATORIA.

SEGUNDO. Por la responsabilidad penal que les resulta a 1. Raúl Enrique Sánchez Labrada; 2.Renato Juárez Arellanes; 3. Alfi Ahumada Espinoza; 4. Carlos Adán Verdugo Amarillas; y, 5. Eliseo Sánchez Patrón, se le impone a cada uno, las penas de veintidós años y seis meses de prisión, la destitución del su cargo y la inhabilitación por diez años, seis meses para desempeñar cualquier cargo público, en términos de lo dispuesto por el considerando sexto, por lo que una vez que cause ejecutoria esta resolución, se giraran los oficios correspondientes.

TERCERO. Como se establecidos en la consideración séptima, se condena a 1. Raúl Enrique Sánchez Labrada; 2. Renato Juárez Arellanes; 3. Alfi Ahumada Espinoza; 4. Carlos Adán Verdugo Amarillas; y, 5. Eliseo Sánchez Patrón, al pago de la reparación del daño, por las cantidades de $306,900.00 (trescientos seis mil novecientos pesos, 00/100, moneda nacional), por la desaparición de Armando Humberto del Bosque Villarreal; y, $3,885.60 (tres mil ochocientos sesenta y cinco, 60/100, moneda nacional), por los gastos funerarios.

CUARTO. Se suspende a los sentenciados en sus derechos políticos y civiles, de acuerdo con lo establecido en la consideración octava de esta sentencia.

QUINTO. Conforme a lo razonado en la consideración octavo de este fallo, se niega a los sentenciados, los sustitutivos de pena de prisión y beneficio de condena condicional, que contemplan los artículos 70 y 90, del Código Penal Federal.

SEXTO. Amonéstese a los sentenciados para prevenir su reincidencia, en los términos precisados en la consideración novena de este fallo.

SÉPTIMO. Cómo se ordenó el en considerando décimo primero de esta resolución, una vez que cause ejecutoria, gírese oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Nuevo León, con copia certificada de las denuncias ahí referidas, a efecto de que continúe el trámite correspondiente, en atención a que el denunciante se dolió de actos de tortura; y los demás efectos destacados en ese considerando.

En la sentencia se determina también que los padres de Armando Humberto del Bosque Villarreal notifiquen si desean “recibir la atención médica y psicológica, la cual les será proporcionada de forma gratuita por una institución pública o en su caso, acorde a lo previsto por el artículo 27 último párrafo de la Ley General de Víctimas, podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos Estatales, según corresponda…”

Otra de las Medidas de satisfacción de a sentencia exige que “…la Secretaría de Marina, realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguido de una disculpa pública de la dependencia y de los sentenciados, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades, como lo ordena el mismo artículo 73 de la Ley General de Víctimas, fracción IV y 30, fracciones VI y VII, del Código Penal Federal….”

Además, el Juzgado Tercero de Distrito determinó que “… el presidente municipal de dicho lugar realice actos que conmemoren el honor de Armando Humberto del Bosque Villarreal y preserven su memoria, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción VI, de la Ley General de Víctimas…”

Esto puede ser “mediante un monumento en la plaza principal del poblado de Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, o cambiar la nomenclatura de una calle por el nombre del hoy occiso, como acto de preservación de su memoria, mismo que deberá permanecer a perpetuidad como testimonio de la responsabilidad de los agentes de estado en la comisión del delito de desaparición forzada y tutelarlo por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León”, señala la sentencia.

Asimismo, el juez ordenó que “… el Secretario de Marina deberá hacer las gestiones que estime pertinentes para obtener un presupuesto o destinar una partida presupuestal para capacitación de todos los elementos castrenses a su mando en materia de derechos humanos, pues ello ayudará en gran medida a que no se vuelvan a repetir actos de la naturaleza como el que hoy se juzgan…”

Se instruyó también que, en cumplimiento a la Ley General de Victimas, la

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “realice todas las gestiones para dar cumplimiento a lo aquí ordenado y hecho que sea lo anterior, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, en la etapa de la ejecución de la pena…”.

@JorgeMedellin95

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