México, 21 de septiembre (La Razón).- En los últimos años he propuesto, en reiteradas ocasiones, experimentar la concesión integral a particulares de por lo menos algunos reclusorios como una alternativa al sistema actual que, al fin, todo el mundo parece admitir que es un rotundo fracaso, casi bajo cualquier indicador con que se mida.
Hacinamiento, autogobierno, corrupción, tráfico ilegal de todo tipo de bienes (productos y personas), violación de derechos humanos, homicidios, fugas o motines, son más o menos los componentes habituales del paisaje penitenciario mexicano. Para solucionarlo se han construido más establecimientos, se ha contratado más personal, se han modernizado unos pocos códigos penales y de procedimientos penales, se ha tratado de hacer más expedita la procuración e impartición de justicia en uno que otro estado del país y nada, pero nada, parece funcionar. ¿Entonces?
Me gustaría repetir, casi literalmente, lo que he escrito en el pasado: “las prisiones operadas por particulares que desde hace dos décadas han venido creciendo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Chile, Francia o Alemania, entre otros países.
Lo que el estado hace es prestar un servicio público —al que está obligado— mediante una modalidad distinta y más eficaz: un particular puede atender el ciclo completo que va desde construir hasta operar un establecimiento penitenciario cumpliendo todas las condiciones, regulaciones, controles y supervisiones que le marca el gobierno contratante y éste paga por ese servicio. Como el incumplimiento de una sola de dichas condiciones conlleva no solo la cancelación del contrato sino penalizaciones económicas muy elevadas, el prestador del servicio tiene incentivos claros para impedir los problemas habituales que ahora vemos en las cárceles mexicanas y de otras partes.
Los datos son sugerentes: en algunos de los países donde hay prisiones privadas, 90 por ciento de los contratos son renovados año con año; las fugas y motines son prácticamente inexistentes; los estados registran ahorros de entre 10 y 25% en las asignaciones presupuestales para este rubro; el trato es más humano y de mayor calidad hacia los reclusos y, de hecho, como documentó la oficina de Servicios Penitenciarios de Gran Bretaña, las cárceles privadas son las que muestran mayores progresos en controlar el abuso, en el cuidado de la salud y en la prevención de los suicidios.
¿Es esta la única fórmula para el problema penitenciario mexicano? No, pero sí es parte muy importante junto con una reforma penal integral que por ejemplo aligere la prisión preventiva, promueva sanciones alternativas a la cárcel y flexibilice algunos tipos delictivos”.
El deterioro de la situación en México es, en efecto, grave y sugiere que el modelo vigente, tal cual, sencillamente no funciona. Y mientras no se intenten innovaciones audaces, ciertamente controvertidas, seguiremos viendo con frecuencia una película de terror.
Otto Granados
La Razón
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