¿La doble pinza?
El sexenio de Enrique Peña Nieto no va a terminar con marinos y militares convertidos en los patitos feos de la administración, en los villanos de una estrategia anticrimen que hace mucho dio de sí, al menos como la han planteado los ideólogos y creativos de las políticas para enfrentar a la delincuencia en todas sus formas y presentaciones.
Lo que los altos mandos de Sedena y Marina van a hacer de aquí a que termine el sexenio, es tratar de saldar las cuentas pendientes en materia de derechos humanos, identificar y exhibir a quienes les han señalado como represores, abusivos y otras cosas que solo un ente no amigable suele hacer.
Esos entes no amigables, señalan navales y militares, se ocultan bajo el disfraz de organizaciones civiles no gubernamentales (ONGs) y desde esa trinchera intocable (o casi) acusan, exhiben, demandan, contraatacan y molestan a las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen.
Por eso, verdes y blancos (pixeleados todos) abordan ahora con tanta fuerza el tema de los derechos humanos como agenda pendiente y tema prioritario a resolver en el último tramo de un gobierno que prometió menos violencia menos choques armados, menos sangre a partir de una estrategia de no confrontación y de captura de cabezas para debilitar al enemigo.
La mala noticia es que la estrategia resultó igualmente predecible y manejable para los grupos de la delincuencia organizada. Con menos choques armados, el baño de sangre sigue a la alza, las zonas de control del narco se reconstituyeron, los cárteles se transformaron en células más ágiles (aunque mal preparadas para el combate frontal), el número de desaparecidos creció, los estados y ciudades azotados por la guerra entre cárteles no reaccionan a las políticas de contención y las ejecuciones son el pan de cada día.
Lo que parece una doble pinza militar y naval, funciona con las reformas al Código de Justicia Militar y Procedimientos Penales, que permitirán cateos en domicilios particulares y en oficinas de gobierno con base en órdenes que la nueva Fiscalía General de Justicia Militar les solicite a jueces militares habilitados para ello.
El esquema continúa en el otro extremo de la pinza con los acercamientos y acuerdos que los de blanco firmarán con la CNDH no solo para mejorar y extender la capacitación naval en el respeto a los derechos humanos, sino de manera especial detectar a las ONGs que se convirtieron en algo más que una piedra en las botas militares.
Se sabe que la Marina y sus áreas de inteligencia tendrán especial atención en aportar la información necesaria para identificar a las organizaciones rijosas que enarbolan la bandera de los derechos humanos con el verdadero fin de atacar y vapulear la de imagen militares y navales a la hora de hacer cumplir la ley.
Una eventual base de datos con esta clase de información podría estar conformada con informes del CISEN, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad y de las áreas de inteligencia naval y militar.
La mira apunta hacia Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Oaxaca, entidades en las que se reportan siempre abusos y violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas.
Así, marinos y militares van por la recuperación de su vapuleada imagen, por el regreso a los primeros sitios de confianza que dominaban en aquellas añejas encuestas que reflejaban más la buena relación entre Los Pinos y las redacciones en turno que la realidad de un lento pero consistente proceso de deterioro en los cuarteles y en las oficinas más importantes de la Marina y la Sedena.
Redacción
Estado Mayor MX
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