México, 26 de junio (La Jornada).- Treinta y tres meses después de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no hay ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) que genere confianza entre las familias de las víctimas ni certidumbre sobre el paradero de sus hijos. Mucho menos han podido acceder a la verdad y la justicia…nota completa.
Emir Olivares