Las cárceles en México

Si no se tiene el control de cuatro paredes,
no se puede tener el control de las calles.

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Mtro. José Patricio Patiño Arias

 

México, 15 de diciembre.– El Sistema Penitenciario Mexicano es uno más componentes de la seguridad pública que acusa más rezago y abandono, incluso en su conceptualización, pues depende de decisiones políticas y no de seguridad. En la práctica, ha sido difícil la comprensión de sus funciones y la articulación de sus actividades.


Durante los últimos 12 años, la rápida evolución de los fenómenos delictivos con sus dimensiones transnacionales, el incremento de la delincuencia y la violencia en el país, el nuevo perfil de los delincuentes y políticos corruptos y el escalamiento de los esfuerzos del Estado Mexicano por acotar estos fenómenos, llevaron a replantear la vinculación del sistema penitenciario mexicano con la seguridad pública y la necesidad de crear instituciones especializadas en las funciones de seguridad, en todas sus dimensiones, con un sentido integral y articulado.

Prevalece el enfoque que durante tanto tiempo ha definido a las estructuras penitenciarias como administraciones carcelarias centradas en la contención más que en acciones de Reinserción, ocasionado por la constante insuficiencia de recursos y el crecimiento sostenido de la población, lo que ha imposibilitado contar con la infraestructura suficiente y ha generado sobrepoblación, en detrimento de las labores de readaptación. El sistema penitenciario mexicano creció en instalaciones carcelarias y en población interna. Pero no se desarrolló.

La Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal significan que el principal cambio es la sustitución del concepto de readaptación por el de reinserción social. Uno de los impactos: la persona privada de la libertad deja de ser vista como inadaptada.

Se trata de una persona que quebranto una norma y se salió del orden social, por lo cual la sociedad le impone una pena, pero las condiciones de su cumplimiento conllevan también la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse en el orden social.

Con ello, el individuo tiene que estar en el centro de toda estrategia penitenciaria, pero en relación al orden social que ha roto; el sistema penitenciario debe buscar los caminos para ayudarlo a restablecer sus vínculos con la sociedad y reparar, de forma consciente, el daño ocasionado. Para la reinserción no es suficiente que el privado de su libertad cambie; requiere de un soporte social más amplio que ayude a que, una vez fuera del centro de reclusión, encuentre opciones reales para evitar delinquir de nuevo: trabajo estable, aceptación social y el apoyo familiar.

La Constitución establece los cincos elementos que deberán detonar la reinserción del sentenciado: el trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte.

La reforma judicial, como parte del esfuerzo de reinserción, el trabajo puede ser el elemento que reconcilie a la sociedad con el infractor, y viceversa, en un esquema en que ambos se beneficien.

La Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

La Constitución establece algunas de las condiciones que deberán existir para hacer de la reinserción una realidad: la separación entre internos procesados y sentenciados; instalaciones exclusivas para Privadas de su Libertad femeninas; un régimen de internamiento distinto para los miembros de la delincuencia organizada o sentenciados de alto grado de peligrosidad; la posibilidad del sentenciado de compurgar su sentencia cerca de su lugar de origen o comunidad; el establecimiento de un sistema de justicia separado para adolescentes; así como la creación de opciones para la justicia pronta y expedita, como los juicios orales, la mediación y las medidas alternativas a la privación de la libertad.

Es esencial reconocer el papel que desempeñan las Entidades Federativas ya que por una parte, se necesitan instituciones sólidas, con buena infraestructura, equipamiento y capacitación de personal para albergar el creciente número de detenidos, que genera el enfrentamiento con la delincuencia; y por la otra, en la medida en que los centros penitenciarios dejen de ser escuelas del crimen, la sociedad estará más segura.

Una reinserción exitosa cerrará las puertas a la reincidencia y truncará la carrera criminal de aquéllos que ya pasaron por la reclusión. Esto se logrará en la medida en que se cuente con una infraestructura adecuada y diferenciada, que se garantice el cumplimiento de las sentencias y se dé certidumbre a la sociedad de que las personas recluidas, ya sea por estar sujetas a un proceso judicial o por estar compurgando su pena, no representen un riesgo.

El reto del sistema penitenciario mexicano es implementar una estrategia para recuperar a las cárceles de la crisis en las que están inmersas y transformarlas en espacios que retribuyan a la sociedad, mediante la reinserción exitosa de las personas privadas de su ibertad; que se conviertan en centros sustentables para que dejen de ser una carga fiscal y, por el contrario, generen medios para cubrir una parte de sus gastos de operación, mantener a las familias de los privados de su libertad, reparar el daño cometido en contra de la sociedad.

Se debe establecer una estrategia que saque a las cárceles de la crisis que se tiene como una mejor percepción de ellas ante la sociedad para transformarlas en instituciones robustas, seguras y dignas, enfocadas al cumplimiento de la pena y a la instrumentación de programas de reinserción social. Esta estrategia atiende a los elementos jurídicos, organizacionales, de infraestructura, financieros y operativos que han estancado y corrompido al sistema penitenciario desde su existencia.

Se expresa, de manera operativa, en el diseño e implementación de los programas de reinserción; en la homologación del diagnóstico, de la normatividad aplicable en materia penitenciaria, del tipo de instalación para la reclusión y en la formación y capacitación del personal penitenciario del país. Asimismo, se busca cerrar espacios a la corrupción, transparentar los procesos penitenciarios y sumar las aportaciones de otras instituciones gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, de los sectores productivos y de la sociedad civil a la implantación exitosa de la estrategia, como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Los centros penitenciarios tienen que estar enfocados a la educación (no universidades del crimen) a la formación en valores y al desarrollo de habilidades para el empleo necesarios para la reintegración exitosa a la sociedad de los sentenciados.

Conforme al nuevo marco legal y siguiendo el discurso histórico sobre readaptación social del Estado Mexicano, la sentencia de prisión deberá servir para capacitar al Privado de su libertad y proveerlo de las habilidades necesarias para regresar a la sociedad como un individuo productivo y respetuoso de la ley.

Estos centros tienen que estar en condiciones de ofrecer educación básica hasta superior y capacitación para el empleo, pero no sólo en las aulas; deberán buscar que la formación se refleje en las actividades y vida diaria de los privados de su libertad. Esto significa que se fomente el trabajo solidario y en equipo entre los reclusos, en condiciones de igualdad y dignidad mediante la capacitación en valores.

Se debe busca una sustentabilidad para el Sistema Penitenciario actual, está planteada en su acepción más amplia, como un proceso que busca garantizar el bienestar de la población, la prosperidad económica y la preservación del medio ambiente. Se propone que sean instituciones que generen recursos para su sostenimiento en la mayor medida posible, de modo que se liberen recursos fiscales para programas que beneficien a la sociedad. El reto es lograr que desde los centros penitenciarios se incluyan condiciones de sustentabilidad: recolección y potabilización de agua de lluvia, captación de energía solar y espacios especialmente diseñados para la industria y el empleo penitenciario, con criterios de rentabilidad social.

El Modelo Penitenciario busca hacer una realidad el mandato que la Constitución de lograr la reinserción social del privado de su libertad, entendido como un programa de atención integral, que buscará generar las condiciones personales necesarias para recluso emprenda el camino de la reinserción desde su ingreso al centro penitenciario, conjugando actividades que permitan a estas personas asumir la dignidad de su persona y de su entorno, como detonadores del proceso de reinserción.

De forma gradual, el privado de su libertad podrá registrar el logro de metas específicas que den cuenta de los avances en su persona el cual medible el cumplimiento de los objetivos establecidos, se diseñando un sistema de puntaje, auditable y asociado a un sistema de incentivos, para que el privado de su libertad y su familia puedan valorar su evolución.

Con este sistema, el privado de su libertad podrá demostrar su higiene personal y la limpieza de las instalaciones donde vive en reclusión; demostrar el aprovechamiento de su tiempo libre, en donde la prioridad es el cumplimiento de actividades educativas que fortalezcan su formación académica y en valores/personal; así como participar en rutinas físicas que contribuyan a tener un buen estado de salud. Estos serán los pasos por los que deberá pasar el privado de su libertad antes de que pueda participar en actividades de mayor responsabilidad, como la capacitación para el trabajo y las actividades laborales remuneradas dentro de los centros de internamiento.

El proceso de reinserción va de la mano con la construcción de instalaciones penitenciarias adecuadas, organizadas bajo el modelo de complejos penitenciarios, la existencia de instalaciones destinadas a poblaciones con distintos grados de riesgo supone la posibilidad de alternar a los internos de instalación, sin vulnerar la seguridad de la sociedad, es decir, a mayor riesgo de los privado de su libertad corresponderán instalaciones con menor libertad de movimiento, interacción con otros privado de su libertad y cantidad de incentivos. Por el contrario, a menor riesgo de la población, corresponderán instalaciones con más incentivos y oportunidades de interacción.

Con este planteamiento, el programa de reinserción social tiene como pilares el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, pero no vistos como elementos aislados, sino como partes de un proceso estructurado que prepare al privado de su libertad para retornar a la vida en libertad. Los ejes de este programa de reinserción social, están enmarcados en un esquema que subraye la importancia de los valores en la comunicación custodio- reo-familia-comunidad.

Para que el proceso de reinserción sea exitoso, no es suficiente que participen solamente el gobierno y el reo, es vital el apoyo y acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. El privado de su libertad tendrá que desarrollar las habilidades para su reinserción y comprometerse con el proceso, con sus familias y la comunidad.

El sistema penitenciario tiene como mandato establecer las condiciones necesarias para implementar exitosamente los programas de reinserción. Sin embargo, los sectores productivos juegan un papel crucial para darle contenido a la industria penitenciaria, al hacer de ella el preámbulo para el retorno del individuo a la vida productiva.

Es por ello, que el trabajo penitenciario tiene que ser un medio de dignificación del que fue privado de su libertad. Se debe crear una política nacional de trabajo penitenciario remunerado, que regule y estandarice las condiciones laborales y que contribuya a la sustentabilidad de los centros y una vez que obtengan su libertad incorporarlos a la vida productiva a través de una corresponsabilidad con las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura o sus equivalentes en las entidades federativas como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Para cumplir con lo antes expuesto, se deben establecer alianzas con la iniciativa privada para crear proyectos de inversión en procesos de reinserción y abrir espacios para la producción dentro de los centros, que den capacitación y empleo a los reos, de modo que puedan reparar el daño ocasionado a la sociedad, contribuir a la manutención de sus familias y estar preparados, en el momento de su liberación, para reintegrase a sus comunidades como miembros responsables con capacitación y hábito de trabajo, y esto es apenas el comienzo de temas relacionados que abordaré con posterioridad; como son: la transformación de los centros de reclusión en centros para la reinserción, la sustentabilidad de los centros penitenciarios, el proceso de reinserción, la industria penitenciaria y la profesionalización del personal penitenciario.

Ricardo Tejeda de Luna*

*Ex subsecretario del Sistema Penitenciario de Quintana Roo, ex Director General en Centros Federales y otros cargos públicos.

 

EstadoMayor.mx

 

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