México, 22 de febrero.- A poco más de dos meses para concluir su segundo periodo de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer los avances y dificultades enfrentadas durante la acciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos que culminaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, destacaron entre los avances de la investigación: el reinicio de las búsquedas de los normalistas desaparecidos en diversos lugares de Iguala y Cocula y la creación de un equipo especial, en el cual participan, la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el propio GIEI, con el apoyo de la Policía Federal. Gracias a estas acciones se logró descubrir una fosa con dos cuerpos en lugar llamado “Canal Grande”, aunque ya se verificó que los restos no corresponden a ninguno de los desaparecidos.
De la misma forma, el GIEI ha profundizado su investigación con respecto a la hipótesis del quinto camión. Como resultado, ya se recibió la asistencia técnica por parte de la PGR para esclarecer el posible tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.
En otro aspecto, el Grupo de experto ha impulsado la realización de un estudio psicosocial para elaborar un diagnóstico del impacto de los hechos en los familiares de los normalistas desaparecidos, asesinados o heridos. Asimismo, el GIEI se encuentra en constante trabajo con los representantes del Estado para asegurar la correcta atención a las víctimas y para dar comentarios y recomendaciones sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno de México en materia de desaparición de personas.
Por otro lado, los integrantes del Grupo Interdisciplinario también fueron enfáticos a la hora de enumerar los diversos obstáculos a los cuales se ha enfrentado su investigación:
En primer lugar se encuentra la aceptación parcial del recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados del asesinato de Julio César Mondragón. Lo anterior es producto, según los expertos, de la falta de motivación de los autos de consignación por parte del juez y a la falta de aportación de pruebas e información necesarias para fortalecer dichas consignaciones por parte de los instrumentos encargados de la impartición de justicia.
En segundo lugar, y tal vez el obstáculo más difícil a interpretación del panel de investigadores, es la evidente fragmentación interna del expediente y la investigación sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre. Prácticas como: la constante manía de la SEIDO por abrir averiguaciones previas, la duplicidad en el uso de los nombres para lugares diferentes, como en el caso de La Carnicería y las recientes detenciones, como las del Cabo Gil y Los Peques, las cuales han dado lugar a nuevas hipótesis en vista de las filtraciones de sus declaraciones, han hecho que se prácticamente imposible acceder a informaciones claves para el esclarecimiento del caso.
Es en el punto anterior, donde el GIEI manifestó su mayor preocupación, ya que las revelaciones públicas de las declaraciones de los detenidos, han generado una quinta versión de los hechos, en la cual solamente 17 normalistas habrían sido quemados en el basurero de Cocula. La advertencia de los expertos en este rubro fue muy clara: la PGR debe investigar el origen de las filtraciones, en vista de que no se trata de verdades constatadas y en muchos casos, lo publicado en los medios de comunicación no corresponde con las declaraciones de los detenidos, quienes en algunos casos se han reservado totalmente.
En otro orden de ideas y a pregunta expresa de los periodistas sobre la participación de militares en los eventos del 26 y 27 de septiembre, Francisco Cox destacó que el GIEI permanece firme en sus intenciones de entrevistar a los miembros del 27º Batallón de Infantería, así como de recopilar el material fotográfico y de video tomado por los elementos castrenses en la noche en cuestión. Sin embargo, hasta el momento, la PGR no ha procedido con la entrega del expediente, ni con la autorización de la toma declaraciones, aún con personal de la Procuraduría presente.
Por último, los expertos reiteraron que la investigación se encuentra en un momento determinante, gracias a la creación de espacios de confianza entre el Estado y las víctimas y el avance en las líneas de búsqueda. No obstante, de los grandes esfuerzos de terceros por cuestionar el contenido del informe presentado el pasado 6 de septiembre, así como a los miembros del Grupo Interdisciplinario con argumentos trillados utilizados con anterioridad contra defensores de derechos humanos.
La conferencia de prensa culminó con la esperanza de una mayor apertura del Estado, para así superar los obstáculos señalados con anterioridad y poder fortalecer las prácticas que contribuirán no solo a esclarecer el caso, sino también a combatir la impunidad.
La PGR se defiende
Posterior a la conferencia de prensa realizada por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes, la PGR emitió un comunicado de prensa en el cual la institución reafirma su compromiso con la investigación exhaustiva de los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como a la sanción efectiva de los responsables.
De la misma manera, el comunicado aclara los siguientes puntos:
- El traslado de la averiguación previa (integrada en ese momento por 154 tomos y en la que se acumularon 12 averiguaciones previas: PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, 824/2014, 825/2014, 849/2014, 874/2014, 918/2014, 871/2014, 895/2014, 785/2013, 853/2014, 917/2014 y 1017/2014) del ámbito de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la nueva Oficina de Investigación creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos ocurrió a un mes del anuncio público y a una semana de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera prorrogar el mandato del GIEI. Cabe mencionar que desde el 7 de noviembre de 2015 el GIEI ha accedido al expediente en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
- La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo. La SEIDO tiene la obligación de investigar lo que le autoriza la ley en el marco de su competencia.
- En observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
- La PGR reitera que la indagatoria se encuentra abierta; cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución.
- La consignación de los 22 policías señalados por el GIEI, fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común. Sin embargo la PGR ha dado seguimiento al juicio de Amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.
- Es necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran.
- La PGR brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.
- Es de destacar que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos.
- De igual manera, es importante aclarar que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago, forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.
- La PGR reitera su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que ha instruido al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.
- La autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
- La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención.
Angel Silva Juárez
@Usul16
Estado Mayor MX