México, 10 de agosto (El Universal).-La postura de la Suprema Corte de Justicia en torno a que José Guadalupe Arias Agredano -acusado de incubrir la tortura y el homicidio de Jethro Ramsés Sánchez- sea procesado por un juez de distrito, sienta un importante cimiento para el rediseño del fuero militar en beneficio de los derechos humanos en México.
La función primordial del fuero militar ha sido y debe ser la de proteger legalmente a las Fuerzas Armadas y a sus elementos de acusaciones derivadas de sus labores, los cuales, por su naturaleza, no pueden ser juzgadas bajo el mismo tamiz que las civiles; hacerlo así entorpecería sus funciones. Sin embargo, esta excepción es una herramienta para casos específicos, no una condición que permita la impunidad de elementos castrenses involucrados en actividades delictivas o actos de negligencia.
En esta confusión influye la impresición en la actual redacción del artículo 13 constitucional, que dice: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas de la disciplina militar”; mientras que la redacción original, en 1857, estipula que subsiste “el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tenga exacta conexión con la disciplina militar”. La eliminación de la “exacta conexión” permite que esta herramienta deje de ser exclusiva de la disciplina militar y puede influir en ámbitos que involucren a civiles en detrimento de las garantías indivduales.
Esta vulneración a los derechos humanos -de la cual dan pruebas casos como el de Rosario Radilla o el de Jethro Sánchez- ha traido como resultado una percepción de que el fuero militar es utilizado como un instrumento de impunidad, lo cual merma el prestigio del Ejército y, en consecuencia, su margen de acción.
La interveción de las fuerzas armadas durante periodos largos no suele estar libre de fricciones con la sociedad civil, y por ello se requiere un marco legal que defina de manera precisa los alcances de la tarea militar, para proteger tanto la labor del ejército como los derechos de la ciudadanía.
Es crucial que el Estado mexicano actúe y diseñe políticas de seguridad y justicia con conomiento de que el Ejército no esta entrenado para realizar actividades policiales, de que el crimen organizado se protege mimetizándose con los civiles y de que la situación actual no es una guerra abierta contra un enemigo extranjero o claramente identificado. En este sentido, el fuere militar puede ser un lastre para el propio trabajo de las Fuerzas Armadas, pues sólo con respeto a los derechos humanos es como un agente armado se distingue de un pistolero.
Revisar el fuero militar no significa inhibir las labores del Ejército. Se deriva de la obligación de todo mexicano de responder por sus actos si ha quebrantado la ley, siempre a través de un juicio imparcial. Las Excepciones, necesarias para la jurisdicción militar en casos de indisciplina, no se contraponen con la elemental búsqueda de justicia.
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