México, 26 de septiembre (La Crónica).- No se trata de un fenómeno de México y tampoco reciente. Han pasado muchos años –sexenios– sin que se resuelva la crisis del sistema penitenciario ni la falta de capacidad para contribuir de manera efectiva a la reinserción social de los sentenciados o a la disminución de la incidencia delictiva.
El último evento lamentable se dio en el penal estatal de Piedras Negras, ubicado en Coahuila, siendo la segunda mayor fuga del sexenio de Felipe Calderón, superada sólo por la de 141 reos, ocurrida en diciembre de 2010, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de (CNDH), de 2010 a la fecha se tiene el de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.
De acuerdo con el , 60% de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales. Para dimensionar el , hay que considerar que la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomienda que al menos exista un custodio por cada 10 internos; sin embargo, en el caso de Piedras Negras sólo hay un custodio por cada 70 reos, y la misma situación se replica en otros centros penitenciarios del país.
En México existen 429 cárceles y casi la mitad de ellas albergan a más reos de los que deberían; es decir, existe sobre población en 212 y en algunos casos ésta es superior a 200%, aunque el promedio nacional fluctúa en 132%, siendo el Federal donde la situación es peor.
En el país hay 238 mil 269 reos, pero sólo existe una capacidad instalada para 189 mil 397 reclusos, lo que implica una sobrepoblación de 48 mil 872 internos. Además, el 70% de los reclusos del país se concentra en 13 entidades que representan los asentamientos urbanos más grandes o son estados con fenómenos crecientes de delincuencia organizada o de personas.
El 50% de la población penitenciaria se concentra en 28 instalaciones del país (ubicadas en Baja California, Jalisco, estado de México, Puebla, Sonora y Distrito Federal), que representan el 6.5% de la infraestructura; mientras que el restante 50% de la población penitenciaria se ubica en 401 centros, es decir, en el 93.5% de la infraestructura.
De acuerdo con la investigación realizada por la CNDH en centros de readaptación social, donde se encuentran presas dos terceras partes del total de la población penitenciaria del país, no sólo se detectó el autogobierno, sino además se documento privilegios a ciertos reos, objetos y sustancias prohibidas, así como fenómenos como el de la prostitución.
Además, los penales que salieron con las peores calificaciones fueron los localizados en el Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.
La sobrepoblación en los penales resulta uno de los problemas más graves y visibles de la crisis penitenciaria –pero sin duda no es el único–; la sobrepoblación genera un caldo de cultivo propicio para la corrupción y el surgimiento de mafias que controlan las cárceles, pero además es el motivo que no se mantenga una clasificación y separación adecuada de los internos en función de su peligrosidad, el tipo de delitos cometidos y el estatus legal en que se encuentran.
El sistema penitenciario del país no sólo está considerado por la ONU como uno de los peores del mundo, sino que además lleva una crisis de años y es una bomba de tiempo –los hechos recientes en los penales lo comprueba–. Mientras se continúe con la dinámica de desatención y falta de políticas públicas en la materia, el número de reos aumentará, no se logrará la adecuada reinserción del sentenciado y continuaremos con un profundo deterioro social, lo que en conjunto impedirá que triunfe cualquier política de seguridad pública, el tema que más lacera a la sociedad y del que demandan una pronta solución.
René Arce
Opinión
La Crónica
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