México, 19 de agosto (La Crónica).- El acotamiento del fuero militar por la Suprema de Justicia perfila el inicio del retorno del Ejército a los cuarteles, tras la aventura sexenal a la cual fue impelido por su Comandante Supremo.
Los ministros presididos por Juan Meza emitieron ya, con aplastante votación, dos resoluciones por efecto de las cuales militares involucrados en agravios a civiles deberán responder de sus actos ante la justicia ordinaria, no en la hermética opacidad de la esfera castrense.
No podía ser de otro modo. Resulta inadmisible para la sociedad la utilización del ámbito marcial como burladero.
Los miembros de las Fuerzas Armadas fueron lanzados en diciembre de 2006, tal vez contra su voluntad, al desempeño de tareas distintas de las que tienen encomendadas por la Constitución. Le tomaron gusto al encargo por las regias obvenciones que reporta.
El costo del involucramiento de soldados y marinos en tareas reservadas en nuestro sistema de justicia a los de policía, ha sido alto en términos de y honor militar.
Perdida sin embargo la posibilidad de usar como indebida trinchera el fuero de guerra, pierde el cumplimiento de un deber altamente discutible.
La Corte analiza —en medio aguda de la irritación del Poder Ejecutivo— una treintena de asuntos relacionados con delitos de toda índole, cometidos por miembros del Ejército. Previsiblemente es el avance apenas del cúmulo de casos que aflorará una vez concluido el sexenio.
En una lamentable expresión adicional de la corrupción antaño privativa de comandantes policíacos, media docena de altos mandos castrenses, entre estos los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, acaban de ser encarcelados, acusados de colaboración con la delincuencia.
Es que el cáncer de la corrupción avance arriba en los cuerpos de defensa nacional. Sólo con candor se puede asumir la retórica patriotera, según la cual soldados y marinos están labrados en una madera distinta del común de los mexicanos, y, por lo mismo, son capaces de cruzar el pantano y no mancharse.
A lo largo de seis años el Jefe del Ejecutivo ha movido todos los resortes a su alcance para tratar de conseguir la expedición de una ley de Pública en la cual quede plasmado el papel de las Fuerzas Armadas en el impropio cumplimiento de tareas de policía.
La justificación para ello ha sido inverosímil. Y, a la vez, una confesión de incompetencia.
Decir que las policías están carcomidas por la corrupción y es necesario remplazarlas con soldados mientras son sometidas a limpieza, suena bien pero es una patraña.
Un gobierno que se respete, responsable y competente, debería ser capaz de acometer con eficacia y de modo simultáneo la atención de las tareas asignadas por ley a los cuerpos de seguridad pública y la cabal depuración de estos.
El presidente Felipe Calderón, debe decirse, no sucedió a una administración priista o de oposición, sino a su copartidario Vicente Fox. Vale entonces preguntar ¿cuánto tiempo se necesita según el régimen panista para tener una policía a la altura de las necesidades del país? ¿Son insuficientes para ello dos sexenios?
La realidad es otra. Mediante el tramposo recurso de la Ley de Seguridad y con apoyo de distinguidos políticos y legisladores –algunos a sabiendas, otros en la ignorancia— Calderón ha intentado burlar la Carta Magna.
El mayor empeño del Jefe de la Nación ha consistido en legalizar la presencia del Ejército en las calles y perpetuar su guerra por encargo contra el narcotráfico.
Ante los infructuosos esfuerzos del Mandatario por pasar de contrabando en el Legislativo la definición de tareas policíacas para militares y marinos, el aparato que perifonea sus aspiraciones se ha encargado de golpear al Congreso.
Los diputados y senadores —sostienen con patético gobiernismo famosos formadores de opinión—no han estado a la altura de las exigencias nacionales para expedir leyes de segunda, tercera y hasta cuarta generación… Omiten que antes de asignar responsabilidades y definir protocolos es menester determinar competencias con base en la Constitución.
Las desastrosas consecuencias del empleo de militares en misiones fuera de sus altas responsabilidades constitucionales están a vista.
El Poder Judicial debate ahora el fuero militar y los incontables y cada vez más frecuentes episodios de abuso y corrupción castrense han tornado increíble la mentirosa y recurrente explicación del caso único, la golondrina que no hace verano, la manzana podrida en una institución incólume.
A tres meses de terminar el sexenio –por otra parte— las policías estatales y municipales siguen en las mismas. Y la mimada y costosísima Policía Federal de Genaro García Luna, glorificada por enigmáticos motivos por el Jefe del Estado, presenta llagas purulentas por todas partes.
En este mar de crecientes arbitrariedades, resulta incomprensible la resistencia de los integrantes de las Fuerzas Armadas a someterse a la justicia ordinaria. Aspiran quizá actuar en el delicado rubro de la seguridad pública, regidos por disposiciones marciales presumiblemente ventajosas.
Nadie en la vida civil sabe, bien a bien, lo que sucede en el inexpugnable ámbito de la justicia militar. La leyenda cuenta que es dura. Los expedientes ventilados en la Corte hablan de lenidad y prevaricación. Y es un misterio saber si las sanciones son justas y las cárceles un real castigo o vacaciones todo pagado.
El coronel José Guadalupe Arias está acusado no de faltas a la disciplina, sino de haber ordenado la inhumación clandestina del cuerpo del joven Jethro Ramírez, muerto por tortura.
Y el teniente Clemente Hernández, el sargento Antonio Martínez y el cabo Aníbal González, “sembraron” droga en un vehículo para acusar de narcos a inocentes.
Los debates sobre el fuero por el Poder Judicial se producen cuando la cúpula militar tiene asimismo otros motivos de preocupación. Entre estos, la sucesión en la Sedena, la cual ha sido materia de encuentros del generalato convocados por el general Guillermo Galván.
En la Corte, entretanto, mediante fallos y señalamientos expresos, ha quedado claro el interés de los ministros por recuperar el prestigio del Ejército y propiciar su retorno a los terrenos reservados por la Carta Fundamental.
No es descabellado anticipar que en esta atmósfera de definiciones jurisdiccionales y objeciones ministeriales el regreso de los soldados a los cuarteles será una de las primeras medidas del nuevo gobierno y del sucesor del general Galván. Le decisión, lo veremos, ya es inaplazable.
Aurelio Ramos
Opinión
La Crónica