México, 19 de junio.- La Semar reconoce que desde el 1° de junio, elementos de sus Fuerzas Especiales que operan en Tamaulipas y Nuevo León fueron separados de sus actividades y se les trasladó a la Ciudad de México, para quedar a disposición de la PGR y la CNDH.
En un hecho inédito en las relaciones entre instituciones civiles y militares en México, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) permitió que visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inspeccionaran sus cuarteles ubicados en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en el marco de una investigación federal para determinar si elementos de la Semar han participado en la detención ilegal y desaparición forzada de civiles.
En un comunicado emitido este lunes, la Marina señala que está colaborando con autoridades federales e instituciones civiles en la investigación que encabezan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a las denuncias por la presunta detención ilegal y desaparición forzada de 31 personas en varios puntos del estado de Tamaulipas.
Las desapariciones han sido denunciadas por civiles en forma aislada y por organizaciones pro derechos humanos como al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) que encabeza el activista Raymundo Ramos, quienes han señalado en reiteradas ocasiones los abusos cometidos por personal que aparentemente pertenece a la Infantería de Marina.
Los denunciantes han señalado que uniformados con logotipos de la Marina en sus chalecos tácticos o bien personal de la Marina a bordo de vehículos civiles o rotulados con las características de los que usan los elementos de la Semar, han realizado detenciones sin orden de aprehensión y se han llevado a hombres y mujeres a sus instalaciones o a otros puntos desconocidos.
En algunos casos, sus cuerpos aparecen en tramos carreteros que unen a Tamaulipas con Nuevo León, en lugares que, a decir de Raymundo Ramos, se han convertido en tiradero de cadáveres por parte de la Marina. Sin embargo, la mayoría continúan en calidad de desaparecidos.
La CDHNL ha documentado innumerables casos de abusos de militares y marinos cometidos en Nuevo Laredo y en los que se ha demostrado la participación de personal castrense. Las denuncias se han multiplicado y las protestas de los familiares se han incrementado hasta legar a bloqueos carreteros, marchas y plantones exigiendo que se investigue lo ocurrido.
La situación llegó al límite cuando, en la última semana de mayo de este año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNU-DH) para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, presentó un informe detallando algunos casos de desapariciones forzadas probablemente cometidas por marinos, haciendo énfasis en la presunta responsabilidad de la Marina.
El pronunciamiento de Zeid Raad hizo que la PGR y la CNDH se pronunciaran de inmediato para iniciar la investigación de los casos denunciados. Ambas instituciones enviaron personal especializado a Tamaulipas y Nuevo León para las indagatorias, mientras que el alto mando naval ordenaba que se colaborara en todo con las autoridades para esclarecer la actuación de los marinos.
Este lunes, la Marina dio a conocer que está atendiendo las medidas cautelares solicitadas por la CNDH para colaborar plenamente en las investigaciones. Además, señaló que ha abierto sus cuarteles navales en Tamaulipas y Nuevo León para que visitadores de la comisión y peritos de la PGR revisen las instalaciones, hagan entrevistas y tomen declaraciones para determinar si las denuncias son ciertas.
Fuentes navales indicaron que los visitadores de la comisión ingresaron a los cuarteles de la Marina, junto con peritos de la PGR, en la primera semana de junio para recebar elementos en torno a las denuncias presentadas.
En su comunicado, la Marina dio a conocer siete puntos en los que resume el acatamiento de la institución a las medidas solicitadas por la CNDH:
- Primera: se ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos, así como cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH.
- Segunda: se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas.
- Tercera: se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente. En aquellos casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales.
- Cuarta y quinta: se garantizan condiciones adecuadas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando los hechos referidos, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente asisten.
- Sexta: se brinda ayuda inmediata y asistencia a las y los familiares de las personas desaparecidas.
- Séptima: se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendidos o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas.
Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
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