Sacudida en el 89 batallón en Los Mochis

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Los errores en el ejercicio del mando del coronel Gabino Torres Solórzano, un Diplomado de Estado Mayor involucrado con el narco años atrás en Nuevo León, le costó la vida a cinco de sus soldados del 89 batallón de infantería de Los Mochis, Sinaloa. El hoy ex comandante de esta unidad, ubicada al norte del estado donde fue capturado en enero pasado Joaquín “El Chapo” Guzmán, está procesado ante la justicia militar junto a dos oficiales más por lo ocurrido el pasado 30 de enero, cuando una emboscada contra un vehículo de sus tropas, exhibió su incapacidad e ignorancia para acatar las órdenes superiores en lo relativo a este tipo de desplazamientos. El caso generó tal indignación en el medio militar, que dos meses después de los hechos, el batallón fue purgado desde su cúpula.

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México, 13 de abril.- La detención el pasado sábado 2 de abril del coronel Gabino Torres Solórzano, comandante del 89 batallón de infantería con sede en Los Mochis, destapó una serie de irregularidades en esta unidad del ejército que costó la vida a cinco militares, caídos en una emboscada el pasado 30 de enero en la comunidad de La Huerta, municipio de Mocorito.
El ataque contra los militares dejó un saldo de cinco heridos, en las primeras horas se reportó la muerte de cuatro personas, dos soldados y dos pistoleros. En los días posteriores fallecieron tres militares más de los seis que viajaban en una Hummer, lo que elevó a cinco el número de bajas castrenses. La circunstancia de la emboscada provocó una ola indignación al interior del ejército por la forma como el coronel Solórzano Torres, conducía las operaciones del batallón desde que en marzo del 2015 asumió el mando.
Torres Solórzano ingresó detenido al penal militar de Mazatlán acusado de desobediencia, abandono de servicio y robo equiparado. Con él también fueron recluidos el mayor Nicolás Navarro Olvera, jefe de la sección de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO) del batallón, acusado de desobediencia; y el capitán Juan Manuel Parga García, imputado también por desobediencia. Los tres ex mandos del 89 de infantería, quedaron procesados en la causa penal 168/2016 que se abrió en el juzgado castrense adscrito a la Tercera Región militar con sede en el puerto.
La detención del coronel Torres Solórzano, señalado por sus pares en el ejército de “negligencia criminal” por la medida que costó la vida a dos oficiales, un sargento, un cabo y un soldado, revivió las sospechas de sus vínculos con el narcotráfico en la zona de Choix y Ahome. En enero pasado un video subido a la red de YouTube, titulado “La realidad de Bacayopa Choix Sinaloa”, se menciona a un “coronel Cortés”, presunto seudónimo del entonces comandante del 89 batallón, a quien los pobladores vinculan con el grupo que controla esa zona serrana del estado. En el video aparecen al principio imágenes del poblado, seguidas del interrogatorio que dura cinco minutos con 50 segundos a un hombre no identificado. Al final aparecen fotos de militares a bordo de vehículos de transporte de tropas.

Violó disposiciones del alto mando

Desde el inicio de la actual administración en el gobierno federal, existe la orden del alto mando de la secretaría de la Defensa Nacional para que no opere o transite un solo vehículo militar sin escolta de por medio. La orden es que deben ser dos, por lo menos, para evitar emboscadas. El día del ataque que costó la vida a los cinco militares, iban en un solo transporte. La acusación señala que existió negligencia por parte del coronel Solórzano Torres que permitió la salida de las instalaciones militares del 89 batallón, de personal a bordo de un solo vehículo y en número reducido, solo seis de los que sobrevivió uno.
El pasado 30 de enero alrededor de las 13 horas en la comunidad de la Huerta, municipio de Mocorito, se suscitó un enfrentamiento armado entre seis militares que viajaban en un vehículo Hummer contra un grupo de por lo menos 10 civiles que se encontraban estacionados en dos vehículos a la orilla del camino. Cuando los pistoleros notaron la presencia de los uniformados, abrieron fuego con armas de grueso calibre lo que dejó un saldo final de cinco militares y dos civiles muertos. Al interior del ejército llamó la atención el desigual número de bajas entre efectivos supuestamente entrenados para repeler este tipo de agresiones. Los muertos fueron dos subtenientes, uno de transmisiones y uno de infantería, un sargento segundo, un cabo y un soldado, de acuerdo al reporte de la comandancia del 89 batallón asentado en la causa penal.
Tras la investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, los peritajes determinaron que los militares que viajaban en un solo vehículo fueron atacados por dos flancos con armas de calibre 7.62 mm, similar al que utilizan las fuerzas armadas. Los agresores dispararon ráfagas desde dos vehículos estacionados, lo que constituyó una emboscada de acuerdo a la doctrina militar que define este tipo de agresiones como un “ataque sorpresivo de fuerzas enemigas en movimiento”.
El desplazamiento en un solo vehículo expuso a los militares a esa acción por parte de los testaferros, lo que equivale a un error táctico propiciado por la orden que dio su comandante, el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM) Torres Solórzano. Aquel día el jefe castrense ordenó el relevo de un servicio en un puesto de vigilancia en esa comunidad para lo cual se utilizó un solo vehículo. El motivo fue, según el expediente, para ahorrar combustible.
De acuerdo a militares del 89 de infantería, se sabía por varios testigos que el mando militar ordenaba muy seguido la salida de un vehículo aislado, lo que contravenía la orden superior de no hacerlo dictada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esa disposición señala que para evitar desventajas de este tipo ante integrantes del crimen organizado, que operan en grupos numerosos y se desplazan en convoyes de vehículos algunos incluso con blindaje, es obligatorio para cada vehículo llevar escolta en cualquier desplazamiento.
La emboscada y muerte de los cinco soldados conmovió al paso de las semanas a la comunidad militar. El suceso tuvo amplia difusión en redes sociales lo que causó indignación al conocerse la omisión por parte de Torres Solórzano que abonó para el descalabro de sus tropas. De acuerdo a versiones de personal castrense, a la hora del ataque el coronel se paseaba de civil con su familia en los Mochis. Abandonó su servicio como responsable del puesto de mando de Bacubirito, de donde salió el personal rumbo a La Huerta a efectuar el relevo.

El turbio pasado del coronel

Días después del suceso, la madre del subteniente de transmisiones Aldo Martín Fuentes Velázquez, uno de los cinco militares fallecidos, envío una carta al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional,  donde le pidió se esclareciera la muerte de su hijo. En la misiva decía que no le quedaban claras las circunstancias de su muerte por lo que exigía se investigara el suceso. Copia del documento fue enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para pedir su intervención y “evitar impunidad en el caso”.
Debido a esta solicitud, dos meses después del ataque la Procuraduría de Justicia militar inició una averiguación previa que concluyó con una purga en los mandos del 89 batallón de los Mochis. El coronel Torres Solórzano, el mayor Nicolás Navarro Olvera y el capitán Juan Manuel Parga García fueron detenidos y enviados al penal militar de Mazatlán.
El lunes 4 de abril el juez castrense fijó fianza al coronel Torres y al mayor Navarro, una vez que la cubrieron  abandonaron la cárcel para enfrentar el juicio en libertad bajo caución, ya que los delitos por los que se les acusa no están considerados graves.
De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la procuraduría militar pretende descargar la responsabilidad en el capitán Parga García, ya que sus superiores Torres y Navarro lejos de asumir su responsabilidad, inculparon al oficial  pese a que el día del suceso éste se encontraba en calidad de “excedente” y sin mando de tropas en el 89 batallón.
La historia detrás de esta imputación al interior del batallón, es que días antes el coronel había ordenado instruir un consejo de honor al capitán Parga García. La razón fue que había solicitado su cambio de adscripción, por lo que fue colocado en calidad de “excedente”, y como “castigo” le ordenó permanecer en el puesto de mando de Bacubirito donde el coronel era el titular.
Otra historia en la ficha del hoy ex comandante del 89 batallón, refiere que al subteniente Aldo Martín no le correspondía acudir al puesto de mando de Bacubirito en esa fecha. Asistió porque Solórzano lo castigó debido a que solicitó su cambio a un batallón de Policía Militar en la ciudad de México para poder estar cerca de su familia. Este hecho molestó al coronel y lo mandó a la sierra.
En el pliego de consignación el ministerio público militar acusó de “grave omisión” a Torres Solórzano, lo que ocasionó la vulnerabilidad en la seguridad de sus tropas al exponerlos en desventaja frente al enemigo. Fue un error táctico que resultó mortal. De acuerdo al artículo 268 del reglamento general de deberes militares, el coronel en su calidad de comandante de unidad, es el único responsable ante la superioridad de la disciplina, administración e instrucción del cuerpo bajo sus órdenes. El artículo 325 dice que el mando militar recae en una sola persona y por ningún motivo será divisible. De ahí que la defensa del capitán Parga se pregunte por qué inculpar de todo a éste oficial.
En el año 2010 al entonces teniente coronel Torres Solórzano se le involucró con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, cuando se desempeñaba como subjefe de estado mayor en la séptima zona militar en Monterrey, Nuevo León. Su nombre apareció en un video subido aquel año a YouTube junto al de otros militares como el del general Cuauhtémoc Atúnez Pérez, entonces comandante en el cuartel ubicado en la capital regiomontana ―hoy retirado― y actual secretario de seguridad en esa entidad.
Con faltas de ortografía el video titulado “Confecion de un dezertor del ejército”, es un interrogatorio a quien se identificó con una credencial del ejército como teniente de infantería Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez. Este oficial narra la circunstancia que obligó en 2009 a la detención de Héctor Huerta Ríos, alias “la Burra”, operador de los Beltrán en Nuevo León. El teniente coronel Torres Solórzano aparece como parte de la red de protección que la organización tenía en aquel tiempo en esta zona del país.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor MX

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