México, 7 de septiembre (La Jornada).- El Estado mexicano no tiene por qué indemnizar a personas que son consignadas por la Procuraduría General de la República (PGR) con base en pruebas ilícitas, tampoco porque los quejosos permanecieron presos más de 11 años producto de un proceso penal que fue declarado ilegal por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostiene el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán…nota completa.
Jesús Aranda