México, 1 de agosto (Reporte Indigo).- No causó sorpresa, pero sí indignación en los círculos militares, la consignación del general Tomás Ángeles Dauahare.
Era de esperarse que el gobierno, y sobre todo el guionista que lo metió en esto, pagara el precio necesario para no hacer el ridículo de decirle: “Usted disculpe”, después de más de dos meses de arraigo.
Pero está claro que, en fondo y forma, el proceso está viciado, desaseado, por decir lo menos. Es innegable el tufo de una agenda muy personal de quien busca perpetuarse transexenalmente en el poder.
De fondo, por dar un ejemplo, se desestimaron pruebas irrefutables que daban fe de que en los días en que ocurrieron ciertos hechos imputables de un presunto delito, el presunto inculpado no estaba en México. Su pasaporte así lo acredita.
De forma, salvo que den pruebas muy contundentes en contrario, pareció una burla aquello de colocar en el boletín de la PGR a los generales –en especial a Ángeles Dauahare– junto con narcotraficantes como “La Barbie”, “El Indio”, “El Arquitecto” y “El Denis”.
Esperamos casi los 80 días de dos arraigos consecutivos para terminar diciendo, todavía sin detalles específicos, que serían consignados por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Ojalá que cuando den a conocer las indagatorias, por el bien de México y la sanidad de nuestras fuerzas militares, lo que se exponga tenga la contundencia suficiente para no dejar lugar a dudas.
No vaya a suceder que se repita el caso de otro general, Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue procesado en el año 2000 por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez, que lideraba Amado Carrillo.
Acosta Chaparro fue sentenciado en 2002 a 15 años de prisión. Pero cinco años después, tanto la PGR como la Procuraduría de Justicia Militar lo declararon inocente por no tener posibilidad de acreditar las acusaciones en su contra.
La reversa fue tal, que le devolvieron los grados militares que se le retiraron al sentenciarlo y se le designó militar ejemplar y patriota.
En este sexenio, Acosta Chaparro se convirtió en asesor confiable del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad y crimen organizado. Fue operador de las misiones más delicadas.
Pero después de dos intentonas, fue ejecutado en abril de este año por sicarios que cumplieron un contrato para alguien a quien le disgustaba la cercanía entre el general y Los Pinos.
En algo similar podría terminar el caso del general Tomás Ángeles Dauahare. Los que lograron su consignación buscaban tenerlo fuera de los reflectores políticos al menos hasta el cambio de sexenio.
No lo querían como posible secretario de Seguridad en la nueva administración. Ni siquiera lo aceptaban como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto.
Las alianzas inconfesables entre funcionarios de alto rango, tanto de Seguridad Pública federal como de la Defensa, acabaron por cocinar la “obsequiosa” consignación que seguramente será apelada. Como pasó con Acosta Chaparro.
Y sin duda será bajo la nueva administración cuando aquellos que en su momento se prestaron a la mascarada, terminen sometidos al escrutinio de sus cuestionadas acciones de hoy.
La intranquilidad que el caso inoculará en las fuerzas armadas obligará a limpiar lo que con tanto desaseo se manejó.
Aquellos que apostaron a que los guionistas mantendrían el poder, se darán cuenta de que fueron cooptados, seducidos o manipulados, y tendrán que pagar sus culpas.
Será entonces cuando recordarán el viejo adagio popular: “Los matanceros de hoy serán las reses de mañana”.
Hay sospechas de que es “fuego amigo”, o mejor dicho, “fuego muy amigo”. Veremos.
Ramón Alberto Garza
Opinión
Reporte Indigo