Sucedió en la prisión militar

Prisión Militar. Foto: EspecialUn homicidio en día de visita familiar en la prisión castrense del Campo Militar uno de la Ciudad de México, se convirtió en un botón de muestra de los lastres que arrastra el llamado “fuero de guerra” en el país. El tema del respeto a los derechos humanos de los militares sujetos a juicio, la readaptación social, y las garantías a procesos penales equitativos, volvió a instalarse al iniciar el 2016 como parte de la agenda pública que tiene que ver con la vida interna de las fuerzas armadas.

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México, 25 de enero.- Los mitos sobre las últimas pruebas para graduarse en el curso de fuerzas especiales son amplios y variados. Todos tienen un factor en común. Más allá de la resistencia física, motivo de relatos que exaltan la épica, la resistencia mental para no perder la cordura, termina por ser quizá de lo que menos se habla.

Hay quien dice que matar una gallina a mordidas, como requisito para graduarse en el curso de operaciones en la jungla en los años 80 en la Escuela de las Américas, cuando su sede estaba en Panamá, era una de las “pruebas” que buscaban poner a prueba la resistencia y sangre fría de los soldados. Otros referían sobre los requisitos que deberían cubrir los alumnos de la escuela de fuerzas especiales del ejército guatemalteco. Durante varios días debían aguantar sin comer, alimentándose de lo que encontrara en la selva, como parte de la preparación del curso kaibil.

José Javier Acosta Piñones realizaba hace unos meses el curso básico de fuerzas especiales, cuando con un arma punzocortante privó de la vida al sargento que estaba al mando de su pelotón. El cabo de infantería Acosta Piñones quedó detenido y fue consignado a la prisión militar de la Mojonera, en las instalaciones de la 15 zona militar en Guadalajara, Jalisco.

Hace unas semanas fue trasladado a la ciudad de México y recluido en la prisión del Campo Militar número uno. Las autoridades penitenciarias pasaron por alto si había o no un diagnóstico de sus condiciones mentales, dice un oficial de justicia militar que solicitó el anonimato, y lo mezclaron con el resto de la población. De manera aparente no existía mayor problema.

La tarde del domingo 17 de enero algo pasó en el comedor de la cárcel militar en la ciudad de México. Cuando el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otañez se encontraba en el lugar, fue atacado con una “punta” por su colega Acosta Piñones. Como era día de visita familiar, algunos civiles que suelen ingresar para convivir con sus parientes empezaban a retirarse, la especie trascendió más allá de los muros de roca y concreto que circundan el penal.

—De un tajo lo asesinó cuando se encontraban en el comedor del penal—, dicen un par de familiares de internos que conocieron de primera mano el suceso. Acosta Piñones fue acusado de homicidio, el segundo por el que es procesado, y su caso quedó radicado en el juzgado segundo militar. De las circunstancias que lo orillaron a privar de la vida a su compañero en prisión, del diagnóstico con el que ingresó al penal y las razones de su traslado de Guadalajara a la ciudad de México, poco se ha conocido en tribunales militares.

Más que los asesinatos y riñas, algo que ocurre en cualquier penal del país incluidos los castrenses, lo que los civiles familiares de internos cuestionaron fueron las condiciones como funciona la llamada readaptación social en el fuero de guerra.

De nuevo a las calles

Las condiciones de los militares sujetos a juicio y trasladados a penales federales en octubre pasado, volvió a ser tema de protesta hace unos días en la ciudad de México. La tarde del viernes 15 de enero un grupo no mayor a un centenar de personas, compuesto por militares retirados y familiares de internos sujetos a juicio, se manifestaron a las afueras del centro comercial plaza Sedena, en la zona aledaña al Campo Militar uno y al edificio de la secretaría de la Defensa Nacional. Con pancartas y cartulinas exigieron al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, “el inmediato retorno a prisiones castrenses de los militares procesados” y que en la actualidad están recluidos en diferentes penales federales.

“Los manifestantes demandaron se dé marcha atrás a ese traslado masivo de militares que afecta a casi cien familias al dejarlos imposibilitados por cuestiones económicas a visitarlos, asimismo esa medida los deja en estado de indefensión jurídica al mantenerlos alejados de los lugares en donde se desahogan sus causas penales y radican sus abogados, defensores de oficio militares, que desde que fueron trasladados no han podido contactar ni siquiera por teléfono debido a las restricciones de esos penales federales”, comentó uno de los manifestantes.

La protesta fue encabezada por la abogada Ana Lucia Zavala Rodríguez, presidenta de la Organización Humanista Por el Progreso Social (OHPS) A.C. y por el general retirado Samuel Lara Villa, dirigente de la Federación de Militares Retirados (FEMIRAC) A.C. Otras de las demandas que expusieron fueron que se realizaran procesos penales justos para todos los procesados de origen militar, tanto en el fuero de guerra con el civil, con respeto a sus garantías de procesados, como la presunción de inocencia. Exigieron que cesara la dilación sistemática en la presentación de testigos militares por parte de la Sedena, lo que repercute en el retraso por meses y años de los procesos en contra de los internos sujetos a juicio.

Zavala Rodríguez recordó que el pasado 28 de octubre del 2015 entregaron una petición por escrito al general secretario para que se revirtiera la situación de los traslados. Al no existir respuesta el pasado 11 de diciembre enviaron un escrito a Enrique Peña Nieto, presidente de la República y Comandante Supremo de las fuerzas armadas, para que interviniera en el asunto.

Resulta contradictorio, dijo Zavala Rodríguez, que mientras el general Cienfuegos de manera pública dice que no permitirá que a los soldados los traten como delincuentes, refiriéndose al caso Tlatlaya y otros de alto impacto mediático donde hay militares involucrados, y permita que militares en activo y sin sentencia en sus juicios, se encuentren recluidos en prisiones civiles.

La decisión se dio hace unos meses contra todos los militares procesados por delitos contra la salud, que se encontraban presos en los penales militares de Mazatlán, sede de la Tercera Región Militar; de la Mojonera, en Zapopan, Jalisco, y el Campo Militar uno en la Ciudad de México.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor MX

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