Cárceles bajo control del crimen

México, 29 de septiembre (SIempre.com.mx).- El diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es alarmante: en 60 % de las cárceles del país hay “autogobiernos y cogobiernos en algunos casos liderados por integrantes del crimen organizado que controlan la seguridad interna y las actividades y servicios”. El Estado, pues, no tiene control de tres de cada cinco cárceles, ya que las controlan los reos. Ese es el tamaño de la crisis penitenciaria que vivimos.

No hay en el país una expresión más degradante de la corrupción en la que está inmerso que la que se registra en esas cárceles, tan pretensiosa como equivocadamente llamadas “centros de readaptación social”.

¿Quién podría readaptarse, tras haber delinquido, viviendo inmerso en el delito?

Porque desde las cárceles se ordenan secuestros y se cometen homicidios, se trafica y se consume droga o se pagan cotidianamente cuotas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Todo eso  mediante el soborno a las autoridades penitenciarias.

El caso que más recientemente evidencia la corrupción y el caos imperantes en nuestro sistema penitenciario ocurrió el pasado lunes 17 de septiembre en Piedras Negras, Coahuila, con la fuga de 131 reclusos.

Primero se informó que habían sido 134 y que la fuga ocurrió a las dos de la tarde desde un túnel cavado desde la carpintería del penal hasta la calle. Al día siguiente, sin embargo, se dijo que los fugados, en realidad, eran 131 ya que tres mujeres a las que inicialmente consideraron evadidas fueron encontradas escondidas en el área de visitas conyugales.

Dos días después, cuando se permitió a los medios de comunicación ver el túnel, quedó claro que era imposible una fuga masiva por un conducto tan reducido, mal ventilado y endeble como se pudo corroborar que era.

Para el miércoles habían sido recapturados tres de los fugados y uno de ellos fue el que denunció que la fuga, en realidad, ocurrió a las cinco de la tarde en la puerta principal del penal con el apoyo de un grupo armado, presumiblemente los Zetas, y la complicidad de custodios y autoridades penitenciarias que quedaron arraigadas.

Cuando la investigación demandaba evidencia para documentar que la fuga había ocurrido por la puerta grande, se preguntó al secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Jorge Luis Morán, si ya habían sido revisados los videos de las cámaras de seguridad del penal. Fue cuando se supo que las cámaras no servían y cuando Morán reprochó que se criticara al gobierno estatal por culpa de unos funcionarios públicos traidores que ya estaban arraigados.

Una reacción igual de torpe —¿o cínica?— fue la que emitió vía Twitter Felipe Calderón al deplorar los hechos y declarar que el problema estaba en las cárceles estatales y municipales, no las federales, como si supusiera que ya olvidamos que fue de una de ésas, la de Puente Grande, Jalisco, de donde escapó en enero de 2001 el narcotraficante más buscado de México, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

En México hay 419 cárceles con capacidad para 188 mil 167 internos pero que, en realidad, albergan a 237 mil 566, es decir, están sobrepobladas por 48 mil 899 internos. Todas están atestadas lo que complica cualquier sistema de seguridad. Más o menos ocurre lo mismo en las 305 cárceles de los gobiernos estatales, en las 91 municipales, en las diez del Distrito Federal y en las trece del gobierno federal.

Y no pierda de vista este dato que cuestiona el afán de lavarse las manos que se percibe en la reacción de Calderón frente a la fuga de Piedras Negras:

De los 277 mil 566 presos que hay en el país, 187 mil 224 (el 78.8 %) están procesados o condenados por delitos del fuero común y 50 mil 342 (el 21.2 %) por delitos del fuero federal. Sin embargo, sólo 19 mil 52 reclusos procesados o condenados por delitos del fuero federal están en penales federales. Los otros 31 mil 290 están en penales de los estados o municipios.

Estamos, le decía, frente a un problema estructural de corrupción y de ausencia de políticas públicas que garanticen a cabalidad la readaptación social de quienes han infringido la ley.

Raúl Rodríguez Cortés

Opinión

Siempre.com.mx

 

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