México, 14 de Agosto (Excelsior).- El debate no es meramente teórico. La pregunta de si la narcoviolencia es un problema de seguridad pública o de seguridad nacional toca las fibras más sensibles de todas las instituciones del Estado mexicano. De ahí su importancia, pues de la respuesta que se le dé a la interrogante se derivarán decisiones tácticas y estratégicas fundamentales del mismo Estado. Una cosa es considerar que la violencia desatada por la delincuencia organizada es un reto a los organismos policiacos de algunas entidades de la República. Otra, muy diferente, es catalogarla como una amenaza a la existencia misma del Estado mexicano con todo lo que éste representa: orden constitucional y legal de la convivencia nacional, control total e indiscutido de los aparatos armados del país y el financiamiento de los objetivos de la sociedad a través del cobro de impuestos. Cada respuesta evoca líneas de acción distintas.
Si se determina que la violencia desatada por la delincuencia organizada es un asunto de seguridad pública, entonces deberá estrenarse una estrategia de organización, capacitación y armado de los policías estatales y los municipales con miras a un combate frontal al crimen en todas sus expresiones, combinado con el retiro de las Fuerzas Armadas nacionales de ese frente y el regreso a sus cuarteles militares en todo el país. Las Fuerzas Armadas ya no contarían con la cobertura política con la que cuentan hoy, tomando en consideración que el Congreso de la Unión no ha querido legalizar su intervención en el combate a la delincuencia organizada. Y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado revisar la legalidad de la estrategia anticrimen del gobierno federal. El supuesto subyacente de ambas posturas es que la delincuencia organizada no es una amenaza al Estado ni cuestiona la institucionalidad democrática del país.
En cambio, si se concluye que el crimen organizado, especialmente en su modalidad de narcotráfico, es una amenaza al Estado mexicano y a la institucionalidad democrática de la nación, la conclusión táctica y estratégica es totalmente distinta. El combate al fenómeno tendría que enfocarse nacional e internacionalmente, combinando esfuerzos de inteligencia y combate frontal entre policías y Fuerzas Armadas. La estrategia tendría que involucrar a todas las instituciones del Estado: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ninguno podría deslindarse de la estrategia de defensa del Estado, en función del quehacer político de cada instancia. Y la sociedad tendría que ser involucrada en la defensa de la democracia y la libertad de expresión, en defensa del periodismo libre y los derechos humanos.
Al crimen organizado le conviene la interpretación “minimalista” sobre su quehacer. Es decir, que es un problema de seguridad pública, y no una amenaza a la seguridad nacional. No quiere confrontarse con las Fuerzas Armadas nacionales ni con los aparatos de inteligencia de otros países. Y tampoco quiere ser visto como el malo del fenómeno. El crimen organizado hace política. De ahí que, durante semanas antes de las elecciones, hubo una reducción casi absoluta de la violencia del narcotráfico, como su manera de incidir en el resultado electoral. Después de los comicios se desató una violenta oleada de crímenes relacionados con sus actividades. Lo cierto es que el PAN es el único partido con una postura de rechazo al crimen organizado. El candidato del PRI oscilaba ambiguamente entre dureza y conciliación, mientras que la izquierda categóricamente evadió el tema. Nadie puede decir, a ciencia cierta, cuál es la postura del PRI o del PRD sobre qué hacer ante el crimen organizado y el narcotráfico.
Es altamente preocupante la forma en que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordan el tema del narcotráfico. Mientras aquél evade legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, ésta decide iniciar un proceso que pudiera, al final de cuentas, terminar por enjuiciar al gobierno federal por su decisión de combatir frontalmente al narcotráfico. ¡Vaya que el crimen organizado sabe hacer política!
Si México pretende seguir perteneciendo al concierto de naciones con alta estima, tendrá que declarar el problema del crimen organizado como de seguridad nacional sin ambigüedades ni titubeos. No hacerlo derivará en que la comunidad internacional nos dará trato de paria.
Ricardo Pascoe Pierce
Opinión
Excelsior