El calvario de los deudos de militares caídos

Teniente Aldo. Foto: EspecialTras el ataque contra un convoy del ejército el secretario de la Defensa Nacional dijo que buscaría llevar ante la ley a los responsables de la emboscada del pasado 30 de septiembre en Culiacán, donde cinco militares perdieron la vida, cosa que a la fecha no ha sucedido. Hizo hincapié en la promesa de apoyar a los familiares de los caídos. Quizá por lo mediático y aparatoso del caso, el mensaje ocupó las portadas de los medios informativos a nivel nacional. Algo que no ocurrió con un caso sucedido ocho meses atrás también en Sinaloa, donde de igual forma cinco soldados fueron abatidos en una emboscada. En éste suceso la madre de un oficial que perdió la vida, ilustra el calvario que tienen que vivir los familiares de militares muertos en actos de servicio, cuando se trata de obtener los beneficios que por ley les corresponden.

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México, 17 de noviembre.- Nueve meses después de que un error del comandante del 89 batallón de infantería en Los Mochis, le costara la vida a cinco de sus elementos entre los que estaba el subteniente de transmisiones Aldo Martín Velázquez Fuentes, la mamá del oficial fallecido vive un calvario burocrático sin que se haga efectivo el beneficio social de la pensión que por ley le corresponde.

María del Socorro Fuentes García, madre del subteniente Aldo, cuenta que tras la muerte de su hijo, caído en una emboscada el pasado 30 de enero en la comunidad de La Huerta, en Mocorito, Sinaloa, comenzaron los trámites donde en primera instancia dejó como beneficiarias a su esposa, su hija y a ella. El pasado 24 de agosto, luego de siete meses de trámites, se acordó que se le otorgaría el porcentaje que le correspondía señalado en los oficios. Tres meses después la espera continúa sin que se haga efectivo su derecho.

En abril pasado un juzgado militar en Mazatlán, sede de la comandancia de la Tercera Región de donde depende el 89 de infantería de Los Mochis, inició proceso penal contra el coronel Gabino Torres Solórzano, ex comandante de la unidad, así como contra el mayor Nicolás Navarro Olvera y el capitán Juan Manuel Parga García dentro de la causa penal 148/2016.

De acuerdo con un documento fechado el 12 de octubre de 2016, cuya copia tiene este Blog, a los tres ex integrantes del 89 batallón se les acusa de “haber ordenado y consentido que un oficial (extinto subteniente de transmisiones Aldo Martín Velázquez Fuentes) a bordo de un solo vehículo saliera del puesto de mando a efectuar un relevo de personal, circunstancia que originó que durante dicha actividad fueran emboscados y falleciera dicho oficial y tres elementos de tropa (un herido más moriría días después), puesto que conforme a las directivas emitidas, los movimientos de personal deben de realizarse en por lo menos dos vehículos para evitar actos como los suscitados”.

El error en el ejercicio del mando del coronel Torres Solórzano, un oficial Diplomado de Estado Mayor señalado de presuntos vínculos con el narco (http://www.estadomayor.mx/62850), le costó que fuera destituido y quedara procesado por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad, abandono de servicio y robo equiparado. El ex comandante del batallón interpuso un amparo ante el juzgado décimo de distrito contra el fallo, el cual hasta estos días de noviembre aún estaba pendiente de resolución.

Oriunda de Querétaro, la señora Fuentes García dice que en la 17 zona militar con sede en ésta ciudad, donde ha hecho los requerimientos de la pensión, un oficial que solo se presentó como “Daniel”, fue designado por la secretaría de la Defensa Nacional para asesorarla en todo lo relacionado con los trámites para entrega de documentos y beneficios a que tiene derecho. “Solicité entre otros la hoja de trabajo por ser para mi muy necesaria ya que en ella están plasmados la designación de beneficiarios. Me contestó que no podía verla, porque no tenía derecho”.

Dice que sospecha de firmas alteradas, un tarjetón que encontró tiene una caligrafía diferente a otros documentos, ha notado al menos tres firmas diferentes a la que tenía su hijo. “Las hojas de trabajo son distintas, el 18 de mayo en el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas), me entregaron una totalmente vacía indicando únicamente que yo era derechohabiente de Aldo. El 27 de junio en el ISSFAM me mostraron una totalmente llena, en el documento que le envié sellado de recibido por la Sedena del mismo 18 de mayo le digo al general Cienfuegos que dudo de la veracidad de esa hoja de trabajo porque se presta a que pueda ser rellenada como quieran”.

Hasta estos días de noviembre, el único beneficio que se ha concretado lo ha recibido su nuera y madre de la niña de pocos años que dejó Aldo. Se trata de un fideicomiso por parte del gobierno de Sinaloa, para los militares caídos en labores de seguridad y combate al narcotráfico en el estado.

Por parte de la Sedena la señora asegura que le han dado puras largas. “Me dijeron que no me darán absolutamente nada de febrero de este año en adelante, no será retroactivo, únicamente a partir de que ellos decidan empezar a depositar entonces si será continuo y al parecer será a partir de diciembre o enero próximos”.

Cartas y más cartas, trámites y más trámites

“¿Cuántos militares tienen que morir para que haga algo?”, preguntó la señora semanas después de la muerte de su hijo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, en una misiva que le envió. En esa carta le exigió que se identificara y sancionara a los responsables de la negligencia que costó la vida a los soldados que iban al mando del subteniente Velázquez Fuentes. No importaba si se tratara del comandante o quien resultara responsable.

La sospecha de que había dolo y errores en la actuación militar de los mandos superiores de su hijo, se debían a que en varias misivas le había contado lo que ocurría al interior del batallón, del cual ya había solicitado su cambio a una unidad en el estado de Puebla (Ver: Sacudida en el 89 batallón en Los Mochis. 13 de abril de 2016 http://www.estadomayor.mx/62850).

El 8 de abril del 2016 el juez dictó formal prisión al coronel Torres Solórzano. En la misma fecha también se le decretó formal prisión al mayor Navarro Olvera por el delito de desobediencia, juicio que se cerró hace unos meses con conclusiones acusatorias por parte del fiscal militar. Mientras estaba pendiente que la defensa del acusado presentara también sus conclusiones para que el juez cerrara el proceso y fijara fecha de sentencia.

También en abril se inició proceso penal en el juzgado militar de Mazatlán contra el capitán Parga García por el delito desobediencia, su defensa interpuso un amparo contra el auto de formal prisión mismo que estaba en trámite por definir. “Además el coronel Torres Solórzano se le atribuyen otros tres delitos de desobediencia, por tres hechos diferentes al mencionado en el párrafo anterior, así como el delito de abuso de autoridad por dar órdenes de interés personal a personal militar, abandono de servicio por separarse una tarde de su unidad y robo equiparado por haber asegurado una arma de fuego y no haberla puesto a disposición de la autoridad competente”, dice el documento del caso.

Debido a que los delitos que se les acusa no están considerados graves por la ley como graves, el juez militar les otorgó a los tres acusados la libertad provisional bajo caución, por lo que enfrentan el proceso sin estar recluidos en el penal castrense, señala el oficio firmado por el coronel y fiscal militar Sergio Hernández Cancino.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor MX

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