Se le frustra a la Sedena venta del Campo Militar 1-F (I)

México, 30 de julio.- La dependencia ya había destinado 20 mil millones de pesos para cubrir los gastos de desincorporación y el proceso de venta del predio a un grupo constructor, pero en el camino se encontró con obstáculos jurídicos y con la negativa del gobierno capitalino para conseguir el cambio de uso de suelo debido a problemas ecológicos y de urbanismo.

A cinco meses de concluir la tortuosa administración del presidente Enrique Peña Nieto, la institución que encabeza el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, dio un giro inesperado en uno de sus proyectos más ambiciosos al no continuar con el proceso de desincorporación y venta de las 125 hectáreas del predio que ocupa el Campo Militar 1-F, en Santa Fe, sede, hasta hace unos meses, de las fábricas de la Industria Militar.

Los planes de la Sedena para vender el terreno de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados que constituye en Campo Militar 1-F comenzaron a principios de 2017, cuando empresas constructoras se acercaron a la secretaría mientras esta preparaba la mudanza de una parte importante de las naves de la Industria Militar hacia el Municipio de Oriental, en el estado de Puebla, para levantar en el parque industrial de La Célula sus nuevas instalaciones.

Sin embargo, el proyecto de la Sedena para vender los terrenos del campo militar se fue complicando cada vez más no solo porque el predio es propiedad federal, atraviesa zonas boscosas y ecológicas (el Río Tacubaya), sino porque la superficie iba a ser vendida a un grupo desarrollador para construir condominios y centros comerciales, incrementando los problemas de abasto de agua y movilidad en una zona de suyo conflictiva.

La Sedena inició los trámites para la desincorporación del predio cuya venta estaba considerada como parte fundamental del desarrollo que ya está en marcha en Puebla, en donde quedará asentada la nueva sede de la Industria Militar.

Documentos oficiales de la dependencia dan cuenta de una parte del proceso administrativo que se vivió entre la secretaría, el gobierno de la Ciudad de México y otras instancias vinculadas con los procedimientos para darle curso al proyecto que finalmente fue desechado por la Defensa Nacional.

El 24 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual el predio quedaba desincorporado y se autorizaba su venta mediante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Desde esa fecha la Sedena y el gobierno de Mancera se enfrascaron en un pleito sordo en el que, luego de una veintena de reuniones entre mandos militares y funcionarios del gobierno capitalino, el diferendo llegó a un punto muerto.

Un grupo de empresarios de la construcción que ya había avanzado en acuerdos con la Sedena para la compra del predio y su posterior urbanización residencial y comercial, presionaba para lograr el cambio de uso de suelo, mientras grupos de vecinos y activistas políticos como Gerardo Fernández Noroña advertían sobre el riesgo ecológico y los graves problemas de abasto de agua y el colapso de servicios en la zona si construía el desarrollo inmobiliario sobre lo que era el Campo Militar 1-F.

En septiembre de 2017, y desde otra trinchera, Fernández Noroña citaba a conferencia de prensa para revelar las intenciones de la Sedena para lograr la enajenación del predio y su posterior venta a particulares para construir un desarrollo inmobiliario en ese lugar.

Noroña mostró documentos oficiales auténticos que le fueron entregados por personal vinculado al caso y otros papeles obtenidos vía transparencia, con datos, cifras y detalles del estira y afloja entre la Defensa Nacional y el gobierno de Mancera, por lo menos desde febrero de 2017.

El grupo de empresarios y constructores que se perfilaba con mayor interés y posibilidades para adquirir el predio era el Grupo IUSA, de Carlos Peralta, de acuerdo con los señalado en septiembre de 2017 por Fernández Noroña.

Lo revelado por el activista mostraba una dinámica tortuosa y de opacidad constante de los mandos militares, comenzando por el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) que encabeza el general Alejandro Saavedra Hernández.

El oficio SP-C6000/4212/2017 emitido por el EMDN con carácter de “URGENTE” el 28 de julio de 2017, señalaba que de acuerdo con lo propuesto por el DN-3 (el general Eduardo Emilio Zárate Landero, Oficial Mayor de la Sedena), se solicitaba a la Secretaría de Hacienda publicar en su portal el registro de dos proyectos de inversión de la Sedena que serían materializados con los recursos obtenidos con la venta del predio de Santa Fe.

Además, se ordenaba a los mandos y oficiales elaborar los proyectos y presupuestos para la desincorporación del predio del Campo Militar 1-F con un techo máximo de endeudamiento de 20 mil millones de pesos. Y aquí lo más importante; se ordenaba también que una vez concluido el proyecto ejecutivo se pasara a los proyectos de inversión y que cada proyecto fuera por un monto máximo de 500 millones de pesos, “como lo recomendó la S.H.C.P., a fin de evitar que el proyecto sea objeto de observaciones y solicitudes de información por parte de la población (sic), en el concepto que el nombre del proyecto integral se considerará como Transformación y Modernización de la Industria Militar”.

Los documentos presentados por Gerardo Fernández Noroña nunca fueron desmentidos, corregidos o cuestionados por la Sedena.

En ellos -solo una pequeña parte del total de oficios y mensajes enviados entre los mandos de la dependencia para darle seguimiento al proyecto de enajenación- se muestra detalles de la opacidad, la discrecionalidad y los recursos con los que la Secretaría de la Defensa Nacional buscó alternativas para conseguir que el gobierno de Miguel Ángel Mancera accediera a cambiar el uso de suelo para el predio del Campo Militar 1-F.