Bitácora de Vuelo

México, 22 de febrero.- ¿A cuánto ascenderán los pagos a civiles afectados? ¿Qué tan pronta, eficaz y transparente será la atención del gobierno federal y de la Defensa Nacional?

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La sangría dejada por la guerra contra el narcotráfico iniciada en el gobierno de Felipe Calderón y las miles de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los abusos militares y navales obligaron a que al final de su mandato -en el 2012- se ordenara crear un Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo.

Con ese fideicomiso, que inició y se ha mantenido con una suma de 18 millones de pesos cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó a cubrir indemnizaciones y pagos por reparación del daño a familiares de civiles abatidos por militares o abusados en forma violenta (violaciones y abuso sexual, detenciones ilegales, cateos ilegales, robos, golpes, lesiones, torturas) por tropas en el curso de operativos o en el marco de movilizaciones y patrullajes.

Enrique Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos conservaron la idea del fideicomiso y lo han mantenido vigente, con la misma suma, desde que fue creado. Lo hicieron porque esa parte del combate al crimen organizado, la de los daños colaterales, no ha variado. Por el contrario, ha ido en aumento.

En 2011, sin la creación del fideicomiso y sin la existencia de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), la Sedena se vio obligada a proporcionar datos mediante la Ley Federal de Acceso a la Información acerca de la cantidad de dinero pagada como indemnización y reparación del daño.

En mayo de 2011, en respuesta a varias solicitudes de información, la Defensa Nacional reveló que la cifra de dinero pagada en promedio por cada civil muerto de manera accidental o en fuego cruzado durante operativos antidroga era de unos 147 mil pesos.

Mientras que a las familias de miliares caídos en acción la Sedena que encabezó el general Guillermo Galván Galván se les dio una indemnización de alrededor de 784 mil pesos. Esta cantidad fue pagada a los deudos de los 153 militares fallecidos en el contexto de las operaciones contra el narcotráfico (no necesariamente en combate) registradas entre 2007 y 2011.

Así, la cantidad cubierta por la Sedena en las familias de soldados, oficiales y jefes muertos en los años de la guerra antinarco de Felipe Calderón fue de 119 millones 952 mil pesos aproximadamente.

Los fallecimientos del personal de la FAM y el pago a sus deudos también han sido objeto de preguntas y, por supuesto, de negativas por parte de la Sedena. Sin embargo, la dependencia ha tenido que abrir sus archivos y responder sobre este tema. Una nota del sitio Animal Político publicada el 31 de mayo de 2011 señala que al contestar al cuestionamiento sobre las indemnizaciones a los deudos de militares muertos en accidentes de aeronaves de la FAM, la dependencia indicó que el apoyo que por ley deben recibir los deudos era de 100 mil dólares a cada familia.

Lo anterior, porque se trataba de elementos con una cobertura de seguros de vida distinta, ya que manejan equipos clasificados como de alto riesgo.

Pero lo de Oaxaca es distinto. No fue una acción armada como las que se registraban en Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa o Michoacán, en las que civiles que conducían automóviles y por alguna razón no se detenían en un puesto de revisión eran abatidos por soldados con armas de alto poder, incluyendo familias enteras.

Fue un terrible accidente producto de una mala decisión, causado por la impericia, aguzado por la presión de los mandos, alimentado por la urgencia de un secretario para atender una emergencia en la que hasta esos momentos no se habían registrado fallecidos como consecuencia del sismo.

Todos los elementos e ingredientes para una tragedia de origen militar y de consecuencias civiles.

 

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estadomayor.mx

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