México, 8 de agosto (Reforma).- En medio de confusiones y contradicciones, finalmente se dictó auto de formal prisión en contra de eminencias militares, gente que había destacado en su escolaridad de milicia y en la consecución de cargos del círculo rojo del Ejército Nacional. A pesar de que hubo de ser necesario amparo para reparar desacato de la SIEDO por no presentar pruebas de descargo para acreditar o no acusaciones.
La información divulgada por las autoridades, a mediana distancia, produce perplejidades e incomprensiones. Así por ejemplo el auto de formal prisión en contra de innodados segundos en las fechorías imputadas. El mayor Iván Reyna, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto también sufren auto de formal prisión. Se les achaca haber colaborado “de cualquier manera” para fomentar la posibilidad de ejecutar ilícitos. Ninguno tiene derecho de libertad provisional porque se trata de delitos graves.
Han sido juzgados por el Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, y tendrán derecho, en la etapa de instrucción, a ofrecer pruebas pertinentes para su desahogo.
De ser ciertas las imputaciones, se mostraría otra instancia, de ser verdaderas, y no como ahora, verosímiles, la malicia aguda para perpetrar su crimen con astucias muy elaboradas. El cuerpo del delito, basados en indicios suficientes, es de delincuencia organizada, tienen responsabilidad penal ya que “como servidores públicos favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva”.
Entre otros “favores” propiciaban y protegían para hacer descender en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en Cancún, Q.R., aviones procedentes de Venezuela y Colombia cargados de cocaína y abastecerles de combustible, convertidos en vuelos nacionales y evitar revisiones. Uno de los consignados, el general Rubén Pérez Ramírez, “probablemente” intervino con acuerdos con dos esbirros del cártel denunciado.
En el laberinto de los procedimientos judiciales a militares, las acusaciones y el fallo, habrán de tomar meses, seguramente años, para culminar un asunto de varias maneras ominoso, preocupante, más allá del antes “Sector” militar. No es creencia que el asunto se confine a un hecho criminal, delictivo. Por la jerarquía de los inculpados, un ex subsecretario -Tomás Ángeles Dauahare-, se colige que la consignación y el juicio tienen mucha entraña política, sucesoria, en el cargo de secretario de la Defensa Nacional.
Por eso ha de ser que su detentador actual, el general Guillermo Galván, se apresuró, en reunión secreta, para prevenir a sus actuales subalternos en torno a la circunstancia sucesora en el país, en la propia Sedena. Dijo lo evidente: será el nuevo encargado de la Presidencia de la República quien designe a su sucesor. Siguiendo los procedimientos (?) para designarle. Pero advirtió que él es, y seguirá siendo, el comandante en jefe de la de la Sedena, hasta el 1o. de diciembre de este año. Sí, hasta ese día, ni más ni menos.
De no ser la dramática condena de la esposa del general Ángeles -“este es un acto infame y cobarde”- no se sabe de respuestas o inconformidades militares o civiles. A pesar de las sinuosidades y persecuciones irregulares para la aprehensión y trato, es notoria la carencia de opinión y condena de lo sucedido. Los vínculos con narcotraficantes, su protección y crecimiento, ya ha dado lugar a otros detenidos o inculpados militares. Así como se reconoce el sacrificio constante de muchos, miles, de soldados y mandos, no menos se advierte que la colusión entre ruines del narco y grupos castrenses es un viejo negocio.
En la investigación de Nancy Flores Nández, La farsa detrás de la guerra contra el narco, Océano, 2012, se precisa: “hay reportes de que los militares ejecutan extrajudicialmente a civiles, cometen violaciones sexuales, detenciones y allanamientos al margen de la ley, amenazas, desapariciones forzadas y el uso de comandos especiales clandestinos…” y se avizora un plan transexenal e internacional.
Las desazones de quienes atienden a los conflictos mexicanos no tienen cobijo en institución o personaje del todo, o buena parte, confiables. La Iglesia Católica no controla pederastias ni acoso de sacerdotes como Alejandro Solalinde, abundan los desatinos federales; los partidos políticos tampoco ofrecen tareas y destinos mayoritarios, la iniciativa privada ya se subió más al caballo de las querellas políticas frontalmente. Ni para dónde voltear ahora.
Froylán M. López Narváez
Reforma
Opinión