México, 9 de noviembre.- El pasado 6 de noviembre, el portal Aristegui Noticias publicó una serie de fotografías relacionadas a los acontecimientos del 30 de junio de 2014, en los cuales 22 personas perdieron la vida derivado de un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del Ejército mexicano en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En dichas imágenes, al parecer tomadas por los castrenses involucrados en los hechos, se da cuenta del resultado del enfrentamiento al tiempo que se deja un registro de los cuerpos para su posterior identificación. Sin embargo, al comparar el material de la Sedena con el publicado en el expediente de la investigación armado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, es evidente la manipulación de la escena por parte de las autoridades responsables del levantamiento de evidencia.
¿Por qué lo anterior resulta de vital importancia?
Basta recordar que durante el 30 de junio y los días posteriores a los hechos, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la PGJEM difundieron la versión, mediante boletines de prensa, que la muerte de los 22 civiles fue resultado del enfrentamiento directo entre presuntos criminales y la fuerzas del orden y no debido a ejecuciones sumarias realizadas por los soldados, tal como evidenciaron los reportajes publicados por Esquire y AP.
La incapacidad por parte del gobierno para dar respuestas expeditas e inclusive para defender de manera adecuada a los soldados de los cuestionamientos públicos, derivó en comportamientos oficiales tales como: el bloqueo del expediente de las autopsias de los fallecidos, clasificándolas como vitales para la seguridad nacional, la posible tortura a una testigo sobreviviente para dar una versión afín a la oficial, la detención de los castrenses involucrados y el posterior desdén por parte del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien aprovechó cada foro para manifestar su descontento por la acciones cometidas en contra de quienes solamente “cumplían con su deber, ayudaron a acrecentar la opacidad y las teorías de la conspiración alrededor del caso Tlatlaya.
La obtención del material publicado en el portal Aristegui Noticias no estuvo exento de dicha opacidad, ya que como relata en su reportaje el periodista Sebastián Barragán, se tuvo que pasar por un proceso de peticiones y cuasi rechazos, por parte de la Sedena, de aproximadamente dos años para poder tener acceso a dicha información, la cual a su llegada se encontraba “editada” en ciertos aspectos muy puntuales como son los rostros de los cuerpos.
No obstante la publicación del material sin censura es posible gracias otra fuente, la cual envía las fotografías sin editar directamente a la redacción de Aristegui Noticias. ¿Quién es la fuente anónima?, alguien al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional o algún perito de la procuraduría del estado con acceso a dicho material seguramente.
Más allá de todas las preguntas a generar por la situación de las dos fuentes, lo cierto es que al parecer en el inconsciente colectivo de nuestros funcionarios, el caso Tlatlaya es ya un caso cerrado, los presuntos criminales “recibieron su merecido” a entender por las declaraciones de todas las partes oficiales y quienes “cumplieron con su deber” gozan de plena libertad, no por el hecho de contar con todas las pruebas para acreditar su inocencia, sino por la incapacidad -tal vez a propósito- de la PGR para poder armar un expediente lo suficientemente sólido para soportar la línea de investigación que supone una alteración de la escena.
Lo cierto es que ha vista de la filtración hecha a Aristegui Noticias, el caso Tlatlaya es y seguirá siendo la “piedrita en el zapato” de muchos.
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