El Fuero Militar en México

México, 21 de agosto (Redacción).- En los últimos quince años que han transcurrido desde la expedición de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado Mexicano ha ido consolidando la utilización de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, con motivo a esas actividades muchos gobernados de manera directa o indirecta han sido objeto de vulneración de sus derechos fundamentales por parte de los elementos castrenses que tienen de forma errónea y anticonstitucional funciones de Seguridad Pública. En función de lo anterior, cabria preguntarse ¿Qué nivel de garantía de protección de los derechos fundamentales ofrece el Marco Jurídico Vigente a un Ciudadano Mexicano respecto de violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas?.

Actualmente los Tribunales Militares, forman parte de la impartición de justicia en nuestro País, con la entrada de los militares a las calles a partir de 2006 encontramos una discrecionalidad en la Institución Militar, que hace imposible la observación o la investigación de las actuaciones de los Órganos de Justicia Militar.

La Fundamentación Constitucional del Fuero Militar o de Guerra, se encuentra el Artículo 13 el cual reza:

“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

Como podemos observar, esto constituye la única excepción al principio de Igualdad ante la Ley, donde se afirma que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por Tribunales Especiales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación entrará en estos días en discusión sobre las acciones y posibles violaciones a los Derechos Humanos, producto de una interacción equívoca del Ejército y la Armada con la sociedad mexicana.

Esto es muy simple, así como hay jueces especializados en materia de derecho Penal o Civil, debe existir un órgano especializado para analizar conductas que afectan sólo lo que sucede en el interior de la Milicia. Por lo que, resulta más fácil comprender que deban ser los tribunales del orden común los que conozcan de las conductas y delitos que no se encuentran estrictamente vinculados con los valores castrenses.

La Suprema Corte revisará en estos días diversos de amparos promovidos por militares ya sea por Robo, homicidio o tráfico de drogas que deben considerarse faltas a la Disciplina Militar y por tanto juzgadas por la Justicia Castrense y los interpuestos por civiles; como Gustavo Acosta, asesinado por elementos de la Marina en septiembre de 2011, en donde la Procuraduría General de la República se declaró incompetente y pasó el caso a la Procuraduría Militar o el caso de Bonfilio Villegas abatido en un retén militar en 2009, en el que un Juez Federal determino la competencia civil del caso pero la Secretaria de la Defensa Nacional impugnó la decisión del Juez de la Causa.

Las decisiones de la Corte puede resultar Jurisprudencia si se ratifica el criterio respecto de los fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.

Finalmente, no ponemos dejar al olvido los casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños en Coahuila, o el controvertido caso de Ernestina Ascensión, Radilla, Inés Fernández, así como Valentina Rosendo; donde están involucrados militares en actos de servicio en agravio de civiles los cuales deben ser juzgados por tribunales ordinarios y no por tribunales militares.

En este orden de ideas y como lo ordeno la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debemos permitir por ninguna circunstancia operar la jurisdicción militar, en contra de la población civil, ya sea por su libertad, posesiones, propiedades y derechos.

Ricardo Tejeda

Doctor en Derecho

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