México, 3 de septiembre (Redacción).- Desde el inicio de esta administración, el Gobierno del Presidente de la República asumió como uno de sus compromisos fundamentales el fortalecimiento del Estado de Derecho, el absoluto respeto a los derechos humanos, la transformación de los sistemas de justicia, de seguridad y penitenciario, y refrendó su responsabilidad constitucional y ética para combatir con firmeza al crimen organizado a través de la Estrategia Nacional de Seguridad. Como resultado de esta Estrategia Nacional, México cuenta hoy con los cimientos institucionales para consolidar una seguridad auténtica y duradera.
La Estrategia Nacional de Seguridad, cuenta con tres componentes: contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, así como reconstrucción del tejido social y prevención del delito.
En materia de contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, se ha combatido de manera frontal a todas las organizaciones delincuenciales y se ha logrado desarticular su operación y mermar sus capacidades de afectación mediante aseguramientos históricos: resultado del despliegue permanente de las
Fuerzas Federales en operaciones de erradicación y aseguramiento de drogas ilícitas, de diciembre de 2006 a julio de 2012 se evitó que llegaran a las calles más de 345.9 millones de dosis de cocaína; 62,978.9 millones de dosis de marihuana y de 1,693.1 millones de dosis de heroína, que en conjunto equivalen a 14,466.8 millones de dólares.
De diciembre de 2006 a julio de 2012, las Fuerzas Federales lograron inhabilitar al 60%, es decir a 22 de los 37 presuntos criminales más peligrosos del país de acuerdo con la lista publicada en marzo de 2009 por la Procuraduría General de la República.
Se ha combatido con firmeza al secuestro. Las acciones de inteligencia y el equipamiento tecnológico de que disponen los elementos policiales, se han traducido en operativos antisecuestros efectivos, que permitieron en esta administración (2007-julio 2012) conseguir la liberación de 7,939 víctimas de privación ilegal de la libertad, la captura de 8,597 presuntos secuestradores y la desarticulación de 1,210 bandas.
Con respecto al segundo componente, durante la presente administración se han generado importantes cambios legales, organizacionales y tecnológicos, que han permitido avanzar en el establecimiento de un nuevo modelo tanto de policía como de Ministerio Público, para hacer frente de forma más eficaz a la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción, así como atender rezagos del sistema penitenciario, respetando irrestrictamente los derechos humanos tanto de las víctimas como
de los que cometen delitos.
Se ha afrontado el reto de profesionalizar y depurar a las instituciones policiales y de procuración de justicia, con evaluaciones de control de confianza para ingreso, permanencia y ascenso, lo que ha permitido combatir la corrupción e infiltración del crimen organizado; en esta administración, la totalidad de los elementos de la SSP y de la PGR han sido evaluados. En el mismo sentido, se dio un impulso sin precedentes a la formación y capacitación policial de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización.
El estado de fuerza de la Policía Federal se quintuplicó al pasar, de 6,489 elementos en diciembre de 2006, a 36,940 a junio de 2012, de los cuáles el 20.2% son mujeres con presencia en tareas de análisis e investigación, intervención, control de multitudes y paracaidismo. De 2008 a junio de 2012 se integraron a la PF más de 8,600 jóvenes con perfil universitario, egresados de las carreras de ingeniería, química, biología, informática, derecho y psicología, entre otras, quienes han contribuido a darle un nuevo perfil a la corporación y a reforzar las tareas de inteligencia con la aplicación de métodos y herramientas técnicas y tecnológicas en la ejecución de la política de seguridad pública en contra de la criminalidad.
Se constituyó la Plataforma México para fortalecer los esquemas de colaboración e intercambio de inteligencia entre las instituciones de seguridad del Gobierno Federal, así como con las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública, las instituciones estatales de procuración de justicia y agencias de seguridad de otros países. Con lo anterior, se potencializó la generación de inteligencia operativa en contra del crimen organizado y sus redes transnacionales. Además, se puso en operación el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) al que tienen acceso las 32 entidades federativas para el registro, consulta y generación de estadística de información criminal.
Actualmente las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno utilizan el Informe Policial Homologado (IPH) en el levantamiento, captura, revisión y envío de información sobre hechos delictivos, lo que ha representado un avance en la homologación de métodos, procesos y procedimientos policiales conforme a estándares internacionales. De 2009 a agosto de 2012 se registraron 5,320,092 eventos reportados por las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno. El Gobierno Federal ha trabajado para superar el rezago estructural y de operación existente en el Sistema Penitenciario Nacional, lográndose el escalamiento de infraestructura en penales de máxima seguridad federales a efecto de que antes de que finalice esta administración, se atienda la totalidad de la población de internos del fuero federal. En diciembre de 2006 existían seis centros penitenciarios federales con capacidad para 6,192internos; en junio de 2012 se cuenta con 13 centros penitenciarios con capacidad para 18,684 internos: la Colonia Penal Federal Islas Marías, el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), el Centro Federal Femenil Noroeste y los CEFERESOS No. 1 “Altiplano”, No. 2 “Occidente”, No. 3 “Noreste”, No. 4 “Noroeste”, No. 5 “Oriente”, No. 6 “Sureste”, No. 7 “Nor-Noroeste”, No. 8 “Nor-Poniente”, No. 9 “Norte” y el No. 10 “Nor-Noreste”.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, éstas mantienen una organización operativa y administrativa que garantiza la soberanía y seguridad nacionales y el desarrollo de las actividades productivas, sociales y culturales.
En esta administración fortalecieron su destacada participación en actividades de vigilancia del territorio nacional y mar patrimonial, labor social y auxilio a la población civil en casos de desastre. De 2007 a junio de 2012 efectuaron cerca de 1.6 millones de operaciones de protección y vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales.
Entre diciembre de 2006 y agosto de 2012 el personal militar y naval de menores ingresos ha visto incrementado en promedio 119.8% sus ingresos (117.3% SEDENA; 122.2% SEMAR). Con estas acciones, se redujeron en promedio 56.3% los casos de deserción en los elementos de las Fuerzas Armadas (SEDENA 59.1% y SEMAR 53.5%).
Con respecto a reconstrucción del tejido social y prevención del delito, en lo que va la de administración se rescataron más de 5 mil espacios públicos, distribuidos en 331 municipios de los 31 estados de la república y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Con dichas acciones, se beneficiaron más de 21 millones de personas que viven en los barrios y colonias de las zonas urbanas. Sólo en el periodo enero-junio de 2012 se aprobó el rescate de 466 espacios públicos, superado en 11.2% la meta de 419 espacios para todo el presente año. Con estas acciones se recuperan espacios arrebatados por la delincuencia a las familias mexicanas y se reconstruye el tejido social al ofrecer alternativas de esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes.
Adicionalmente, como parte de un compromiso del Presidente de la República, en septiembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las
Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.
Esta institución surge como respuesta a la demanda de la ciudadanía de poner al alcance de las víctimas y ofendidos del delito los elementos que sean necesarios para que de manera oportuna reciban la atención integral e inmediata que merecen. Tiene cobertura nacional a través de 16 Centros de Atención a Víctimas
(CAV) en 15 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal, donde además, existe un módulo de atención en cada terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Gobierno de México realizó un importante esfuerzo de armonización legislativa acorde con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y particularmente con su Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Uno de sus principales resultados fue la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promulgada por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa el 13 de junio de 2012. En esta Ley General se establece la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
El desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad ha estado acompañado del respeto absoluto a los Derechos Humanos. Derivado del compromiso que el Ejecutivo Federal ha tenido en la promoción y defensa de los derechos humanos, en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos, el 2 de mayo de 2012 las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes y PROVÍCTIMA, activaron el Programa Nacional Alerta AMBER México, que es un mecanismo de reacción inmediata que tiene como finalidad localizar a los menores desaparecidos o sustraídos, en el cual participan de manera conjunta las autoridades de los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación y la sociedad civil. Adicionalmente, el 25 de junio de 2012 se promulgó y publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que promueve la protección de los derechos de quienes ejercen estas actividades frente a las agresiones a su persona o a sus propiedades.
Para consolidar una política exitosa de combate al crimen organizado, es necesario contar con la corresponsabilidad de la comunidad internacional. Es por ello que México ha sido el principal promotor de la cooperación internacional para enfrentar el crimen y la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas con estricto apego a las normas del Derecho Internacional. Se ha promovido en diversos foros a nivel nacional e internacional, que los esfuerzos en esta materia sean de largo plazo y estén sustentados bajo el principio de responsabilidad compartida entre las naciones que enfrentan este problema.
Ejemplo de ello son la destacada participación de México en la conformación de la Estrategia de Seguridad con Centroamérica (ESCA) así como en las negociaciones del Tratado para el Comercio de Armas.
Otro elemento de la responsabilidad compartida para la consolidación de una política de Estado en materia de seguridad ha sido la corresponsabilidad con los distintos órdenes de gobierno y Poderes de la Unión. En este sentido, durante el primer semestre de 2012, el gasto del Ejecutivo Federal en las funciones , de asuntos de orden público y de seguridad interior, así como de seguridad nacional, registró un incremento anual de 6.5% real como consecuencia de mayores recursos erogados en los programas de Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal, Administración del Sistema Federal Penitenciario, Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa, Implementación de Operativos para Prevención y Disuasión del Delito, Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito y Apoyos en Materia de Seguridad Pública. En el mismo periodo, los subsidios, transferencias y aportaciones del Ejecutivo Federal en dichas funciones, aumentaron a una tasa anual de 13.1% en términos reales, recursos con los que se atendieron: el Programa de Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, los programas Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito e Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, los apoyos a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública y los subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal.
Esta administración ha destinado recursos sin precedentes a las funciones de procuración e impartición de justicia, seguridad pública y nacional, que entre 2007 y 2012 observaron un incremento de 59.1% en términos reales, dirigidas a la implementación y fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia para restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Para 2012 se aprobaron recursos federales para las autoridades locales en materia de seguridad pública por 19,426 millones de pesos, monto que significa un incremento real de 19% respecto a 2011. Estos recursos están distribuidos en un fondo y tres subsidios: 7,373.7 millones de pesos (38%) en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 4,453.9 millones de pesos (22.9%) en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), 2,985 millones de pesos (15.4%) en el Subsidio para Apoyo a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP), 2,484 millones de pesos (12.8%) en el Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA) y 2,129.4 millones de pesos (11%) son aportaciones de los estados y municipios.
EL PROASP es un nuevo subsidio que se incluye en 2012 como un esfuerzo adicional del Gobierno Federal para incentivar principalmente el programa relativo a las evaluaciones de control de confianza.
Además de las transformaciones y logros en materia de seguridad, en esta administración también se alcanzaron importantes objetivos en materia de migración, protección civil, derechos de propiedad, derechos de autor, combate al comercio desleal, entre otros, que se desarrollan a lo largo del presente capítulo. En particular, a través de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, y Hacienda y Crédito Público, así como de la Procuraduría General de la República, se llevaron a cabo acciones para garantizar los derechos de propiedad así como para combatir la impunidad y los niveles de incidencia delictiva en el marco de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía Ilegal.
En estos seis años, México ha realizado las mayores inversiones de su historia en seguridad y procuración de justicia, ha reformado y depurando sus policías; las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República han dado golpes históricos al crimen organizado. Además, se han logrado acuerdos para reformar leyes y coordinar la seguridad a nivel federal, estatal y municipal.
Pensar que el problema de inseguridad en el país se gestó de la noche a la mañana y empezó con esta administración, es tan equivocado como suponer que al retirar a las Fuerzas Federales o al concluir este sexenio desaparecerá por sí mismo. La única manera de terminar verdaderamente con la problemática de inseguridad es perseverar en la Estrategia. Unidos los mexicanos son más fuertes que cualquier reto y unidos habrán de construir un México de paz con justicia.
