México, 23 de septiembre (La Crónica).- En buena hora el Presidente electo Enrique Peña Nieto demandó al colombiano Juan Manuel “respaldar el ajuste a la que en su momento esté haciendo mi gobierno” a la política de pública y combate al narcotráfico. Tal petición puede anticipar un efectivo en la estrategia insensata—así la denomina el Nobel Mario Vargas Llosa—aplicada en los últimos seis años. Lamentable estrategia entre cuyos más nefastos resultados está la escandalosa degradación del sistema penitenciario.
La por la grande de 131 reclusos del penal de Piedras Negras constituye la más reciente y palmaria del total fracaso de la política penitenciaria con visión integral, ofrecida por el presidente Felipe Calderón y su estratega consentido, Genaro García Luna, en los inicios de la federal que ahora da sus últimas boqueadas.
Repletas a reventar, con una población –según el VI Informe de Gobierno— de 237 mil 566 reos, en un total de 419 penales cuyo cupo es de 188 mil 167 internos, pero donde hay atestados 49 mil 399 más, las cárceles están convertidas en territorios dominados por la criminalidad, a uno y otro lado de los barrotes.
Con lamentable maniqueísmo, el jefe del Ejecutivo deploró la fuga del penal de Piedras Negras y se vanaglorió de la invulnerabilidad de las costosas fortalezas inexpugnables que son los reclusorios federales de alta seguridad. “en los últimos 6 años se han fugado más de mil reos de penales estatales. De los penales federales, ninguno”, escribió por Twitter. ¡Nada más eso faltaba!
Del referido total de penales 305 son administrados por gobiernos estatales, 91 municipales, 10 del Distrito Federal y 13 federales. Y del total de internos 187 mil 224 (78.8 por ciento) pertenecen al fuero común y 50 mil 342 (21.2 por ciento) al fuero federal. De estos últimos, sin embargo, los 13 penales federales albergan a 19 mil 52 reclusos, lo cual significa que los restantes 31 mil 290 se hallan confinados en cárceles de los estados y municipios.
No se necesita ser experto en materia de seguridad pública para darse cuenta de la realidad.
El sistema penitenciario en general, desde el bunker del cual se escapó —¿o lo dejaron salir?— Joaquín El Chapo Guzmán, hasta la más modesta cárcel municipal, está en situación de caos.
Prácticamente la totalidad de los reclusorios están carcomidos hasta los cimientos por la corrupción, presentan un peligroso nivel de hacinamiento, son espacios de toda suerte de actividades delictivas no sólo de presos, sino también de empleados y funcionarios, y en ellos el Estado de plano no existe. Así los encontró, es cierto; pero peor los deja, el gobierno de Calderón.
En 2007 había en el país 212 mil 841 presos, la cifra subió a 230 mil 943 en 2011, y hasta junio pasado era de los ya referidos 237 mil 566. En seis años la población carcelaria aumentó en 24 mil 725 confinados.
La población recluida lógicamente se halla en renovación constante. No se sabe cuántos ni quiénes, del total de reclusos, ingresaron en los últimos seis años. Pero al lado de los 80 mil muertos de la guerra contra el narco, las cifras prueban que durante el actual gobierno el régimen punitivo ha sido remplazado por la muerte. Los delincuentes, sin hipérbole, van no a la cárcel sino a la tumba.
En semejante escenario, infunde esperanzas el anuncio de Peña Nieto sobre el cambio de la estrategia insensata y la petición de respaldo a Santos.
El actual presidente de Colombia pasó de ser –en su carácter de ministro de Defensa— el brazo ejecutor de las cruentas políticas de Álvaro Uribe, a un arrepentido promotor de soluciones sin sangre a los conflictos sociales.
Sin ser un entusiasta impulsor de la legalización de las drogas, defendida con fervor aun por Vargas Llosa –el “Nobel de la Paz”, diría Josefina Vázquez Mota—, Santos comprendió al fin que nada bueno deja la guerra, ya sea al narco o la guerrilla.
El respaldo del colombiano a Peña Nieto puede entonces apuntar hacia una conjunción de esfuerzos pacifistas, capaz de contrarrestar la continuidad de la guerra contra las drogas. Una guerra a la cual el gobierno de Barack Obama –con Calderón como obediente acólito—se empeña en atar con nudo ciego a toda América Latina.
En plena transición gubernamental en nuestro país y en vísperas de la constitución en el Castillo de Chapultepec del pomposamente llamado Esquema Hemisférico de Cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional –que no es otra cosa que la generalización de la guerra antinarco—, una pléyade de funcionarios calderonistas acudió a arrodillarse en Washington ante sus supuestos pares.
Allá se reunió el Grupo de Consulta de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, obviamente para comprometer no al gobierno de Calderón, que ya va con el sol a la espalda, sino al de Peña Nieto, con acciones específicas a cambio de un puñado de dólares.
Posaron orondos para las fotos con Hillary Clinton, Janet Napolitano, Eric Holder y otros colaboradores de Obama, Patricia Espinosa, Alejandro Poiré, García Luna, Guillermo Galván, Francisco Saynez, Marisela Morales y varios más, quienes desde luego refrendaron su interés por la continuidad de la cooperación que ya no les tocará manejar.
En la tierra del ahora pacifista Santos y del guerrerista Uribe, en un artículo de prensa, Peña Nieto abogó por “una mayor cooperación en áreas como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, un flagelo cuyos tentáculos han comenzado a expandirse por todo el continente”. Un fenómeno –añadió—frente al cual “no se puede tener pacto ni tregua”.
Es cierto. Pero también es cierto que combatir el narco sin tregua ni pacto no debe equivaler convertir el país en un inmenso cementerio a punta de políticas represivas.
En lugar de lápidas y mausoleos México necesita construir escuelas, viviendas y hospitales. Y en lugar de sostener cárceles —sobrepobladas o no, con funcionamiento ejemplar o como territorio delictivo— requiere asignar becas e impulsar programas sociales para eliminar o al menos atemperar la pobreza extrema.
En las manos de Peña Nieto está la posibilidad de cambio o de seguir, obcecados, dándonos de topes con la realidad.
Aurelio Ramos Méndez
Opinión
La Crónica
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