México, 27 de abril.- Cuando Enrique Peña Nieto esté fuera del poder, cuando ninguno sepa quién es Humberto Castillejos, o por qué nombraron a Arely Gómez en la PGR, cuando las declaraciones sudando enojo de Miguel Osorio Chong hayan desaparecido de las horas pico de las televisoras, cuando este gobierno no sea sino pasado, permanecerán las conclusiones que un grupo de expertos, extranjeros, vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron.
Quedará, frente a todos los boletines oficiales, sembrada la duda. Permanecerán los señalamientos sobre tortura, incapacidad, falta de voluntad, bloqueo que hicieron. Y el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala seguirá vigente.
No permitir que estos expertos, que tienen prestigio y confiabilidad, continuarán su investigación o como quiera llamarse a su “coadyuvancia”, es un error político inmenso, es una de esas decisiones que no tiene un solo lado positivo.
¿Quiere el gobierno, realmente, establecer las circunstancias del secuestro y posterior asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa? Honestamente no entiendo por qué no querría, de cara a la magnificación de los errores, omisiones del Estado Mexicano. Frente a la suma, inmoral, de hechos que permitieron que esto sucediese. Errores que ya son públicos.
Yo, primera persona del singular, imagino que intencionalmente la autoridad federal, policía y militares, permitieron que fuesen secuestrados por policías, a sabiendas de que serían asesinados. ¿Por qué? Porque estaban considerados un dolor de cabeza, un problema repetido, porque los veían, los calificaban con un inmenso desprecio.
No creo, otra vez primera persona del singular, que los hayan asesinado en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero sí, definitivo estoy convencida como los expertos del GIEI, como millones de mexicanos que no hicieron nada para protegerlos. Y eso provoca una tristeza, una indignación inmensa. Porque nuestras fuerzas armadas tienen obligación constitucional de “proteger” a los mexicanos. A todos los mexicanos.
Eran sus enemigos. Detrás de su actuación esa noche, controlando el C-4, enviando oficiales de Inteligencia, interrogando a los heridos en los hospitales, está presente esto: eran sus enemigos. Y los vieron, los trataron, como tales.
El desprecio vigente que se tradujo en omisión.
Las preguntas que los expertos del GIEI querían hacerles, a partir de las contradicciones de declaraciones oficiales de varios militares que constan en el expediente, eran lógicas. Y buscaban, únicamente, establecer las razones de su participación como testigos omisos. Sobre todo, explicaron, querían conocer la cadena de mando.
Y ahí estriba el punto de quiebre terrible. Porque esta omisión, esta manera inexplicable en que estuvieron presentes sin hacer nada, fue por orden superior. Consecuencia de una decisión formal, de sus jefes.
Si a esto, vaya que tiene contenidos duros para el Estado Mexicano el Informe final de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le agregamos que los detenidos, policías, sicarios, narcotraficantes, fueron torturados, el papel de la PGR es fatal. Amerita que la procuradora Arely Gómez renuncie.
Lo que no va a suceder. Ni siquiera se va a quitar de su puesto al responsable de la investigación, Tomás Zerón, a quien acusan con un video donde se prueban estos dichos, de “sembrar evidencia”, precisamente los restos humanos que han permitido la única identificación de uno de los normalistas.
Una de las cosas más importantes de estas conclusiones es lo que dijo Carlos Martín Beristáin: Se fundamenta calificar a los hechos de la noche de Iguala como “desaparición forzada”. Lo que se refiere a estándares internacionales. Y, obvio, lo convierte en un crimen de Estado.
Crimen de Estado que podrá ser juzgado internacionalmente. No importa cuántos años pasen. Crimen de Estado que será responsabilidad de este gobierno, del Presidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué no hubiese sido más simple, más a favor, permitir que siguiesen por los años de los años las investigaciones del GIEI? Hasta topar con pared.
Ahora las exigencias de los familiares, de los centros de derechos humanos que han estado con ellos, tienen una justificación tremenda. Ahora no hablan de oídas sino basados en lo que dijeron los expertos. Y no veo, en verdad no veo, cómo el gobierno va a poder resolver esto.
No es un tema que vaya a quedar sepultado, olvidado con el tiempo. Las 22 recomendaciones de los expertos han fortalecido la desconfianza y la indignación. A este paso los estudiantes desaparecidos se convertirán en un símbolo, con traducción internacional, de todo lo que está mal en nuestro país, y de todo lo que estando mal en nuestro país, este gobierno no quiso enmendar.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor MX