México, 8 de septiembre (Excelsior).- La siguiente administración federal tendrá diversos desafíos de enorme importancia. Algunos de éstos son claramente visibles en las áreas de seguridad y procuración de justicia. Otros están también a la vista, como la debacle de la imagen de México en el exterior, así como su liderazgo.
Sin embargo, una de las consecuencias más desgarradoras de las políticas públicas del presente gobierno, particularmente de las enfocadas en combatir al crimen organizado, concierne precisamente en la falta de atención que hubo respecto a la protección de los derechos fundamentales.
Durante esta administración se decidió combatir frontalmente a los cárteles del narcotráfico sin atender todas las aristas de una estrategia de seguridad integral, en la que estuviesen contemplados diversos aspectos, incluida por supuesto una política de aproximación y cuidado de estos derechos.
El resultado es una escalada brutal en el número de casos que se han presentado ante las instancias correspondientes a nivel federal y también en las comisiones estatales. Lo peor es que el reflejo de esto se ha dado también a nivel internacional, ya que México es parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Conformado por la Comisión Interamericana, con sede en Washington D.C., y la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica, el Sistema es uno de los avances democráticos más importantes en la historia del continente americano.
El compromiso de nuestro país en la materia durante las últimas décadas le ha valido una gran reputación a nivel internacional (México ocupó, por ejemplo, la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; ha tenido presidentes de la Corte Interamericana y actualmente son connacionales el presidente y el secretario ejecutivo de la Comisión); sin embargo, este posicionamiento ha sufrido una caída estrepitosa en los últimos años por la violación masiva de derechos humanos y la multiplicación de casos ante la Comisión Interamericana.
Paradójicamente, por la naturaleza y los tiempos del proceso en cuestión, los informes definitivos que esta institución emita, así como las sentencias que en su momento dicte la Corte Interamericana al respecto, deberán ser acatadas por la siguiente administración (se sanciona al Estado, independientemente del gobierno que haya cometido las violaciones).
Al respecto, durante los últimos meses, tanto el Poder Legislativo como el Judicial han hecho lo propio para estar a la altura de las circunstancias. Lamentablemente y a pesar de tener extraordinarios funcionarios públicos especializados, el jefe del Ejecutivo federal no tuvo dentro de sus prioridades el diseño de estructuras internas suficientes para coadyuvar y conducir a la ejecución eficaz de este tipo de resoluciones.
Es decir, México, y en particular la próxima administración, se encuentran ante el grave riesgo de incurrir sistemáticamente en violaciones a sus obligaciones internacionales.
En este sentido, uno de los grandes retos del próximo gobierno y en donde puede además marcar una clara y deseada diferencia, será en diseñar una política transversal que refleje su compromiso con el respeto a los derechos humanos, así como con las instancias internacionales de las que es parte para su promoción y protección.
Con este tema apasionante y estas últimas líneas me despido de mis lectores, ya que ahora concentraré mi energía en nuevos proyectos profesionales y académicos. Les agradezco, al igual que a Excélsior, la oportunidad de haber compartido durante varios años este espacio de reflexión y análisis. ¡Hasta pronto!
Gemi José González
Opinión
Excélsior