México, 8 de agosto (Milenio Diario).- Las acusaciones contra la mayor remesa de militares de alto rango encarcelada en un penal de máxima seguridad (y, por mayor conocimiento del caso, las imputadas al divisionario Tomás Ángeles Dauahare) apestan a patraña, pero no solo por el sospechosismo que despiertan los contradictorios, tardíos “recuerdos” con señalamientos de oídas de los acusadores (tres o cuatro multiasesinos y narcotraficantes confesos, devenidos “colaboradores” de confianza de la PGR y la DEA).
Hieden porque, de ser ciertos los cargos, en la consignación del MP federal no aparecen las decenas de nombres de funcionarios y trabajadores, sin cuya complicidad los consignados jamás pudieron “apoderarse” de los aeropuertos del DF, Toluca, Cuernavaca y Cancún.
Según el burdo cuento, los acusados “autorizaban” en esas pistas el aterrizaje de aviones repletos de droga.
Pero, ¿qué con los necesarios agentes de Migración y policías federales de la Segob y la SSP?
Y qué con los controladores de vuelos y trabajadores “de tierra” de la SCT, principal responsable de las operaciones en TODOS los aeropuertos civiles del país?
Carlos Marín
El Asalto a la Razón
Opinión
Milenio Diario