México, 22 de junio.- El affaire del espionaje del Estado Mexicano en contra de periodistas, políticos de oposición y activistas de diverso perfil –todos críticos del gobierno peñista– destapado por el periódico The New York Times (NYT) y confirmado por organizaciones sociales y por algunos medios de comunicación nacionales, abre otro flanco que hace unos años expuso a las fuerzas armadas en una situación incómoda, idéntica a la denunciada acerca del uso del software de la empresa israelí NSO Group.
En el último tramo del sexenio del presidente Felipe Calderón, la periodista Carmen Aristegui y MVS Noticias revelaron las compras el NYT (otra vez) revelaba la compra de un equipo de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual sería utilizado para combatir silenciosamente al crimen organizado luego de la sangría que ya representaba la guerra calderonista al narco.
El equipo tuvo un costo de más de 5 mil millones de pesos, fue comprado en adjudicación directa a la empresa japonesa Security Tracking Devices, con oficinas en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco. El responsable de la adquisición fue el general de División Moisés Augusto García Ochoa, entonces director general de Administración de la Defensa Nacional.
El desembolso del gobierno de Calderón fue cuestionado de inmediato por su costo, pero sobre todo por la opacidad de la operación y por las posibles consecuencias, es decir, por el uso faccioso que se le pudiera dar al equipo de espionaje debido a la falta de controles y de rendición de cuentas para saber como y contra quienes se emplearía.
Al final, la Sedena y el gobierno federal se salieron con la suya, se quedaron con el equipo, lo han manejado de acuerdo con sus criterios y a la fecha no existe una rendición de cuentas o una serie de contrapesos para conocer cuál ha sido el manejo real del equipo japonés, si se ha empleado o no para espiar no solo a delincuentes, sino también a periodistas, a políticos, a críticos del gobierno, a defensores de derechos humanos.
Eso sí, la compra del equipo le costó la elegibilidad al general García Ochoa, quien se movía ágilmente a ocupar la oficina más importante de la Sedena pero fue tachado desde Washington por supuestos malos pasos en su desempeño castrense.
Con García Ochoa se abrió entonces un flanco que hoy resucita a través de las páginas del NYT y sacude de nuevo al sistema, que sencillamente rechaza las acusaciones de haber espiado a al menos media docena de personajes del periodismo, la política y la vida civil, pero al mismo tiempo le ha ordenado a la PGR declarar que cualquier dato que le soliciten vía transparencia acerca del sistema NSO Group israelí con el que se ha espiado a quien no se debía, sea reservada hasta el año 2021.
Si tiene cola de pato y camina como pato…